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Proceso 07.04.2019 .pdf


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Title: downmagaz.com
Author: downmagaz.com

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ÍNDICE / No. 2214 • 7 DE ABRIL DE 2019
25

La fractura de Morena en BC puede costarle
la gubernatura /Olga Aragón

DERECHOS HUMANOS

28

La condena de morir sin ser identificado
/Marcela Méndez

MIGRACIÓN

32
Foto de portada: Octavio Gómez

SOCIEDAD CIVIL

6

#MeToo depura estrategias para su nueva etapa
/Neldy San Martín

MEDIOS

10

Guerra por las audiencias y la publicidad.
Obús legal de INRA contra Radio Centro
/Álvaro Delgado

INFRAESTRUCTURA

14

Sedena y Sedatu ofrecen migajas a ejidatarios
de la zona de Santa Lucía /Neldy San Martín

POLÍTICA

20
23

HISTORIA

35

CISA / Comunicación e Información, SA de CV
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Salvador Corro Ortiz, Estela Franco Arroyo, José Palomec, Rafael
Rodríguez Castañeda, María Scherer Ibarra

semanario de información y análisis
DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García †
SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero †
DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda

La tierra natal de Zapata, con títulos históricos
pero fraccionada /Jaime Luis Brito

ANÁLISIS

40 Atrapados entre dos fronteras
/Olga Pellicer

41
42

Pirinola /Helguera

43

Descifrando a AMLO, el político
/Agustín Basave

45

El intelectual imperial
/Ricardo Raphael

46

TIEMPO FUERA Un jardín dentro de una llanta

El reportero y las víctimas
/Javier Sicilia

/Fabrizio Mejía Madrid

“Si el PRI no cambia, puede desaparecer”:
Moreno Cárdenas /José Gil Olmos
“De Presidencia”, la orden de no confrontar
a la CNTE /Jesusa Cervantes

Crisis migratoria de norte a sur
/Mathieu Tourliere

INTERNACIONAL

48

VENEZUELA Los símbolos de la crisis madurista
/Rafael Croda

REPORTEROS: Carlos Acosta, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia
Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Sara Pantoja, Arturo Rodríguez, Mathieu
Tourliere, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara
CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;
Gua na jua to: Ve ró ni ca Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Gloria Reza,
Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla,
María Gabriela Hernández; Tabasco, Armando Guzmán; Veracruz, Noé Zavaleta
INTERNACIONAL: Hugo Martínez, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel
CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Columba Vértiz de la Fuente, reporteras; Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela
Leñero Franco, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco , Alberto Paredes, Raquel Tibol , Florence Toussaint; cultura@proceso.com.mx
ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx

SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN: Homero Campa

DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera

FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga,
Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda, Alejandro Saldívar; asistente, Aurora Trejo;
auxiliares, Violeta Melo, Raúl Pérez

ASESOR DE LA DIRECCIÓN : Jorge Carrasco
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: Luis Ángel Cruz
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila
COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda

AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez

EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Jaime Contreras,
Tomás Domínguez, Hugo Martínez

CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Vicente Anaya, Daniel González,
Patricia Posadas

ANÁLISIS: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Denise Dresser, Marta Lamas, Fabrizio Mejía Madrid,
Olga Pellicer, Javier Sicilia, Ernesto Villanueva; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo ,
Rocha
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García,

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53
55

58
61

“Windrush” /Leonardo Boix

/Estela Leñero Franco

ISRAEL La batalla de los Benjamines
/Témoris Grecko

CINE Las niñas bien /Javier Betancourt
TELEVISIÓN Malintzin /Florence Toussaint

ENSAYO

MEDIOS PÚBLICOS

En defensa de la administración pública
/José Ramón Cossío Díaz

Símbolo del pueblo que sí quiso cambiar
/Judith Amador Tello

70

Estro Armónico /Samuel Máynez Champion

PÁGINAS DE CRÍTICA
ARTE Con F de Fox en el complejo Chapultepec
/Blanca González Rosas

DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila,
Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro

El IMER arranca tarde: Primero, los rezagos
/Niza Rivera

ESPECTÁCULOS

76

Zapata, une a 100 caricaturistas
/Roberto Ponce

67

70

74

Secuelas de la conquista de México. Los
procesos de aculturación /Jorge Sánchez Cordero

CULTURA

64

TEATRO Pony y la metáfora de la esperanza

GRAN BRETAÑA El Brexit reeditará el caso

Vega-Gil en el recuerdo de Lalo Barajas
/Roberto Ponce

DEPORTES

78
81
82

Inversión mexicana para levantar equipos
de España, Chile y Argentina /Alejandro Gutiérrez,
Francisco Marín y Francisco Olaso

PALABRA DE LECTOR
MONO SAPIENS / Los animalitos de la 4T
/Helguera y Hernández

agencia proceso de información
EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editoras: Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087

COMERCIALIZACIÓN: Margarita Carreón, gerente. Tel. 5636-2063.
PUBLICIDAD: Lucero García. Tel 5636-2077 / 2062. Rubén Báez, Norma Cervantes.
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CIRCULACIÓN: Mauricio Ramírez. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Gisela Mares,
Fernando Polo, José Quintero, Andrés Velázquez.
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro,
Betzabe Estrada, Javier Venegas
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CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000
FAX: 5636-2055, Palabra de Lector; 5636-2086, Redacción.
AÑO 42, No. 2214, 7 DE ABRIL DE 2019
IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF

agencia de fotografía
EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx
Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017

EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Carlos Olvera, coeditor; Tel. 5636-2010.
Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión
Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una
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Suscripciones en CDMX y Zona Metropolitana: Un año $1,560.00, 6 meses $890.00; Guadalajara,
Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año $1,750.00, 6 meses $1,000.00. Ejemplares atrasados: $55.00.

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2009
Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier1709
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foagosto
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o in
forma5
ción
publicados sin autorización expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular
de todos los derechos.

#MeTooMx depura

estrategias
para su nueva etapa

El suicidio del bajista Armando Vega-Gil, el lunes pasado, desató una crisis. La red social de Twitter se
convirtió en una arena despiadada donde se lanzaron
mensajes de odio a favor y en contra de #MeTooMx,
al que se responsabilizó de la muerte del músico.
Periodistas Unidad Mexicanas, la red impulsora del
movimiento –creado para denunciar agresiones sexuales– dice a este semanario que se replantearán
los protocolos de denuncia y se buscará asesoría con
abogadas y organizaciones civiles, para que los casos de violencia contra las mujeres sean atendidos
apropiadamente por la justicia.
6

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

NELDY SAN MARTÍN

E

l viernes 5 Priscila Alvarado
no entró a clases. Se quedó
en la entrada de su universidad, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García,
acompañada por algunos de
sus compañeros y su madre, Patricia
Alvarado, para hacer público que presuntamente fue acosada por el director académico de la institución, Enrique
Mandujano.
Hace dos años este maestro comenzó
una amistad con ella, como con muchas
otras alumnas; era su costumbre generación tras generación. Priscila asegura que
los mensajes de texto que solía enviarle
subieron de tono.
“Es la parte que más me ha lapidado
últimamente. El primer mensaje inten-

Octavio Gómez

S OC I E DA D C IV IL
cionado que respondí fue un simple: ‘Eres
muy guapa e inteligente, me gustas’. Me
quedé pasmada unos segundos. No sabía
qué hacer. El director académico, Enrique
Mandujano, la vaca sagrada de la escuela, el gran periodista, uno de los mejores
profesores, me estaba coqueteando. Yo le
gustaba. ¡Maldita sea!, ¿por qué yo?”, leyó
Priscila con la voz entrecortada.
Priscila narró que respondió los mensajes de manera evasiva, entre sentimientos de culpa y sin saber cómo frenarlo. Los
mensajes eran más halagadores, más inquietantes. El maestro la invitaba a salir,
a tomar cerveza. Ella dijo que nunca aceptó, pero que un día de noviembre de 2017,
cuando cumplió 23 años, Mandujano la citó en su oficina para regalarle unos libros
y la besó contra su voluntad.
Contó que salió de la oficina y se lavó
la cara y la boca con jabón. Decidió no tener más contacto con él y guardó silencio.
Sentía que era su culpa, que ella lo había
provocado y que nadie iba a creerle.
El año pasado denunció ante las autoridades de la escuela el presunto acoso
y abuso que sufrió de quien era el director académico de la institución. El Comité de Ética de la universidad le ofreció un
protocolo para investigar el caso, con base
en el cual iban a carearla con el supuesto
agresor. Ella rechazó el protocolo y el tema quedó archivado. “Era su versión contra la mía. Ellos no me creían”, afirma Priscila en entrevista.
Cuando el movimiento #MeToo tomó

fuerza en las redes sociales, Priscila hizo
público su caso en #MeTooAcadémicos y
#MeTooPeriodistas. El jueves 4 el #MeToo
tuvo consecuencias en la Carlos Septién:
Mandujano fue separado de su cargo.
“Yo no me levanté un día queriendo
arruinarle la vida a alguien. Lo que menos
quería en la vida era estar en esta situación y verme obligada a denunciar y que
una persona tenga que perder su trabajo
para que no pueda seguir haciendo daño”,
refiere Priscila.
Proceso buscó la versión de Mandujano, quien negó los hechos, no quiso dar
más detalles y anunció que preparará su
defensa para demostrar su inocencia.
La noche del viernes 5 exalumnos de
la Carlos Septién publicaron un pronunciamiento en apoyo a Mandujano y exigieron una investigación exhaustiva.
“Pedimos a nuestra institución, y por
supuesto a las autoridades correspondientes que tengan que intervenir, que el
caso sea investigado a profundidad y de
manera justa para los involucrados.”

Revés
El lunes 1 el movimiento que tomó por asalto Twitter se tambaleó tras el suicidio de Armando Vega-Gil, bajista del grupo de rock
Botellita de Jerez, luego de ser señalado por
el presunto acoso sexual al que sometió a
una menor de edad, en un mensaje anónimo publicado en el @MeTooMusicamx.
Entre una ola de tuits que llamaban a la
reflexión, también se lanzaron decenas de
mensajes de odio en contra del movimiento y en su defensa, y se gestó un encendido debate sobre si era válido el anonimato
y si no se habrían cometido excesos y linchamientos mediáticos. Las redes sociales
se polarizaron. Hubo quienes acusaron al
#MeToo del suicidio de Vega-Gil, pese a que
en su carta de despedida, en la que se declara inocente, pidió no culpar a nadie: “Es
un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre pensada”.
En las horas que siguieron a la muerte del músico la cuenta de @MeTooMusicamx fue dada de baja. En un comunicado, sus administradoras explicaron que
ello fue en respuesta a una serie de ataques cibernéticos. Rechazaron que se les
responsabilizara de la tragedia: “El suicidio de Armando Vega-Gil es responsabilidad de Armando Vega-Gil”.
Finalmente, el miércoles 3, #MeTooMusicosMexicanos anunció su cierre. “Lamentamos profundamente el suicidio de
Armando Vega-Gil. Nuestra reacción inicial no fue la adecuada y por ello extendemos una disculpa honesta a todos sus
allegados. Jamás incitamos a alguien a hacerse daño ni a acabar con su vida en lugar de afrontar los hechos con las autoridades”, se lee en el comunicado final.
2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

7

La indignación femenil toma la calle

Segundo aire

8

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

Octavio Gómez

En esos días en los que desde algunas
cuentas de redes sociales se auguraba el
fin del #MeToo y desde otras se urgía a su
continuidad, algunos #MeToo replantearon acciones y buscaron darles la vuelta
a las críticas.
El #MeTooEscritoresMexicanos anunció que un grupo de mujeres anónimas
que trabajan en el sector cultural habían
decidido organizarse alrededor de “un acto de disidencia colectiva frente a la normalización de la violencia” bajo el nombre
de #MujeresJuntasMarabunta.
“Deseamos que los días difíciles que
han seguido a los señalamientos sacudan
a la sociedad, no para crear un nuevo estigma contra nosotras, que sólo repetiría
los ciclos de violencia, sino como una posibilidad de cambio”, señalaron en un comunicado fechado el miércoles 3.
#MujeresJuntasMarabunta lanzó un
pronunciamiento con 10 exigencias a las
editoriales y los espacios culturales públicos, privados o autogestivos, a fin de que
“hagan un compromiso para revertir las
violencias machistas a través de acciones
concretas”.
“¿Qué tal si las grandes editoriales
como Penguin Random House y Planeta
abren un comité de ética de Recursos Humanos que atienda las denuncias de acoso imparcialmente?”, manifestaron.
Entre otras peticiones, llamaron a que
escritores y agentes culturales hicieran
“un autoanálisis” de sus violencias y que
se ofrezcan talleres y cursos con perspectiva de género. Dijeron que mantendrían
su cuenta de Twitter para seguir recibiendo denuncias y aseguraron que son acusaciones confidenciales y no anónimas.

