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Hernandez Valle, R. Los Principios Constitucionales .pdf



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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ESCUELA JUDICIAL

LOS
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES

RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE

JUNIO 1992

CORTE SUPREMA DE JUSTJCIA
ESCUELA JUDICIAL

LOS
PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES

RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE

JUNIO 1992

INTRODUCCIÓN
Esta pequeña publicación recoge tres charlas que dicté en la
Escuela Judicial, en octubre de 1991, en un curso sobre la Jurisdicción
Constitucional, dirigido a jueces mixtos.
Los tres temas son de gran importancia para los aficionados
al Derecho Constitucional, pues se refieren a temas claves y sobre
los que, desgraciadamente, existe poca literatura, especialmente en
lengua española.
El relativo a los Poderes del Juez Constitucional, que es el
más amplio de los tres, constituye hoy día, sin duda alguna, el tema
central de la Justicia Constitucional, pues en última instancia se
refiere a los poderes del juez constitucional frente a los órganos
estatales que tienen un origen democrático.
En el futuro cercano espero poder ampliarlos con mayores
detalles y, sobre todo, con ilustración de jurisprudencia de la Sala
Constitucional.

17 abril 1992

El Autor

Los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y
TIPOLOGÍA

Los principios constitucionales suelen definirse como
"las ideas fundamentales sobre la organización jurídica de
una comunidad, emanadas de la conciencia social, que
cumplen funciones fundamentadora, interpretativa y supletoria respecto de su total ordenamiento juridico" (Arce y
Rores-Valdez, Joaquín, "Los principios generales del Derecho y su formulación constitucional", Madrid, 1990, pág.
79).
Debido a que no se articulan en disposiciones positivas, los principios constitucionales se manifiestan juridicamente como normas no escritas que forman parte del bloque
de constitucionalidad.
En consecuencia, tales principios no tratan de establecer unos elementos complementarios de interpretación ni
simples criterios programáticos, sino de introducir, por vía
preceptiva, los más generales principios que los ciudadanos
y todos los poderes públicos están obligados a obedecer.
En otras palabras, están dotados de la misma normatividad que las disposiciones formales contenidas en la
Carta Política.
Por otra parte y dado que de eUos se pueden derivar
tanto potestades en favor del Estado como derechos subjetivos en beneficio de los admiiüstrados, su eventual violación puede ser impugnada a través de los diferentes proce-

sos constitucionales (babeas corpus, amparo, inconstitucionalidad).
Existen tres tipos de principios constitucionales: 1) los
institucionales; 2) los que se derivan a la interpretación
armónica de dos o más normas constitucionales y 3) los
implícitos o presupuestos por la legislación ordinaria.
II-

LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Los denominados principios institucionales constituyen las fuentes supremas del ordenamiento y, por consiguiente, se encuadran dentro de una categoría típica de
bechos normativos.
Tales fuentes se manifiestan no en actos que expresan
una voluntad normativa, sino más bien en opiniones y
convicciones. Por ejemplo, la convicción sobre la existencia
misma de los elementos y caracteres idóneos para individualizar al Estado y, por lo tanto, su ordenamiento; sobre la
necesidad de interpretar éste último según los cánones de la
gramática y de la lógica; sobre la necesidad de reconocer a la
autoridad constituida, etc.
Estas convicciones pueden resultar, en parte generales
y en parte también sólo dominantes, por ser propias de
clases y categorías particulares de personas. Así, por ejemplo, entre las primeras podemos incluir la opinión en torno
a algunos criterios fundamentales de interpretación de las
normas jurídicas, que dan precisamente origen a ciertos
principios esenciales en toda sociedad, sin los cuales las
demás fuentes normativas positivas y todo el ordenamiento
jurídico estatal se verían incapacitados para desarrollar sus
funciones características.
En la segunda categoría se pueden incluir algunas
opiniones de carácter más propiamente doctrinario. Por
ejemplo, aquella según la cual se debe considerar legítimo
cualquier gobierno que logre concretamente imponerse en el
seno de una determinada sociedad estatal (el llamado prin-

cipio de efectividad); lo mismo que aquellos otros de carácter histórico y político sobre los que se encuentra estructurado el ordenamiento constitucional. Verbigracia, los principios políticos de la división de poderes, de la soberanía
popular, de la representación política, etc, deben ser necesariamente considerados como principios vigentes con base en
un examen histórico-político de una determinada sociedad
estatal, independientemente del hecho de que se encuentren
consagrados en normas constitucionales expresas. Tales
principios son sumamente útües, por ejemplo, en momentos
en que se produce una ruptura del ordenamiento jurídico
vigente, como ocurrió durante los sucesos armados de 1948
en nuestro país, en que principios fundamentales, como el de
la continuidad del ordenamiento jurídico, el del respeto a la
dignidad de las personas, el del pluralismo político, etc, se
mantuvieron vigentes, no obstante que las normas positivas
que anteriormente los consagraban habían sido derogadas
expresamente por la Junta de Gobierno.
En resumen, las normas estructurales o principios
constitucionales de carácter institucional, abarcan tanto
aquellos principios jurídicos fundamentales como aquellos
otros de carácter histórico-político, que por ser aceptados de
manera pacífica y prácticamente unánime por toda la sociedad civil, se consideran como inmanentes o implícitos en el
ordenamiento constitucional, aunque no se encuentren
expresamente consagrados en él. Tales principios son los
que determinan la validez, formal y material, del ordenamiento jurídico y se consideran incorporados a éste como
normas no escritas.
Por ello, los principios implícitos o normas estructurales varian en cada ordenamiento, según los valores y
convicciones prevalecientes de la sociedad civil subyacente.
No obstante, lo importante, desde el punto de vista jurídico,
es que constituyen una fuente normativa, precisamente la
suprema del ordenamiento jurídico.
La Sala Constitucional ha tenido ocasión de reconocer
la existencia de este tipo de principios en nuestro ordena-


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