En una revisión que hizo Proceso a la
cuenta #MeTooEscritoresMexicanos encontró que hasta el jueves 4 se habían
publicado 168 denuncias: 92 de acoso
sexual, 22 de relaciones tóxicas, 18 de violación, 10 de hostigamiento, ocho de violencia física, siete sin más sustento que
la acusación de “es un acosador”, siete
de relaciones sexuales consensuadas que
terminaron mal por una actitud machista
y cuatro de intento de violación. De ellas
156 fueron confidenciales.
La red de Periodistas Unidad Mexicanas (PUM), creada por 20 comunicadoras
a inicios de 2019 para exhibir el fenómeno
del acoso en los medios, y que reaccionó

Lamas. Contra los abusos

al movimiento con el #MeTooPeriodistas,
organiza también sus pasos siguientes.
En entrevista con Proceso, una de las
fundadoras –a condición del anonimato,
por seguridad y temor a una sanción en
su trabajo– informa que están articulando
una red con abogadas y organizaciones civiles a fin de asesorar a las denunciantes.
“Vamos a entregar un informe exhaustivo de las denuncias que nos llegaron, midiéndolas muy bien por el tipo de
violencia, y si algunas ameritan abrir una
carpeta de investigación, tocar las puertas
de la justicia”, apunta la vocera de PUM.
“Con esos datos vamos a decirle a las
empresas: ‘Oye, tienes aquí ocho casos,
¿qué has hecho?’”, puntualiza.
De las 312 denuncias que recibieron,
242 fueron publicadas y 70 rechazadas
por no cumplir con sus lineamientos, como que “provenían de cuentas no verificables, describían casos de acoso laboral sin
intenciones sexuales o no se enmarcaban
en espacios laborales”. De esas, 192 fueron de acoso, hostigamiento u otro tipo de
agresión sexual.
Ante los señalamientos a las denuncias anónimas, PUM también respondió
que sus publicaciones eran confidenciales, pues afirmó que sus integrantes conocen “la identidad de quienes tuvieron el
valor de hacer público su caso”.
La semana pasada este grupo reforzó
la seguridad de sus cuentas de redes sociales y todos los días cambió sus contraseñas. Los rumores de intento de hackeo
para sustraer la información de las denunciantes las llevó a extremar medidas.
Crearon respaldos de datos en memorias
extraíbles y discos duros externos y borraron toda la información de las cuentas.
La vocera de PUM dice que el colectivo
había pensado cerrar la página este fin de
semana, pero ante los pronunciamientos
en redes sociales para que el movimiento continúe decidieron dejar este canal
abierto un tiempo más.
Entre tanto, el #MeTooCreativos se
unió a #MeTooAgencias para concentrar en una sola cuenta las denuncias del
mundo de la publicidad.
“Esto no pensamos que se pueda morir fácilmente, porque los casos que hemos recibido son muy serios. Se trata de
casos de abuso de poder en los que, según los datos que recibimos, en 66% involucran a directores, CEO, productores y
maestros”, señala una de las integrantes
del colectivo #MeTooAgencias a condición
del anonimato.
“Lo que vemos es que de las 111 agresiones que publicamos en #MeTooCreativos, en 78 casos han sido dentro de la oficina, lo que nos dice que es un ambiente
hostil para las mujeres diseñadoras. De
esos 111 denunciados, nueve fueron llevados a Recursos Humanos y sólo uno fue

S OC I E DA D C IV IL
una sanción y fue de dos semanas”,
agrega.
En este contexto varios de los
#MeToo surgidos en las últimas semanas han exigido a las autoridades que investiguen las denuncias,
y a las empresas a que establezcan
protocolos para prevenir estos casos. Hasta ahora, sólo la Fiscalía de
Michoacán se ha manifestado al respecto, con la promesa de investigar
las denuncias vertidas en redes. A
su vez, el presidente Andrés Manuel
López Obrador instruyó al Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres)
a acompañar los casos y dar atención a las víctimas.
El Inmujeres, que hasta ese momento había guardado silencio, informó
que puso a disposición de instancias públicas y privadas el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento
y Acoso Sexual, para que exista un mecanismo dentro de las instituciones a fin de
que las mujeres agredidas cuenten con una
herramienta administrativa y legal.
El Inmujeres condenó los actos de violencia sexual y exhortó a las víctimas a
poner demandas ante las autoridades para dar paso a investigaciones, sancionar a

los agresores y reparar el daño causado, y
para que esos hechos no se repitan.
Las estadísticas muestran que las víctimas de estos delitos no interponen denuncias. De 2015 a 2019 se han denunciado 7 mil 251 casos de acoso sexual y 4 mil
216 de hostigamiento sexual, según cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Hay algunos abusos que sí se podrían
detener si hubiera menos vulnerabilidad,
si se sintieran más acompañadas por la

institución, por las autoridades”, dice la doctora y feminista Marta Lamas en entrevista con Proceso.
El reto, no para el #MeToo sino para el Estado y la sociedad, es crear entornos seguros para las mujeres. La
antropóloga cree que uno de los principales triunfos del movimiento es la
conscientización social en torno a la
violencia de género, pero aseguró que
esto se tiene que hacer respetando el
debido proceso.
“La conversación debe seguir. No
creo que se agote, creo que va a estar
muy viva los próximos meses”, señala.
“Cuando hay un estallido, una
erupción como ésta, salen cosas buenas y otras que no son tan buenas; pero
yo creo que el punto ahora es ver cómo focalizamos esa rabia para que sea más productiva y que llegue a lo que todas las personas queremos, que es acabar con estas
prácticas, y para acabar con estas prácticas
es importante la reflexión y mirar qué han
hecho otras sociedades”, añade.
Los diferentes #MeToo en México han
comenzado también a dialogar entre sí –al
menos el de escritores, periodistas y creativos–, y no descartan unirse próximamente para realizar acciones conjuntas.

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

9

Benjamín Flores

Alejandro Saldívar

La guerra por las audiencias y el pastel publicitario en radio ya
tomó cauce legal. El detonante: la entrevista de Proceso (No. 2213)
con Juan Aguirre Abdó, director de Grupo Radio Centro, quien acusó
a INRA de beneficiar en sus mediciones a los noticiarios de Radio
Fórmula en detrimento de los producidos por su empresa. Ahora,
Luis Mercader, director de INRA, anuncia a este semanario que interpuso una demanda contra la compañía de Aguirre.

Guerra por las audiencias y la publicidad

Obús legal
de INRA contra Radio Centro
Luis Mercader y Francisco Aguirre

10

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

ME DI OS

¡

ÁLVARO DELGADO



Si alguien empieza a difamar le
tenemos que callar la boca!”, exclama Luis Mercader, director de
la empresa INRA, quien ya demandó por difamación y daño
moral al presidente y al director
del Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre
Gómez y Juan Aguirre Abdó, por acusarlo de
corrupción en la medición de audiencias de
los noticiarios radiofónicos presuntamente
para beneficiar a Grupo Radio Fórmula.
Indignado, Mercader advierte que está
obligado a responder judicialmente a las
imputaciones de los directivos del Grupo
Radio Centro: “Aunque los señores Aguirre
crean que pueden decir lo que quieran y
como quieran, hay veces que no se puede”.
Y el estado de derecho existe, afirma,
para sancionar a quienes acusan sin pruebas: “A ver, si dices eso, demuéstralo. Si no
lo demuestras estás difamando, y si estás
difamando estás cometiendo un delito.
Así se simple”.
La decisión de Mercader de ir a los tribunales contra los Aguirre la tomó tras la
entrevista de Proceso con Aguirre Abdó,
quien afirmó que INRA beneficia deliberadamente en sus mediciones a los noticiarios de Radio Fórmula en detrimento de los
de Radio Centro, en particular los de Carmen Aristegui y Julio Hernández López.
“Nosotros no podemos permitir que el
señor esté difamándonos, yendo sin ton
ni son en contra de nuestra imagen”, añade el empresario, puesto bajo escrutinio
por los Aguirre, a su vez criticados por Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga y Óscar
Mario Beteta, entre otros conductores de
Radio Fórmula.
Mercader cita las expresiones de Aguirre Abdó en la entrevista con el reportero
publicada la semana pasada, sobre todo el
diálogo en el que el directivo asegura que
INRA favorece a Radio Fórmula porque su
relación “va más allá de ser suscriptor”.
“–¿A qué se refiere como ‘más allá’?
“–A que hay una colusión de algún tipo
para favorecer a los noticiarios de Radio
Fórmula.
“–¿Deliberadamente manipula los
resultados?
“–¡Sí, por supuesto, claro que sí,
abiertamente!
“–¿Es una forma de corrupción?
“–Sí, es una forma de corrupción, normalizada desde hace años por ambas empresas.
Es hora de terminar con esa simulación.”
Mercader responde: “¿De dónde saca él
que desde hace años tenemos colusión con
Radio Fórmula? ¡Que lo pruebe! Si nadie
oye a Ciro Gómez Leyva, nadie oye a Carmen tampoco, ni nadie oye a Beteta, ni nadie oye a W Radio ni a Carlos Loret de Mola”.
Y ante el emplazamiento de los Aguirre de someterse a una auditoría indepen-

diente para verificar sus mediciones, que
chocan con las de Ipsos, la empresa que
trabaja para Grupo Radio Centro y coloca
a Aristegui como la líder en la radio, insiste en que INRA ha sido auditada y trabaja
profesionalmente.
“Los radiodifusores son terribles, en el
sentido de que les interesa mucho su programación y que invierten mucho dinero
en los conductores. El día en que cualquiera de ellos descubra que nosotos estamos
manipulando, dándole más o menos a
otro, nos crucifican.”

Vamos a tribunales: Aguirre
Con sus declaraciones a Proceso, Aguirre Abdó sacudió al sector de la radiofusión de México. INRA, acusó, adultera sus
mediciones de audiencia y a eso obedece, dijo, que las cifras obtenidas por Ipsos
sean tan diferentes.
El ejemplo más claro de ello, aseguró,
es que el noticiario matutino de Aristegui
está en primer lugar de audiencia, según
Ipsos, pero INRA la coloca en el lugar 23 y
le asigna el liderazgo a Gómez Leyva, Beteta y López-Dóriga.
Ocurre lo mismo con los noticiarios que conduce Julio Hernández en Radio Centro, que INRA coloca en el lugar
29, pero Ipsos ubica en el tercer lugar y a
aquél en el sitio número 16. “En realidad
un periodista sin antecedentes en radio le
está metiendo una goliza, en términos de
audiencia, a López Dóriga”, aseguró.
Enterado por el reportero de las demandas por daño moral y difamación
contra él y su padre, quienes no habían
sido notificados de ellas hasta el viernes
4, Aguirre Abdó responde a Mercader:
“Será muy placentero poder acreditar
ante los tribunales la verdad de nuestros
dichos, sería histórico para la industria de
radiodifusión en nuestro país.”
La demanda de Mercader contra Aguirre Gómez, el presidente del Grupo Radio
Centro, tiene como antecedente la acusación que hizo en mayo de 2018 contra
INRA en el sentido de que era “una empresa corrupta”, porque recibe dinero de Radio Fórmula y Radio Mil, como aseguró en
entrevista con Aristegui.
–¿Corrupta porque hace manipulaciones? –preguntó ella.
–Porque recibe dinero de los radiodifusores que se dejan.
–¿INRA recibe dinero de Fórmula y Radio Mil?
–A mí me han pedido dinero a través de
directores artísticos, a través de gerentes y
directores. Es vox populi en toda la República y en la Ciudad de México. Es (INRA) una
institución corrupta y desprestigiada.
La acusación se originó después de que
Grupo ACIR, Imagen Radio, MVS, NRM Comunicaciones, Televisa Radio y Grupo Ra-

diofórmula  acusaron, en un desplegado,
que Radio Centro, a través de su locutor Antonio Esquinca, ofreció dinero en efectivo
“por contestar favorablemente encuestas de
audiencias de radio… recalcando que entre
más escriban en esos diarios que escuchan
dicha emisora, más dinero recibirán”.
Mercader recuerda esa acusación de
Aguirre en su contra y también la acción
que dio lugar al desplegado de los competidores de Radio Centro, porque se pagaba
dinero para elevar la audiencia de manera
artificial medida por Nielsen e IBOPE, que
trabajaban para Radio Centro.
“Eso se llama corrupción –rebate–. Eso
se llama un factor exógeno que incide en
la medición de audiencias en una investigación. Eso se llama tener poca ética. Y
ellos lo hicieron.”
Dedicado al estudio de las audiencias
desde hace 30 años y accionista de INRA
desde 1985, Mercader dice que los Aguirre están molestos porque pensaban que,
al contratar a Aristegui, de inmediato sería la líder de audiencia, pero la colocaron
en una estación que era musical y juvenil,
para volverla hablada y de noticias.
“Ellos arrancan con Carmen Aristegui
en 97.7, y esperan resultados inmediatos.
El radio es un hábito. El hábito es algo que
se establece con el tiempo, no en un mes o
dos meses”, subraya.
El problema, además, es que “Carmen
compite con la propia Carmen”, porque
ella ya tenía mucho tiempo en internet y
sus oyentes no migran a la radio, menos
cuando pueden escucharla a la hora que
quieren y sin espacios comerciales.
–¿Eso explica que los resultados que
ellos esperaban tener casi de inmediato
resultaran ser distintos?
–Claro. De hecho nosotros estamos revisando los estudios de febrero y hemos
visto que Carmen aumentó rápidamente: del 25 anda en el 19 (en rating). Aumentó seis lugares de un mes a otro. Pero tiene
cinco meses.
–Y no se muda el auditorio habituado
a escucharla en internet a sintonizarla en
la radio.
–Exactamente. Difícilmente el que ya
la había sintonizado en internet se va ir a
radio, porque internet tiene ventajas. En
la radio te circunscribes a un horario, y la
otra es que ese horario es el más competitivo de todos: hay alrededor de 35 noticiarios distintos.
“Entonces si yo pongo un noticiario
en una estación juvenil y quiero que al siguiente mes o dos meses ya esté en primer
lugar, eso no se lo cree ni él (Aguirre Gómez). Es imposible.”
Sin embargo, después de que Aristegui
inició su noticiario en esa estación en octubre, ya está en los primeros lugares de audiencia, según el propio Mercader, quien
aclara que hay varias medidas, entre ellas
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11

Miguel Dimayuga

Aristegui y Góm
ez Leyva,

el rating, que es el porcentaje de audiencia,
y el “alcance”, que son las personas se expusieron al medio por lo menos una vez en
un periodo de tiempo determinado.
Interrogado sobre cuántas personas escuchan a los principales conductores matutinos de noticias en el Valle de México,
las cifras de INRA llaman la atención. En la
medición de enero, en la tabla de todos los
niveles socieconómicos y de todas las edades, Aristegui Noticias ocupó el primer lugar con 144 mil 970 personas de “alcance”.
Le siguió Beteta con 140 mil y en tercer
lugar Gómez Leyva con 129 mil. “Es más
alto el rating de Radio Fórmula, pero el alcance más alto es el de Carmen, le va muy
bien”, dice Mercader.
Sobre las discrepancias entre las mediciones de INRA y las de Ipsos, el especialista
critica a éste, no sólo porque tiene menos de
un año de hacer estos estudios, sino porque
tiene un método “experimental”, no como
las entrevistas que su empresa hace.
Según él, Ipsos usa teléfonos celulares
con una aplicación para obtener información, pero hay un sesgo, dice, porque las
clases altas no suelen aceptar formar parte de un pánel de estudio ni los más pobres tienen teléfonos inteligentes.
“No creo que gente de nivel alto haya
aceptado la aplicación ni creo que el nivel más bajo tenga un smartphone que permita ponerle la aplicación. Ese estudio no
se conoce muy bien cómo funciona. Yo supongo que lo están tratando de hacer de la
mejor manera.”
–¿Puede
ser
propenso
a
la
manipulación?
–Muy, muy posible de manipular.

Deloitte exhibe a INRA
Sin embargo, Carlos de Zúñiga, director de
Ipsos Connect Media, quien hace los estudios de audiencia para Radio Centro, rechaza la imputación: “En realidad no hay
nada manipulable”.
Explica que, al igual que INRA, Ipsos
tiene un método estadístico que selecciona una muestra de población en hogares
del Valle de México, a la que además de

12

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

parejos: INRA

entrevistarla la invitan a formar parte de
un panel de personas con teléfono celular. Sí hay quien se niega, como es normal,
pero se le sustituye.
“Una vez que esa persona acepta, nosotros le mandamos un link para que descargue la aplicación. Cuando la persona
lo baja, le pedimos tres cosas: El teléfono
debe tener batería, tiene que trerlo consigo todo el tiempo y al menos una vez al
día se debe conectar a Wi-Fi para que no
use sus datos y para que cuando se conecte la aplicación automáticamente nos
mande toda la información recabada. Esa
información es, literal, unos y ceros.”
Se trata de huellas auditivas captadas
por el micrófono del teléfono, que se abre
cinco veces por minuto, sin importar cuál
es la fuente del sonido. Y cuando se conecta a Wi-Fi se envían al servidor, donde se
comparan con las huellas auditivas de las
59 estaciones de radio del Valle de Méxio.
“Entonces la posibilidad de alterarlo
no existe. Los datos pasan de nuestra aplicación a nuestra base de datos en Londres
y de ahí al reporte. No hay entrevistadores, supervisores, codificadores, capturistas. No existe todo ese tipo de personal.
Aquí va directo al servidor. El sistema genera automáticamente.”
Pese a que, en efecto, ese sistema tiene menos de un año de aplicarse en México, sostiene que ha demostrado ser eficaz
para medir audiencia, como lo hace en
otras partes del mundo, pero también se
somete a permanentes auditorías.
Por eso De Zúñiga insiste en que,
ante las discrepancias en sus respectivas mediciones de audiencia, INRA debe
también ser sometido a una auditoría
independiente.
Mercader responde que su empresa
ha sido auditada por varias firmas y por el
Consejo de Investigación de Medios, en el
que participan radiodifusores, publicistas
y anunciantes.
“Somos una empresa que ha sido auditada por Deloitte, Ernst and Young, por
la UNAM y por la norma del Consejo de Investigación de Medios, con el que ya estamos gestionando una nueva auditoría con
su nueva norma”, asegura Mercader.

Sin embargo, la firma Deloitte desmintió en 2008 que haya auditado a INRA,
como esa empresa difundió en la publicación NEO El Marketing de los negocios en junio de ese año, según consta en una carta
enviada a la Asociación de Radiodifusores
del Valle de México, fechada el 10 de junio de 2008.
“Respecto a esa publicación, es importante indicar que no llevamos a cabo ninguna auditoría o diagnóstico en abril de
2008, como lo indica la publicación, por lo
que la descripción del trabajo, resultados
e información ahí descrita no cuenta con
nuestra aprobación para su publicación y
no forma parte de nuestros informes de
observaciones y hallazgos”, dice la carta,
de la que Proceso tiene copia.
Firmado por el entonces director de
Deloitte, Armando Montiel, el documento
añade: “Debido a que no realizamos una
auditoría del Mediómetro ni sobre el control interno de INRA, de acuerdo con las
normas de auditoría generalmente aceptadas, no expresamos opinión alguna sobre los mismos”.
Sobre el asunto, el director de Operaciones de INRA, Gabriel Mercader, precisa
que la empresa fue auditada durante cinco años por el Consejo de Investigación de
Medios: “Desde 2007 hasta 2012 INRA se
auditó y se certificó con la norma del Consejo Nacional de Medios. Durante ese ciclo de auditorías y certificaciones, Radio
Centro estuvo participando como miembro del consejo que es”.
Al respecto, Carlos de Zúñiga afirma
que las auditorías al trabajo de medición
de audiencias deben ser permanentes.
“Esto es como los ductos del petróleo: hay
que tener medidas constantes, porque si
yo me audité hace 10 años, ahora puedo
hacer las cosas diferente y nadie se entera. La certificación no es para toda la vida”.
Ipsos, asegura, se somete a auditorías
anuales por ISO 9000 y a auditorías internas cuatro veces al año, así que su metodología estadística y sus procesos están
debidamente certificados.
Pero también está dispuesto a una auditoría independiente, como debe estarlo
INRA, “para que todas las empresas que
nos dedicamos a medir audiencias podamos mostrar el certificado constante. Es
como la verificación vehicular: si verificaste el semestre pasado, tienes que verificarte en el actual”.
El director de Ipsos concluye defendiendo sus mediciones que colocan a Aristegui en el liderazgo de audiencia en la
radio en el Valle de México, y a Julio Hernández López, Julio Astillero, en línea
ascendente. Rechaza que, como dice Mercader, tome largo tiempo cambiar los hábitos de la audiencia: “¡Es es un mito, una
falacia! La gente cambia instatáneamente
si algo no le gusta o le gusta”.

En realidad no hubo una consulta seria entre las comunidades que serán las directamente afectadas por
la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía, aquellas
que sufrirán por la falta de agua, la saturación de vialidades o las que de plano perderán sus tierras. La
consulta ciudadana del pasado octubre no las tomó
en cuenta para preguntarles si estaban de acuerdo
con el proyecto aeroportuario, pero el gobierno federal sí envió a sus representantes para comprar las
tierras. Proceso constató que la Sedena y la Sedatu
ofrecen a los ejidatarios de San Lucas Xolox mínimas
cantidades por sus propiedades.

NELDY SAN MARTÍN

T

ECÁMAC, EDOMEX.- Los ejidatarios
comenzaron a juntarse en la
iglesia de San Lucas Xolox, Tecámac, para ir a la Casa Ejidal,
donde a las 16:00 horas de ese
20 de marzo se reunirían con
enviados del gobierno a fin de negociar la
venta de sus tierras para el proyecto del
nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
A cinco meses de que el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador anunció la
transformación del aeropuerto militar en
uno comercial, la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) instalaron mesas de información y
negociación con los pueblos aledaños a la
base de Santa Lucía, como San Lucas Xolox y San Miguel Xaltocan, en el munici-

Sedena y Sedatu

ofrecen migajas

Eduardo Miranda

a ejidatarios de la zona de Santa Lucía

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Eduardo Miranda

I N FR AE S T R U C T UR A

Casa ejidal. El lugar del encuentro

pio de Nextlalpan, para adquirir terrenos
ejidales.
Aunque el aeropuerto se construirá en
el terreno que pertenece al Ejército, se necesitan mil hectáreas más para la zona de
seguridad que exigen las normas internacionales de aeronáutica.
Encabezaron la reunión en San Lucas
Xolox el teniente coronel Luis Enrique Calderón y Daniel Fajardo Ortiz, director general de Coordinación Metropolitana de la
Sedatu, constató Proceso. Llegaron sin proyecto ejecutivo ni manifestación de impacto
ambiental, tampoco tenían una fecha para
la consulta previa, libre e informada a los
pueblos originarios, reconocida en el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, a la que está obligado el gobierno mexicano, pero ofrecieron a 141 ejidatarios pagarles 240 pesos por metro cuadrado.
Según ejidatarios que hablaron bajo
condición de anonimato, los funcionarios
les dijeron que Santa Lucía necesitaba 354
hectáreas de su pueblo. Proceso buscó la
versión de la Sedatu, pero funcionarios de
esa dependencia rechazaron dar una entrevista. La Sedena no respondió a la solicitud de información.
–Ustedes no tienen consulta a los pueblos originarios –reprochó un ejidatario a
los funcionarios durante la reunión del 20
de marzo.
–Semarnat debería estar aquí también
–señaló otro.
Los ejidatarios pidieron que mejoraran la oferta: mínimo 320 pesos por metro cuadrado.
En una reunión anterior las autoridades
locales, elegidas por usos y costumbres, entregaron a los funcionarios una carta en la
que solicitaban dos pozos de agua, el cambio de redes de drenaje y agua potable, rehabilitación y construcción de calles, una
universidad, un auditorio, una casa de la
cultura, un hospital, cancelación de minas

y basureros, reforestación del cerro de la
localidad y empleo de los habitantes en el
nuevo proyecto aeroportuario.
“Nuestro pueblo es que de manera directa se verá afectado por la creación del
nuevo aeropuerto; es por ello que se requiere tener dicha contraprestación en beneficio de nuestra sociedad”, dice la carta
fechada el 12 de marzo, que tiene la firma
de recibido de Fajardo Ortiz. En ella las autoridades locales recuerdan que cuando se
creó la base aérea de Santa Lucía les construyeron una primaria.
San Lucas Xolox es un pueblo originario que está a espaldas de la base aérea.
Desde el cerro de Xolox se puede ver la pista de 3 mil 450 metros para aeronaves militares, bordeada por el verde del paisaje.
En 1952, durante la presidencia de Miguel
Alemán Valdés, se le expropiaron al pueblo
724 hectáreas para construir la instalación
militar. En esa época la Sedena pagó 219
mil 484 pesos como indemnización, como
consta en el Diario Oficial de la Federación.
Después de más de dos horas de asamblea ese 20 de marzo, los representantes
del Ejército y del gobierno federal se fueron y prometieron regresar con otra propuesta económica.
Volvieron a la semana siguiente, el 26
de marzo, pero sólo aumentaron 10 pesos
a la oferta: 250 por metro cuadrado. Los 141
ejidatarios dijeron que lo pensarían, pues
aseguraron que empresarios privados les
ofrecían los 320 pesos que pedían. Calderón les dijo que verificaran que se tratara de
empresas serias y les advirtió que las tierras
no podían tener otro uso que el agrícola.

“Boom” inmobiliario
Sobre el terreno no hay rastro de maquinaria, pese a que López Obrador anunció
en diciembre que los trabajos comenzarían
en marzo. Personal castrense dice a Proceso que unos 500 ingenieros militares están
en la base de Santa Lucía, trabajando en el
diseño del proyecto aeroportuario.
Hasta ahora se conoce muy poco sobre
esta obra insignia del gobierno lopezobradorista: apenas que el Ejército lo construirá y administrará y que en su honor
se llamará como el militar revolucionario
“General Felipe Ángeles”. Sin embargo, los
municipios que limitan con la base aérea
–Zumpango y Tecámac– experimentan ya
el comienzo de un boom inmobiliario.
En las bardas de diferentes puntos de
Tecámac se pueden leer anuncios de venta de terrenos en los dos municipios y en
internet abundan las ofertas que destacan
la cercanía con Santa Lucía.
Por ejemplo, un terreno para uso comercial en Tecámac, de 39 mil 362 metros
cuadrados y que fue publicado en enero,
se vende en 2 mil pesos por metro cuadrado. Otro, de 5 mil hectáreas y que indica
2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

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Aeropuertos de París,

señalada por corrupción
MATHIEU TOURLIERE

E

l grupo francés Aeropuertos de París
(ADP), que elabora el plan maestro
para remodelar el aeropuerto de
Santa Lucía, no sólo opera los tres
puertos aéreos de la capital francesa –por
los cuales transitan más de 101 millones de
pasajeros al año–, también desarrolla infraestructura en el extranjero, a veces recurriendo
a prácticas de corrupción, como el pago de
intermediarios, la emisión de facturas falsas,
evasión fiscal o cobros excesivos.
Según un informe de la Fiscalía Financiera Nacional de Francia fechado en 2016,
Aeropuertos de París International (ADPI),
filial de la paraestatal, incurrió en acciones
sospechosas en Emiratos Árabes Unidos,
Catar, Dubái, Arabia Saudita, Irán, Líbano y
Libia, entre 2007 y 2016.
El semanario Marianne publicó el caso el
23 de marzo de 2018. Una semana después

la empresa le pidió a la Fiscalía Financiera
Nacional –el equivalente de la mexicana Unidad de Inteligencia Financiera– que iniciara
una investigación.
En México, el pasado 29 de marzo el
secretario de Comunicaciones y Transportes,
Javier Jiménez Espriú, confirmó a Proceso
que ADP está elaborando el plan maestro
de Santa Lucía. Afirmó que los expertos
franceses “ya están aquí, trabajando” –en un
“grupo técnico de estudios aeroportuarios”–
y que el contrato está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La compañía y la embajada de Francia,
por su parte, se negaron a dar su versión a
Proceso. Jérome Marmet, responsable de
prensa del grupo, asevera: “Estamos enterados (sobre las obras de Santa Lucía) pero no
podemos decirle más por el momento”.
Entre los señalamientos de corrupción

estar a un kilómetro de la base militar, es
anunciado desde febrero en mil pesos el
metro cuadrado.
En medio del inicio de las negociaciones para la compra de terrenos ejidales
y la creciente especulación inmobiliaria
está el corazón de la resistencia: los sistemas comunitarios de agua potable de Tecámac, que operan desde 1951 en defensa del
agua para la población y la restauración de
la cuenca de México. Ellos se oponen a una
mayor sobreexplotación del recurso hídrico del subsuelo.
Santa Lucía, que se ubica en lo que fue
el lago de Xaltocan, enfrenta una situación crítica de agua.
Desde 1954 se decretó veda indefinida
en la cuenca de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha registrado
desde 2002 un dramático déficit anual en
la disponibilidad del acuífero CuautitlánPachuca, al que pertenecen Zumpango y
Tecámac. El último registro, de 2018, muestra que el déficit es de menos 106 millones
de metros cúbicos.
“La cuenca está en una crisis hidrológica y ecológica. Eso no les vinieron a decir (la
Sedena y el gobierno federal). Se ha obviado
y se ha minimizado”, critica el maestro Sócrates Galicia, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo en entrevista.
Ricardo Ovando Ramírez, del sistema comunitario de agua potable de la cabecera municipal de Tecámac, comenta

en entrevista que ocho pueblos originarios tienen sistemas autónomos de agua
que se rigen por asambleas y que no van
a aceptar que se construya un aeropuerto
que profundice la crisis hídrica.
“No podemos cometer el mismo error
que se cometió en Atenco: una decisión
presidencial, vertical, sin consulta indígena”, dice Ovando Ramírez.
El gobierno no ha informado en este
caso cuándo se realizará una consulta indígena, considerada en los artículos 1 y
133 de la Constitución.
En octubre de 2018 el gobierno de transición organizó una encuesta ciudadana
nacional para determinar si continuaba
el proyecto del puerto aéreo en el antiguo
Lago de Texcoco o en su lugar se construían dos pistas adicionales en Santa Lucía, como parte de un plan para –junto con
el de Toluca– desahogar la saturación del
Aeropuerto Internacional Benito Juárez de
la Ciudad de México.
La consulta arrojó que de 1 millón 67
mil 859 participantes, 70%, se inclinó por
la opción de Santa Lucía.
Pero en las comunidades afectadas
apenas se instalaron casillas. Según la Sedatu, el proyecto impactará directamente a
cinco municipios mexiquenses que están
en un radio de 10 kilómetros alrededor de
Santa Lucía: Tecámac, Zumpango, Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla, además del de Tizayuca, Hidalgo.

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2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

de la empresa destaca el pago, en 2013, de
725 mil euros a la intermediaria Shahpari
Zanganeh –la tercera esposa de Adnan
Khashogi, el principal vendedor de armas
de Arabia Saudita, fallecido en 2017–, por
su papel en la obtención de un contrato de
87 millones de euros para la extensión del
aeropuerto de Yeda.
En Dubái, el contralor se percató de
que ADPI falsificó sus facturas en la expansión del aeropuerto de Al Maktum, con las
cuales se embolsó “decenas de millones” en
efectivo; y armó una estructura fiscal que le

El día de la consulta, en Tecámac sólo
se instalaron cuatro casillas; en Zumpango, dos, y en Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla ninguna. La casilla más cercana a
Santa Lucía estaba a tres kilómetros.
“Para nosotros fue una consulta de opinión porque no cumple con los estándares internacionales”, dice Ovando Ramírez.
Agrega que, aunque apoyaron a San Salvador Atenco en su lucha contra el aeropuerto, con esa consulta se “condenó a Santa
Lucía a recibir el proyecto”.
“La consulta (que exige la ley) no es en
urnas, es en las instancias de decisiones
de los pueblos, es en asambleas”, coincide
José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos
Humanos Zeferino Ladrillero.

Opacidad
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que asesorará a la Sedena en
el proyecto, asegura a Proceso que apenas
se realizó una parte de los estudios de la
reestructuración del espacio aéreo por parte de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, y que se completarán
con otros a cargo de NavBlue, filial de Airbus. Además, dice que la firma francesa
Aeropuertos de París está desarrollando el
plan maestro del aeropuerto.
En el portal de compras gubernamentales Compranet no hay rastro de ninguno

I N FR AE S T R U C T UR A

ADPI. Página prom
ocional

permitió no pagar impuestos en Qatar durante cinco años, en los que amasó grandes
cantidades de dinero.
“Estas operaciones constituyen los
delitos de falsedad, estafa y fraude fiscal”,
subrayó el contralor.
En 2011, ADPI pagó el equivalente de
1 millón 600 mil euros por “prestaciones de
ingeniería” a un intermediario francés –quien
se encontraba en los Emiratos Árabes Unidos, prófugo de la justicia gala–, durante la
licitación de un contrato para desarrollar una
cadena de hoteles en el emirato de Fuyaira.

El contralor interno de ADPI notó años
después que el monto de la prestación estaba “exagerado”, y además la firma no obtuvo
el contrato.
En Libia, el grupo mantiene una disputa comercial por más de 100 millones de
euros, derivados de contratos celebrados
con el régimen de Muamar Gadafi en junio
de 2007, que abarcaron la extensión de los
aeropuertos de Trípoli, Bengasi y Sabha. El
gobierno libio estima que el grupo le facturó
con sobrecostos de entre 27% y 128% para
estas obras.
Entre enero y junio de 2012, ADPI contrató una milicia paramilitar privada para resguardar sus oficinas en el aeropuerto de Trípoli.
Además, la filial internacional posiblemente violó el embargo sobre el programa
nuclear en Irán, aplicado por la ONU y la
Unión Europea entre 2006 y 2007. De acuerdo
con Marianne, la compañía siguió elaborando
estudios para construir dos aeropuertos en
Mashhad e Ispahán –éste, ubicado a poca
distancia del centro de investigación nuclear
del gobierno–, con el aparente desconocimiento de la diplomacia francesa.
De acuerdo con Marianne, tres trabajadores de la empresa alertaron a la sede central sobre las operaciones dudosas de ADPI.
“Fueron despedidos sin aviso previo el 15 de
octubre de 2017”, señaló el semanario.

Tormenta política
Aparte de su filial internacional, ADP está en
el centro de una tormenta política en Francia:
la madrugada del 16 de marzo los diputados
aprobaron una ley del gobierno de Emmanuel
Macron que abre la puerta a la privatización
del consorcio, del que el Estado es accionista mayoritario.
La posible privatización de ADP –en
realidad, una concesión al sector privado
para los próximos 70 años– desató una ola
de indignación en todos los partidos de
oposición, los cuales cuestionaron la razón
por la cual el Estado quiere deshacerse de
un grupo rentable, que aporta cada año entre
100 y 200 millones de euros de dividendos
al erario y cuyas ganancias crecieron 22%
en 2017.
Además de llevar a la mente la desastrosa privatización de las carreteras, en 2006
–que provocó el incremento de los precios
de los peajes y generó grandes ganancias
para las concesionarias–, los opositores al
proyecto del gobierno de Macron señalan
que el Estado deberá desembolsar al menos
mil millones de euros para indemnizar a los
accionistas privados actuales, que detentan
49.4% de las acciones.
Por si fuera poco, la Asamblea Nacional
aprobó la ley a las seis de la mañana del

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I N FRA E ST R U C T U R A
sábado, con los votos de apenas 27
diputados… sólo 45 de ellos seguían en
el hemiciclo en ese momento, menos de
una décima parte de los 577 que forman la
legislatura.
Aunque el gabinete de Macron
despliega todos sus esfuerzos para
defender la ley, más de 150 mil ciudadanos firmaron una petición en línea para
oponerse a la privatización, y el pasado
9 de marzo, 150 “chalecos amarrillos” se
manifestaron dentro del aeropuerto de
Roissy Charles de Gaulle para repudiar
esta “aberración”, que “va contra los intereses de los franceses”. El presidente del
grupo ADP, Augustin de Romanet, calificó
el proyecto de privatización como una
“pendejada”.
Por si fuera poco, el gigante de la
construcción Grupo Vinci se menciona
como uno de los principales candidatos a
obtener la concesión de ADP, del que es
accionista.
Este grupo obtuvo la concesión de
la mitad de las carreteras privatizadas en
2006, y estuvo en el centro de algunos
escándalos de corrupción internacional,
como el presunto uso de trabajo forzado
en la construcción de infraestructura
en Catar, sede del mundial de futbol de
2022. O

“El consumo de recursos que habrá de
realizarse en la etapa de construcción y
después en la operación del aeropuerto en
Santa Lucía, es un punto crítico a considerar, ya que Tecámac se encuentra en una
de las cuencas hídricas de mayor estrés,
al punto de considerarse en veda”, señala el informe.
En la zona todo es incertidumbre.
Transportistas de carga mantienen un
campamento afuera de la base militar,
pidiendo sus empleos de vuelta. Trabajaban en las obras del aeropuerto en Texcoco y cuando el proyecto fue cancelado
quedaron desempleados. Aglutinados en
la Coalición de Sindicatos Unidos por la
Transformación de México, los trabajadores de seis gremios –entre ellos la Confederación de Trabajadores de México, la
Confederación Revolucionaria de Obreros
y Campesinos y la Confederación de Trabajadores y Campesinos– aguardan a que comiencen las obras en la base aérea para ser
contratados. En Texcoco trabajaron para la
Sedena y empresas como Hermes e ICA.
Los integrantes de los sistemas comunitarios de agua potable de Tecámac esperan que, casi por un milagro, el gobierno
cancele la obra o al menos realice la consulta indígena; mientras llega ese momento alistan un foro informativo cuyo
nombre es elocuente: “Tampoco Santa Lucía”. Además, participarán en foros en la
Universidad Autónoma del Estado de México el próximo martes 23; y en la UNAM
el 8 de mayo.
En San Lucas Xolox cada vez se convencen más de la oferta de los militares.
Los empresarios que ofrecían 320 pesos
por metro cuadrado no llegaron a la cita
del 27 de marzo. Después de ese día, la
mayoría de los ejidatarios se inclinó por
vender sus tierras al Ejército.
Octavio Gómez

de esos contratos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez
Espriú, dice a Proceso que la Sedena había
asignado esos contratos. Durante años,
el Ejército y la Marina han manejado con
discrecionalidad sus gastos y contrataciones; el aeropuerto en Santa Lucía no es la
excepción.
La Secretaría de Hacienda asignó para
2019 un presupuesto de 15 mil millones de

pesos a la Dirección General de Ingenieros de la Sedena para “la modernización
y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria”, dentro de la partida “79902
provisiones para erogaciones especiales”,
cuyo destino sólo se puede conocer una
vez que el gasto haya sido ejercido.
El titular de la SCT fue cuestionado por
la reportera sobre si sería tomado en cuenta el plan maestro que presentó el gobierno
de transición de López Obrador, elaborado
por el contratista más cercano a la administración del tabasqueño cuando fue jefe
de gobierno capitalino (2000-2005), José
María Riobóo.
Su respuesta fue que no, a pesar de que
el plan maestro de Riobóo, de agosto de
2018, fue la base del gobierno para asegurar la viabilidad de las operaciones simultáneas de los tres aeropuertos: el Benito
Juárez, el de Toluca y el de Santa Lucía.
Ese plan maestro, con una inversión
estimada de 70 mil millones de pesos, incluía una pista de 5.1 kilómetros y otra de
4.6, la construcción de un edificio terminal, torre de control, una terminal de autobuses, un edificio de aduanas, hangares,
almacenes de carga aérea y un hotel de
310 habitaciones.
El plan maestro de Grupo Riobóo fue
usado por el ayuntamiento de Tecámac y
por el gobierno del Estado de México, por
conducto de la Secretaría Técnica, para
elaborar el Proyecto de Actualización del
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Tecámac, Edomex, 2018, en el que alertan
de la deficiencia vial, de transporte público y servicios ante la llegada de millones
de pasajeros que tendría un aeropuerto
internacional.
En ese estudio, el ayuntamiento también llama la atención sobre la crisis de
agua en Tecámac.

Aeronave de la Base Militar No. 1 en Santa Lucía

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2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

“Si el PRI

no cambia,
Eduardo Miranda

puede desaparecer”:
Moreno Cárdenas

JOSÉ GIL OLMOS

A

Alejandro Moreno Cárdenas,
gobernador de Campeche, le
gusta el boxeo, que practicó
de joven. Ahora, en el ring político, no rehúye la pelea cada
vez que lo necesita y dice estar seguro de que ganará la presidencia
nacional del PRI sin trampas, con el apoyo
de la militancia, ante un rival que llama “la
nomenclatura” que en los últimos años ha
dirigido al partido desde la cúpula.
“Puedes preguntar lo que quieras, no
escondo nada, estoy limpio. Me han acusado de todo pero no me han encontrado
nada”, asegura de entrada el priista de 43
años, quien al hacer un recuento de su biografía política subraya que empezó a los 14
años, desde la base, con trabajo de militante en el comité municipal de su entidad.
“¿Pregúntale a quienes me atacan si han
ido a repartir volantes a las calles, si han ha-

20

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

blado con la gente para ganarse el voto? Nadie de ese grupo lo ha hecho ni lo hará”, dice
retador en entrevista el mandatario a quien
sus compañeros de partido apodan Amlito,
por su supuesta cercanía con el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
“Tengo una relación de respeto con el
presidente y no tengo ningún problema
en reconocer su apoyo en obras para Campeche. Lo que pasa es que los que critican
ahora no están cerca del presidente como
lo estuvieron con el PAN los 12 años que
gobernaron Vicente Fox y Felipe Calderón;
hasta le aprobaron el IVA”, afirma.
–¿Por qué quiere ser presidente de
un partido que está muy mal? –pregunta Proceso.
–Lo más importante hoy es que los
priistas de toda la vida queremos manejar el partido, los que hemos sudado la camiseta, los que hemos ido a pedir el voto,
repartido propaganda bajo la lluvia y el
sol, como yo, promoviendo el voto a favor

de nuestro partido y a favor de nuestros
candidatos.
“No somos priistas de ocasión, somos
priistas de convicción y queremos rescatar al PRI, que ha sido el partido que más
le ha dado al país.
“Quiero dirigir el PRI y construir una
nueva alternativa política para el partido y para México. Lo queremos hacer porque el partido no son los dirigentes, no es
la cúpula de cuatro o cinco personajes que
quieren dirigir los destinos del partido.
“Hoy queremos al PRI para reformarlo, para impulsar una profunda reforma
en su interior, como lo decía Luis Donaldo
Colosio”, sostiene.
Moreno Cárdenas tiene el apoyo de
varios gobernadores, entre ellos Alejandro Murat, de Oaxaca; Manuel Velasco, de
Chiapas; y Miguel Riquelme, de Coahuila; de acuerdo con el último reporte interno del PRI –al que se tuvo acceso–, estos
mandatarios han conseguido muchas de

P OL ÍT ICA
Lo apodan “Amlito” por su presunta cercanía con el
presidente de la República, aunque él, como boxeador que fue, esquiva el golpe y dice que con las instituciones federales no hay más que respeto y trabajo
conjunto. Es Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador
de Campeche y aspirante a dirigir el PRI, partido que,
insiste, lleva décadas dominado por “cuatro o cinco” figuras. Y su diagnóstico es demoledor: “Sabemos perfectamente por qué perdimos (la elección de
2018): por soberbia, falta de resultados, corrupción y
lejanía de la gente”.

El gobernador de Campeche

las 76 mil 649 nuevas afiliaciones en los
últimos meses, lo que algunos miembros
de la cúpula priista ven con preocupación, por la posibilidad de que se manipule el padrón y se cometa un fraude en la
elección interna.
Según el documento interno del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, fechado el 26
de marzo, en todas las entidades ha habido nuevos militantes. El Instituto Nacional
Electoral tenía registrados en julio de 2018
a 6 millones 545 mil 923 de priistas. Ahora
hay 76 mil 649 más. Donde hay un sorprendente aumento es en Coahuila (52 mil 145),
Yucatán (11 mil 641), Campeche (7 mil 95)
y la Ciudad de México (mil 796), entidades
donde Moreno tiene más apoyos.
–¿No se van a hacer trampa ustedes
mismos?
–Tenemos que cuidar el proceso. Las
reglas van a estar en la convocatoria y que
nadie haga trampa; hay dejar que la gente
participe, vote y se exprese. Siempre hay

un riesgo (de trampa), pero hay que participar y tomar el compromiso para que
no suceda. Siempre he dicho que hay que
participar con reglas claras, soy un convencido de ello, y las respetaremos. Lo importante es que no haya dados cargados,
que vayan a votar los priistas y decidan
por un PRI sólido.
Precisa que aún no están definidas las
reglas de participación y que en las próximas semanas las habrán de dar a conocer
el INE y el partido.
Aclara que lo aprobado por el Consejo
Político Nacional es que sea votación directa a la base militante, que tiene hasta el 30
de junio para inscribirse en el padrón. La
estimación que tiene es que podrían participar 1 millón y medio de militantes.
–¿Ese padrón del INE es seguro?
–Es el que está registrado y todos los
que están ahí tienen el derecho de votar. Lo que hay que hacer es buscar a esos
priistas, compartir nuestras ideas, proyectos y decirles el compromiso que queremos construir. Ellos van a decidir.
Dentro del PRI, a Moreno lo ubican
como el candidato más fuerte para la Presidencia del partido por los apoyos que
tiene de otros gobernadores y su cercanía
con el expresidente Enrique Peña Nieto.
“Respeto al expresidente Peña Nieto y
tengo muchos amigos en todo el país por
el trabajo que hice desde la base militante
y como diputado y senador”, argumenta.
–Decía usted que la nomenclatura del
PRI está en su contra.
–Es algo muy sensible y quiero ser muy
cuidadoso y respetuoso. En la política nacional todos nos conocemos; se trata del
statu quo del PRI, los que siempre han estado, desde hace 40 años, son los mismos
que les gusta dirigir y tomar las decisiones, pero no se los vamos a permitir, y que
no tengan duda.

“Vamos a ir a una consulta interna y si
tienen capacidad que vayan y le pidan el
voto a la militancia. En el PRI todos nos conocemos, sabemos de los errores y de los
resultados que han tenido. Estamos ante
una gran oportunidad y quiero decirles
que no me importa la nomenclatura, a mí
me importa la base militante, porque yo
soy un priista de base, que salió de la base.
Tengo 43 años, de los cuales 28 los he dedicado a servir en el partido.
–¿Tiene apoyos?
–Tengo muchos amigos en el país, fui
dirigente juvenil de mi sección municipal,
estatal, nacional. Por eso tengo amigos en
todo el país desde hace 20 años. Lo que se
necesita en el partido es liderazgo, alguien
que genere esperanza y renovación.

El riesgo de desaparecer
El miércoles 3 la senadora y presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, se
reunió con los dirigentes estatales y delegados del partido en todo el país; les pidió actuar responsablemente y no trabajar
para alguno de los candidatos, y si tuvieran
simpatía por alguno, les demandó separarse de su cargo partidista para apoyarlo
abiertamente.
Ruiz Massieu también habló del padrón de militantes y de la campaña de afiliación que culminará a finales de junio.
Les pidió establecer un compromiso de
trabajar por la unidad interna y las reformas que requiere el PRI.
“Si el PRI no cambia, puede desaparecer”, admite en entrevista Moreno Cárdenas,
un día después de esa reunión de su dirigencia nacional; insiste en que dará la pelea
contra quienes quieren seguir mandando
en el partido sin darse cuenta de los cambios profundos que requiere para recuperar
la confianza y credibilidad ante la sociedad.
2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

21

“Ya estamos hartos de los diagnósticos,
ya sabemos perfectamente por qué perdimos: por soberbia, falta de resultados, corrupción y lejanía de la gente. No hay que
buscarle. Por eso muchos no votaron por
nosotros, porque había hartazgo, porque
muchos priistas se sintieron utilizados, hechos a un lado, traicionados.”
–¿Hay riesgo de que sólo haya cambios
cosméticos y todo quede igual en el PRI?
–No, porque tenemos que ir a una profunda reforma del partido, ir con la gente.
El PRI tiene que encabezar las demandas
sociales, las exigencias de las comunidades y de las minorías.
Moreno defiende la idea de que el PRI
debe ser ahora un partido más abierto, participativo, democrático, de decisiones colegiadas y consensadas con la base, para
quitarse el estigma de que sólo las cúpulas
deciden el rumbo.
“Siempre he dicho que si la cúpula calla, que hablen los priistas militantes”, dice.
Insiste: “Siempre he dicho que de mí
pueden decir lo que quieran, pero no van
a callar a los priistas; estamos dispuestos
a impulsar el compromiso permanente de
darle viabilidad al PRI. Quiero ser presidente
del partido para generarle una alternativa”.
No obstante, tras reconocer que en la
pasada elección el PRI sufrió la peor derrota en su historia, confía en que habrán de
recuperarse, como lo hicieron en 2012 tras
las debacles de 2000 y 2006.
“Dijeron que era la desaparición del
PRI, pero 12 años después regresamos al
gobierno; hoy se dice lo mismo, pero tenemos senadores, 12 gobernadores y nueve millones de votos en la elección para
diputados. Lo que hay que hacer es modernizar al partido para transformarlo;
no podemos hacerlo con recetas caducas
y con los mismos, los cuatro o cinco que
quieren decidir sin darles oportunidad a
los estados en el proceso de elección de
consulta interna de los militantes.”
–Pareciera que se trata de una lucha
entre la cúpula y la militancia.
–Que participen quienes son priistas y
no quienes dicen que son del partido. Aquí
el tema es que tienen que ser priistas los
que decidan. Me gustaría ver a muchos de
los que dicen que quieren dirigir al partido
en una foto repartiendo volantes, pedir el
voto a los ciudadanos, escuchando a la gente. Creen que se puede hacer política desde
los escritorios y eso ya cambió. Hoy lo que
necesitamos es un partido fuerte, dinámico, y por eso quiero ser presidente, porque
creo que tiene idearios, militantes valiosos,
es una organización política seria y firme.
–¿Cómo cambiarle la imagen al PRI?
Muchos lo tienen como sinónimo de
corrupción.
–Durante muchos años ha habido una
campaña con los temas de corrupción y
falta de resultados. Pero lo primero que tie-

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2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

ne que hacer el PRI es reconocer las causas
por las que la gente nos dio la espalda, se
tiene que entender que la sociedad tiene
causas y anhelos.
Ante esto, el gobernador indica que el
PRI tiene que ser un partido sólido hacia
el interior, construir la unidad ideológica,
definir el rumbo y tomar posiciones ante
nuevas demandas, como las de los matrimonios igualitarios y el aborto.
–En esta elección interna se juega el
futuro del PRI. Si hacen trampa se puede
acabar el partido. Hay acusaciones de que
hay dados cargados, se están jugando la
credibilidad.
–Sin duda es la oportunidad del PRI.
De 2012 a la actualidad ha habido 10 presidentes del partido; eso no pasa cuando
hay consulta a la base. Esta es la última
oportunidad de hacer lo que quiere la militancia y por ello es muy importante que
el INE organice la elección. Coincido en
que no debe haber dados cargados, las dirigencias del partido en los estados deben
mantenerse respetuosas. La competencia
es lo mejor.
Moreno Cárdenas dice que siempre estará por el acuerdo y la unidad del partido,
pero reitera que hoy los militantes quieren a un priista de cepa en la presidencia
del partido, no uno que diga que es priista.
–¿Por qué le dicen Amlito?
–Lo tomo con filosofía. Fui el priista que más combatió a López Obrador
como candidato, le di hasta con la cubeta. Él, como candidato presidencial, también lo hizo conmigo, pero la contienda ya
terminó. Como gobernador mi responsabilidad es gestionar programas, llevar recursos, infraestructura, paz y seguridad a
los campechanos. Lo que hice con López
Obrador fue establecer una relación de
respeto, cordial y de trabajo.
“Nosotros no somos sus empleados, no
tengan duda, pero no gano nada peleando
con el presidente de la República. Lo que estoy haciendo es gestionar obras de beneficio
para el estado y el presidente me respalda.
No tengo empacho, le reconoceré todos los
apoyos y gestiones con las que nos ha apoyado, como el Puente de la Unidad.
“Desde la trinchera en la que estamos
tenemos que construir, hacer política, trabajando con el gobierno de la República. Si
lo invitamos, lo tratamos con respeto; es
un tema de civilidad política. Pero cuando
estemos en el PRI será otra cosa, porque
como líder de un partido político tenemos
que señalar los errores.”
Para cerrar, insiste en que no se detendrá en su pelea por el PRI por las críticas
en su contra, las que dicen que usa los recursos como gobernador para ganar. “Soy
de firme convicción y tengo una voluntad
inquebrantable, y como dice el dicho: los
perros ladran, señal de que avanzamos
firmes y claros”, remata. O

JESUSA CERVANTES

D

urante 10 días la Cámara
de Diputados se mantuvo en vilo: menos de 100
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) bloquearon sus nueve accesos,
impidiendo las sesiones ordinarias. El
recinto de San Lázaro entró en crisis.
El intento por reencauzar los trabajos legislativos llevó a propuestas extremas: desde aquella de que los 500
diputados entraran caminando por la
escalinata principal con Porfirio Muñoz Ledo a la cabeza, hasta echar abajo los operativos policiacos solicitados
conforme a la ley, e incluso permitir la
injerencia de la Presidencia de la República y obligar a los diputados a retomar el diálogo con los inconformes.
Los coordinadores de los grupos
parlamentarios confiaron, en entrevistas por separado, que fue la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien
desoyó la petición del presidente de la
Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y
dio marcha atrás al operativo policiaco
que abriría a los legisladores el paso a
sus curules en San Lázaro.
No obstante, un alto funcionario
de la Mesa Directiva les reveló a coordinadores parlamentarios que el presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, pidió a Sheinbaum que
no desplegara el operativo solicitado, a
fin de evitar la represión a los maestros
de la CNTE.

La contraorden
El 20 de marzo, un contingente de la
CNTE bloqueó la Cámara de Diputados
para impedir que el dictamen de la reforma educativa se aprobara, primero
en comisiones y después en el pleno,
pues la agrupación sindical consideró que la iniciativa del Ejecutivo seguía
siendo punitiva.
Los siguientes dos días, 21 y 22, San
Lázaro siguió bloqueado y no hubo sesiones ordinarias. Del 25 al 29 de marzo
el recinto fue objeto de negociaciones,
bloqueos y desbloqueos. El 27, los maestros dieron un respiro a los diputados y
les permitieron sesionar para aprobar
el dictamen. Pero éste no les gustó a
los profesores, que regresaron a los bloqueos mientras mantenían conversaciones con autoridades federales en la
Secretaría de Educación Pública.
En esa semana surgieron las posiciones extremas. El PAN pidió la cabeza
de Porfirio Muñoz Ledo y llevó el tema
de los bloqueos a la justicia federal, con
lo que consiguió un amparo para evi-

P OL ÍT ICA

“De Presidencia”, la orden de

noa laconfrontar
CNTE
El bloqueo al que los maestros de la CNTE sometieron
a la Cámara de Diputados para que no se aprobara la
reforma educativa del presidente López Obrador desató posturas extremas. Este semanario consultó a
los coordinadores parlamentarios, quienes responsabilizaron a los gobiernos federal y local de no garantizar la seguridad del recinto ni de los legisladores,
pues retiraron a la policía del lugar.
Ledo y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado
Carrillo, asumieron una actitud negociadora con la CNTE.

Eduardo Miranda

tar la inacción del presidente de la Mesa
Directiva, Muñoz Ledo, ante las siguientes
movilizaciones de la CNTE.
Desde el inicio de los bloqueos, Muñoz

De hecho, el primer día del bloqueo
Muñoz Ledo, obligado por ley a velar por
el recinto y la seguridad de diputados y
empleados, dejó clara en las redes sociales su postura:
“Debido al cerco en las inmediaciones
de la Cámara de Diputados y para ampliar
el diálogo que hemos comenzado con trabajadores del magisterio, se suspende
hoy la sesión y se cita para mañana a las
11:00”, informó en las redes sociales el 20
de marzo.
Luego emitió otro mensaje: “Se ha
mantenido un diálogo fructífero con representantes magisteriales y seguiremos
impulsando el análisis de dictamen de la
reforma educativa. Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales deberán ser sensibles a las demandas
sociales, siguiendo nuestra práctica de parlamento abierto. El compromiso es claro:

San Lázaro. El bloqueo

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

23

dades competentes cualquier delito que
se cometa”.
Por la noche, la oposición le solicitó a
Muñoz Ledo, mediante un comunicado,
que cancelara la sesión del 28 de marzo
y que sus legisladores no acudieran al día
siguiente.
El bloqueó continuó ese día y el PAN se
radicalizó, anunciando que demandaría la
destitución de Muñoz Ledo.
El presidente de la Mesa Directiva les
recordó a los panistas que la sesión se
suspendió a petición de los partidos opositores, incluido el PAN. Entonces fue más
contundente: “Optaré por el diálogo y la
razón ante radicalismos de la CNTE y el
golpismo de los panistas”.

Consultados por Proceso, cuatro legisladores de distintos partidos (dos de ellos
afines al gobierno) coincidieron en que la
orden provino del presidente López Obrador. “Habló con Sheinbaum –afirma uno
de ellos– y pidió que retirara a la policía
capitalina para evitar más choques; pidió
que todo fuera con diálogo”.
Otro de los consultados revela que un
alto funcionario de la Mesa Directiva les
explicó que Muñoz Ledo entregó el oficio,
pero “la jefa de Gobierno se comunicó con
el presidente de la República para informarle y éste le dijo que retirara la fuerza
pública, que se privilegiaría el diálogo”.
Ante el retiro de la policía y los reclamos de la oposición, Delgado Carrillo intentó restablecer el paso y empezó
a operar políticamente, “pero le hablaron
desde la Secretaría de Gobernación y también le habló el jefe, y le dijo que no, que
todo sería mediante el diálogo, nada de
policías”, revela una diputada que participa en las reuniones de Jucopo.
A partir de ese momento, Muñoz Ledo
fue más directo en sus mensajes de redes
sociales. Llamó a los profesores a que dejaran de hacer bloqueos, pero señaló: “Con
la actitud de no permitir que se apruebe la
nueva reforma educativa, la CNTE estaría
apoyando la reforma de Peña Nieto”.
Al día siguiente, 27 de marzo, los
maestros dieron una tregua y permitieron
la sesión donde se aprobó el dictamen de
la nueva reforma a cambio de que se les
mostrara. Y no les gustó, por lo que restablecieron el bloqueo.
Muñoz Ledo endureció su posición.
Dijo que seguiría impulsando “las vías pacíficas y democráticas con el magisterio,
pero también denunciaré ante las autori-

“El gobierno no cumplió”

Miguel Dimayuga

abrogaremos las reformas regresivas aprobadas anteriormente”.
Pero los bloqueos siguieron. Su día
más álgido fue el 26 de marzo, cuando llegó la policía capitalina, pero se retiró, presuntamente por órdenes presidenciales.
De acuerdo con el relato de uno de los
coordinadores parlamentarios, ese martes la oposición le dijo a Muñoz Ledo que
“era conveniente solicitar la fuerza pública para que, por un lado, la manifestación
de los maestros se diera sin problemas, y
por el otro se custodiara el acceso de los
diputados a la cámara. Por fin se convenció y muy temprano, a las siete de la mañana, entregó el oficio a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México”.
Minutos después de las siete se presentaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero a las 8:30 se retiraron.
De inmediato los maestros de la CNTE colocaron sus pequeñas casas de campaña
en cada una de las nueve puertas de la Cámara de Diputados e impidieron el paso.
Otro legislador que participó en los cónclaves para resolver la situación, relató que
el acuerdo fue establecer un camino por la
puerta 4 a fin de que ingresaran diputados y
empleados. Pero esto no funcionó:
“Los maestros se acercaron y hubo un
choque frontal con la policía –continúa
el legislador–. En ese momento, del otro
lado, se decidió que nadie quería la represión y se dio la contraorden a la policía
para que se retirara.”
–¿Y de dónde vino la orden? ¿De Muñoz Ledo? –se le pregunta a otro de los
coordinadores parlamentarios.
–No, el único escrito que firmó Porfirio
fue solicitando la seguridad pública, nunca que se retirara.

Disidencia magisterial. Plantón

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2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

El PRI ve como responsable de la crisis en
la Cámara de Diputados al gobierno. El
PRD y MC acusan a la Mesa Directiva y a la
Jucopo de no haber operado. A este último
punto se sumó el PT. Para el PAN el único
responsable es Muñoz Ledo.
En el noveno día de bloqueos, cinco
partidos –PRI, PES, MC, PRD y PVEM– exigieron una explicación: “El diputado Porfirio
Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, debe dar una explicación de las gestiones realizadas ante los gobiernos federal y
de la Ciudad de México, y la negativa de éstos a garantizar el orden público”.
La explicación se daría el 2 de abril, en
la Conferencia para los Trabajos Parlamentarios, donde confluyen la Mesa Directiva
y la Jucopo. De acuerdo con los asistentes, consultados por separado, Muñoz Ledo
dijo que no se violó el recinto porque nunca entraron los maestros, y algunos opositores argumentaron que sí, porque estaban
bloqueando el recinto.
El coordinador de la bancada del PRI,
René Juárez, presentó su “respeto y consideración” a Muñoz Ledo y enseguida soltó:
“Aquí sí está clara una cosa: la mesa cumplió y el gobierno no. Debemos deslindar
estas responsabilidades. Aplicar la ley no
es represión”.
El priista añadió que ante el conflicto ningún partido estuvo a la altura: “Hay
un hecho, hoy somos rehenes de la CNTE
y hay que ver cómo solucionarlo. Los métodos de la CNTE son inaceptables; tenemos que hacer una ruta para cubrir lo que
le corresponde a cada nivel de gobierno”.
Un día antes, en la reunión de la Jucopo, el PAN pidió la destitución de Muñoz Ledo por considerar que no impidió
la parálisis legislativa. Ningún partido lo
secundó, y en cambio respaldaron al presidente de la Mesa Directiva. El representante del PVEM argumentó: “Son nuevos
tiempos donde nada será por la fuerza,
sino por la razón, (pero) hay una fuerza,
la CNTE, que no entiende la razón, y tene-

mos que construir las formas para esta
nueva época”.
El mismo día René Juárez ofreció
una fórmula para salir del atolladero.
Aceptó que el gobierno de López Obrador ha hecho “cosas muy buenas”,
pero “también se ha equivocado”; luego propuso pedir a la CNTE un documento con sus demandas, después
presentarlo a cada fracción y regresarlo a la coordinadora con los puntos en
los que hay consenso.
Se trata, añadió, de mantener la negociación: “En lugar de la indefinición
de si votaremos o no la reforma en este
periodo, démosle la garantía a la CNTE
de que será en un extraordinario; así
se regulariza la Cámara y se da un mes
más de negociación con la CNTE.
“Como priista propongo este método, porque ojalá que le vaya bien a este
gobierno y ojalá que todos evitemos
las descalificaciones, por eso no podemos apoyar la posición del PAN de destituir a Muñoz Ledo.”
Luego Juárez sorprendió a varios:
“Muchos priistas que votamos por esta
cosa, hoy sabemos que fue un error…
Yo voté por la reforma educativa y me
equivoqué, porque no podemos estar
poniendo una espada punitiva sobre la
cabeza de los maestros”.
El PT, a través de su coordinador Reginaldo Sandoval, dijo que cada quien
debe asumir su responsabilidad y lo
que correspondía a su partido es “ahuyentar el peligro de la represión, y eso
no tiene nada que ver con pedir la cabeza de Muñoz Ledo”.
El también petista Gerardo Fernández Noroña calificó al PAN de “temerario” por su pretensión de destituir al
presidente de la Mesa Directiva:
“Ha hecho las cosas políticamente correctas y ha actuado en función de
su responsabilidad. No siempre estamos
de acuerdo, pero imagínense que hubiésemos atendido, que los 500 diputados
entráramos por las escalinatas; eso iba a
ser un desastre, se lo dije; pero siempre
ha velado por la integridad y el recinto.”
A su vez la coordinadora del PRD,
Verónica Juárez, aclaró en los encuentros privados del 1 y 2 de abril: “No se
puede decir que quienes pedimos la
normalización de las actividades estamos llamando a la represión. Son cosas
distintas. Busquen las formas, porque
en campaña sabían que al ser gobierno tendrían que ejercer sus facultades
constitucionales”.
El coordinador morenista Mario
Delgado concluyó: “No habrá ningún
acto de represión sobre movimientos
sociales y la reforma educativa no se
va a subir hasta que no se termine la
negociación con la CNTE”. O

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P OL ÍT ICA
Bonilla con AMLO

La fractura de Morena en BC

puede
costarle
la gubernatura
El proceso electoral en Baja California, que se inició el
último domingo de marzo y en el cual seis candidatos
buscan sustituir al gobernador panista Francisco Vega
–uno de los mandatarios más impopulares–, se realiza
en un escenario de desmoronamiento de los partidos políticos. Analistas locales consultados por Proceso ponen
el acento en la fractura de Morena, que optó por el empresario Jaime Bonilla en lugar de Jaime Martínez Veloz,
quien ahora compite arropado por el PRD. Con esa maniobra, dicen, es difícil que Morena termine con 30 años
de panismo en esa entidad.
OLGA ARAGÓN

E

NSENADA, BC.- Baja California
parecía tierra de jauja para Morena. A juzgar por las recientes
encuestas y su rotundo triunfo en los comicios de 2018, va
viento en popa hacia la jornada

electoral del próximo 2 de junio, con plena confianza en ganar la gubernatura, los
cinco ayuntamientos y las 17 diputaciones de mayoría.
Sin embargo, navega ya en mares embravecidos y con una grave fractura interna
2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

25

Youtube

Peñaflor (izq.). Otro de los aspirantes

a partir de la imposición de candidaturas.
El quebranto en la Coalición Juntos
Haremos Historia en la entidad –MorenaPT-PVEM y el partido local Transformemos– se da justo cuando es factible sacar
del gobierno a la élite panista que durante
30 años consecutivos ha ejercido el poder.
Reconocidos líderes políticos y sociales, como Jaime Martínez Veloz, el abogado
José Ángel Peñaflor y el dirigente campesino Rigoberto Campos, quienes buscaron
ser postulados por Morena, fueron excluidos y decidieron fundar el Movimiento
Amplio Social por la Cuarta Transformación (MAS 4T), organización que irrumpe
con fuerza en el proceso electoral.
“Estamos aquí, en esta asamblea y no
en Morena, porque no damos el perfil para
la franquicia. No somos gringos, no somos
ricos, no tenemos casas en Estados Unidos, no tenemos antecedentes penales.
Somos MAS 4T”, dijo Martínez Veloz el pasado 16 de marzo en Tijuana, en alusión al
candidato morenista a la gubernatura, Jaime Bonilla Valdez, durante la reunión estatal constitutiva de este movimiento en
el que convergen diversas organizaciones
sociales de la entidad.
Exdiputado federal y extitular de la
Comisión para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México, Martínez Veloz es el
abanderado del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a la gubernatura de
Baja California.
Decidió postularse por el PRD, explicó,
después de recorrer durante meses el estado con la bandera de Morena como aspirante a la precandidatura a gobernador,
pero el delegado de ese instituto Leonel
Godoy le pidió desistir luego de que los
partidos coaligados pactaron la candidatura única de Bonilla Valdez.

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2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

Martínez Veloz aceptó competir como
precandidato a la alcaldía de Tijuana logrando aventajar con amplio margen a los
otros contendientes, en diversas encuestas hechas por empresas del ramo –Mitofsky, Pulsómetro, Buendía & Laredo, Pulsa, y
El Financiero, entre otras–, hasta que fue excluido por completo en una encuesta que
califica de “chapucera”, pues favoreció a
quien siempre tenía los parámetros más
bajos de aceptación.
Nunca le mostraron la metodología
utilizada, dice, y aunque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena
resolvió cancelarla debido a las irregularidades metodológicas y ordenó reponer el
proceso con transparencia y legalidad estatutaria, los dirigentes del partido jamás
acataron la resolución.
Martínez Veloz y Peñaflor se inconformaron ante las instancias del partido y los
tribunales electorales. Les respondieron
que los dirigentes de Morena no habían
acatado la resolución de su propio órgano
interno de Honestidad y Justicia.

“Aferrado el bato”
Jaime Bonilla también recurrió a tribunales electorales el jueves 4. Su propósito era
insistir en un tema que se presenta por
quinta ocasión en menos de seis meses, lo
que enrarece aún más la atmósfera política en la entidad.
El candidato puntero interpuso un recurso de impugnación en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, solicitando una
vez más la ampliación del plazo de la próxima gubernatura de dos a cinco años, en defensa de sus derechos políticos electorales.
Una semana antes, el 27 de marzo, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación (TEPJF) anuló por decisión
unánime una sentencia del Tribunal Electoral de Baja California que fue emitida la
noche del 24 de febrero para ampliar de
manera ilegal a cinco años el periodo de
la gubernatura.
Cabe recordar que en octubre de 2014,
en cumplimiento de la reforma constitucional federal que ordena empatar los
procesos electorales locales con los federales, el constituyente estatal decidió que,
por única ocasión, el periodo de gobierno
sea de dos años –del 1 de noviembre de
2019 al 31 de octubre de 2021–, para la gubernatura, diputados y alcaldes electos en
los comicios del próximo 2 de junio.
“Aferrado el bato”, exclamó Martínez
Veloz al enterarse de que Bonilla está recurriendo a los consejeros y magistrados
electorales y a los legisladores para ampliar hasta 2024 el periodo de la nueva
gubernatura.
Enseguida, con firma al calce, acusó
por escrito a Bonilla de ser un agente infiltrado del FBI:
“No le importa debilitar las instituciones mexicanas, porque es un agente infiltrado de las agencias norteamericanas de
inteligencia. Ha participado en diligencias
judiciales en ese país como informante
del FBI. Cobijado hoy por las siglas de Morena pretende llegar a tomar el poder en
Baja California y desde ahí instrumentar
una estrategia de entrega de nuestros recursos naturales a empresas trasnacionales de Estados Unidos.”
En esta nueva realidad y ante las “condiciones desastrosas” en que se encuentran el PAN y el PRI, después del “tsunami”
electoral llamado Andrés Manuel López
Obrador que hizo trizas al prianismo en
2018, catedráticos, dirigentes políticos, líderes sociales y analistas políticos consideran que la pelea por la gubernatura de
Baja California se va a dirimir entre Martínez Veloz y el morenista Bonilla, favorito en todas las encuestas, con ventajas de
tres a uno.
“Si a Veloz no se le cansa el caballo perredista, y si logra el apoyo de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, podrá
colocarse en posibilidades amplias de ganar la elección por la gubernatura”, comenta Arturo Ruiz Contreras, quien durante
años fue asesor de legisladores petistas.
La elección no será tan tersa como se
creía, enfatiza, pues el PRI casi se mudó
completo a Morena, pero el PAN aún tiene
los dos ayuntamientos más grandes –Tijuana y Mexicali– y cuenta con el apoyo de
su vieja militancia, quienes darán aliento
a su candidato Óscar Vega Marín.
Para Daniel Solorio Ramírez, maestro
en Derecho Constitucional, “el morenaje está apoyando a Martínez Veloz, a Rigoberto Campos, a José Ángel Peñaflor, pero
no la candidatura de Bonilla”.

P OL ÍT ICA

Poderoso caballero
Convencido de que Morena traiciona en
Baja California el compromiso implícito en
la 4ta Transformación de separar el poder
económico del político, Ruiz Vargas asegura que ese partido postula a líderes empresariales que sólo buscan hacer negocios a
la sombra del gobierno. “Están repitiendo
el viejo esquema que aquí hemos vivido
hasta la náusea con el PRI y el PAN”, insiste.
Durante 36 años, desde mediados de
los cincuenta –cuando nació Baja California como entidad federativa–, el PRI
mantuvo el poder hasta que en 1989 el

PAN conquistó la gubernatura con Ernesto Ruffo. Bajo el panismo vivimos otros 30
años y no queremos “más de lo mismo”,
insiste el catedrático.
La corrupción y la ineptitud, ejemplifica, se personifica en el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien llega al
último año de su sexenio con la peor calificación del panismo en el poder.
La encuesta de Arias Consultores del
mes pasado lo ubica en el lugar 31 de los
32 gobernadores evaluados. Es el peor de
todos, superado sólo por Jaime Rodríguez
Calderón, El Bronco, de Nuevo León, y con
una rayita más que el mandatario panista de Chihuahua, Javier Corral. El 88.2% de
los bajacalifornianos reprueba la gestión
de Kiko Vega.
–¿Habrá alternancia en BC?
–Puede haber una alternancia en el gobierno del estado en la elección de junio,
pero ya no está seguro el triunfo de Morena. El PAN, aunque está muy debilitado,
puede recomponerse a partir de la crisis
de Morena. También es posible que otros
candidatos repunten en la campaña”, estima Ruiz Vargas.
–¿El triunfo de Morena garantizaría en
Baja California un paso hacia la 4ª Transformación propuesta por López Obrador?
–No veo que esto pueda suceder en un
proceso encabezado por Bonilla y el grupo que está dirigiendo las acciones de Morena. Si este grupo –cuyo líder real es el
exgobernador priista Xicoténcatl Leyva
Mortera– llega a encabezar el gobierno estatal y los gobiernos municipales, sería un
retroceso político y de otra índole.
–¿De qué índole habla?
–De otra… No entiendo por qué el presidente López Obrador ha sostenido e
impulsado a Bonilla para que sea gobernador. Es un individuo que nada tiene qué
ver con Morena, menos con el proyecto
social y político que representa el presidente de México.
“Bonilla es un simple operador de AMLO,
le ha servido para construir el partido en el
estado y seguramente le ha aportado recursos económicos, pero políticamente nada
abona a Morena, son antitéticos.”
Daniel Solorio Ramírez, exmagistrado
presidente de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, coincide en que Bonilla no representa en Baja
California los mismos intereses que en el
plano nacional representa el presidente
López Obrador.
“Sus idiosincrasias son radicalmente
distintas. Andrés Manuel es un líder construido por el pueblo en aguerridas y duraderas batallas políticas, en tanto que
Jaime es un empresario que sólo procura
la acumulación sin límite de dinero”, puntualiza el también presidente de la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos
del Noroeste.

Y remata: “Le encuentro (a Bonilla)
una gran similitud con Kiko Vega”.
Dice que resulta “absolutamente inaceptable” la candidatura del teniente coronel Julián Leyzaola a la presidencia
municipal de Tijuana, pues su expediente profesional está saturado de casos graves de tortura.
“Que Martínez Veloz aparezca en fórmula con Leyzaola me parece altamente
ingrato para la candidatura de Martínez
Veloz, a quien considero un candidato
aceptable para una buena parte del electorado, incluido el morenaje decepcionado de su liderazgo partidista”, expresa.
La campaña por la gubernatura de
Baja California se inició el 31 de marzo y
en ella contienden seis candidatos:
Jaime Bonilla Valdez, por la Coalición Juntos Haremos Historia en BC; Jaime Martínez Veloz, por el PRD; Óscar Vega
Marín, por el PAN; Enrique Acosta Fregoso,
por el PRI; Ignacio Anaya Barriguete, por el
Partido de Baja California (PBC), y el expanista Héctor Osuna Jaime, por Movimiento Ciudadano.
El PRD, que en las últimas elecciones
ha realizado malabarismos políticos para
conservar su registro electoral, saldrá fortalecido en esta contienda. Pragmático en
extremo, postula lo mismo a obradoristas
que a un personaje de negro historial como
el exjefe policiaco Julián Leyzola, candidato a la alcaldía de Tijuana, la ciudad más
violenta de México y considerada la más
peligrosa entre las 50 urbes internacionales con mayores índices de criminalidad.
“Pocas veces se ha visto en Baja California un desmoronamiento tan claro de
los partidos políticos”, concluye Solorio,
quien milita en Morena: Dice que “el electorado votará por candidatos, por personajes, y muy poco por los partidos que los
han cobijado”.
El candidato del PRD

Facebook

El MAS 4T es una articulación de los
movimientos dispersos que se han visto
en estos dos últimos años en Baja California en diversas luchas como la defensa
del agua y en contra de la corrupción. Es
un movimiento que puede crecer y encontrar un cauce electoral en esta contienda,
observa Benedicto Ruiz Vargas, analista
político e investigador de la Universidad
Iberoamericana Noroeste.
“El asunto clave –dice– es que hasta
hace poco estos movimientos se identificaban más con Morena y López Obrador,
pero ahora esa tendencia se ha roto o está
en proceso de hacerlo.”
El también economista y sociólogo
concluye que el movimiento social que
hay en Baja California ha sido profundamente defraudado por Morena, por sus líderes y por el mismo presidente.
En la entidad, dice, “Morena es un partido antidemocrático. Seleccionó a sus
candidatos en un proceso desaseado,
pues sólo postuló a personas cercanas a
Jaime Bonilla, excluyendo a aquellos con
más representación política en las bases
sociales morenistas. El método de la encuesta, utilizado sin dar a conocer su metodología, arrojó un resultado inverosímil,
especialmente en Tijuana. Este sucio proceso, comandado por Bonilla y por el delegado Leonel Godoy, fracturó a Morena en
el estado, disminuyendo sus posibilidades de triunfo y generando una situación
en donde los candidatos excluidos, como
Jaime Martínez Veloz, pueden cosechar el
voto de castigo para Morena y Bonilla”
Autor del libro La democracia de las élites, visión de los procesos políticos en Baja California, Ruiz Vargas agrega:
“La dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky y el mismo López Obrador no tienen idea de la dimensión de esta fractura
y del rechazo que está generando Bonilla entre los simpatizantes y electores
de Morena. Apuestan todo al peso político del presidente, sin darse cuenta de que
la dinámica electoral será distinta en Baja
California porque su candidato será evaluado y votado como uno más, sin tener
a su lado a AMLO haciéndole campaña.”

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

27

José Luis de la Cruz

Guerrero. Fosa común

La condena de morir
sin ser identificado*

MARCELA MÉNDEZ

E

n México hay más de 40 mil
personas reportadas como
desaparecidas y cerca de 26 mil
cuerpos sin identificar, según
datos oficiales. Es un fenómeno
cuya dimensión no se conoce
en realidad, pues al registro de 40 mil habría que sumar las desapariciones que no
se denuncian ante las fiscalías de la República. Es, además, una crisis forense, reconocen las mismas autoridades.
Karla Quintana, comisionada nacional
de Búsqueda de Personas en México, explica que en el país los institutos forenses
no tienen la capacidad para resguardar los
cuerpos y de muchos de ellos no se sabe
dónde terminaron ni si se les tomaron las
muestras necesarias para identificarlos.
Al día de hoy no hay un diagnóstico
certero y las instituciones continúan sin
trabajar de manera homologada y coordinada, sin la tecnología necesaria para dar
respuesta a esta emergencia.
A lo largo del país, quienes buscan a
algún familiar se enfrentan a instituciones
anquilosadas y a la falta de voluntad política para ayudarlos; han tenido que aprender cuál es ese camino burocrático a seguir
para buscar a un ser querido, cargando en
muchas ocasiones con el doloroso peso del
fracaso.
En la Ciudad de México, los cadáveres
de personas que no pudieron ser identifi-

28

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

Morir en México y no ser inmediatamente identificado o
reclamado por familiares o amigos equivale a una “condena” para el cadáver, que puede ser donado a alguna
escuela de medicina o puede permanecer mucho tiempo
en una morgue –que suelen estar saturadas– para finalmente acabar en la fosa común. En todo el país hay 26 mil
cuerpos en esa situación y los servicios forenses no tienen la capacidad ni el ánimo para establecer protocolos
que permitan la identificación plena de los fallecidos, que
seguirán en la categoría de “desaparecidos”.
cadas por las autoridades o reclamadas a
tiempo por algún familiar o amigo se entregan a escuelas de medicina con fines de docencia e investigación. De hecho, decenas
de personas terminan en algún anfiteatro
escolar y, eventualmente, en la fosa común,
a pesar de ser buscadas.

El caso de Laura
La falta de coordinación institucional tiene
graves consecuencias. Laura, una joven que
vivía en situación de calle y que hoy está en
el nivel 10 de la fosa común, recorrió –a pesar de tener un nombre y ser buscada por

sus amigos, acompañados por la organización El Caracol– el largo e invisible camino
de quienes en los registros oficiales aparecen como “desconocidos” o “desconocidos
no reclamados”. Además ella no autorizó
que durante meses decenas de alumnos estudiaran con su cuerpo.
Laura, originaria de Veracruz y que vivía
con sus amigos en La Candelaria, una zona
del centro de la Ciudad de México, enfermó de gravedad en diciembre de 2015 y fue
trasladada en una ambulancia al Hospital
General Balbuena. Entre este evento y que
sus amigos avisaran a El Caracol pasaron
apenas unas horas. Una educadora de la or-

D E RE C H O S HU M A N OS

Margarito Pérez Retana

ganización acudió al centro de salud, pero
ahí le dijeron que no había nadie con el
nombre de Laura ni con sus características;
por no ser familiar no le permitieron ver a
las pacientes ingresadas.
En ese entonces los miembros de El Caracol no tenían experiencia en la búsqueda de personas: telefonearon al Centro de
Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes
(CAPEA) para reportar la desaparición de la
joven; pero no fue sino hasta unos días después –cuando volvieron a comunicarse y
no había avances– que levantaron formalmente el reporte.
El CAPEA no tomó los datos de Laura
a partir de la llamada y tampoco les aconsejó levantar un reporte oficial en las primeras horas. “Nos quedamos atados de
manos, ya no sabíamos qué más hacer”,
relata el director de El Caracol, Enrique
Hernández.
Entonces no lo sabían, pero mientras
preguntaban de hospital en hospital, mientras regresaban al CAPEA, Laura había llegado al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo).
Su cuerpo tocó todos los espacios a los que
puede llegar alguien que no fue reclamado:
un hospital, el Incifo, una escuela de medicina, nuevamente el Incifo y poco más de
un año después, la fosa común.
El Caracol supo su paradero a mediados
de 2017; sus integrantes comprobaron su identidad cuando la huella
dactilar de Laura fue cotejada. Entonces ya era tarde. “Lo que les puedo decir es que sí estuvo aquí, ahora
la podemos identificar, pero ya está
en la fosa común”, les dijeron en el
Incifo.
Rescatarla del nivel 10 de la fosa
común les costaría cerca de 30 mil
pesos, según les informaron: era un
costo que ni la organización ni los
amigos de Laura podrían asumir.
Según un especialista del Incifo,
quien prefirió no revelar su nombre,
el CAPEA y el Instituto están en constante comunicación para intercambiar datos de las personas que son
reportadas como desaparecidas y
de los cadáveres que llegan como no
identificados, con el objetivo de saber
si hay coincidencias.
Sin embargo, en ocasiones la información no es suficiente: los oficios
que les entrega el CAPEA pueden no
tener los datos indispensables para
relacionar un reporte de desaparición con un cadáver desconocido.
“Nos dicen: ‘Busca a esta persona
que se llama, por decir, Emma López’.
¿Con qué la busco si aquí ingresan
en calidad de desconocidos, por qué
creen que la voy a buscar con el nombre?”, apunta el especialista.
El caso de Laura es un ejemplo de
que esta comunicación no funcionó

o simplemente no existió: por medio del
CAPEA –con quien sí tuvo contacto El Caracol– se habría sabido que la muchacha estaba en el Incifo, incluso habrían tenido la
oportunidad de rescatar su cuerpo durante
el tiempo que estuvo en la escuela de medicina, antes de que se ejecutara la disposición final de su cadáver.
El cuerpo de Laura estuvo en una de las
10 universidades que reciben cadáveres del
Incifo con fines de docencia e investigación;
dos de ellas, la UNAM y el IPN, reciben además cuerpos del Instituto de Asistencia e
Integración Social (Iasis).
Los convenios que regulan esta entrega describen que pueden ser donados los
cadáveres de personas “desconocidas” o
de personas “desconocidas no reclamadas”. El Iasis entrega cuerpos de personas
que mueren en alguno de los 10 Centros de
Asistencia e Integración Social (CAIS), cada
uno de los cuales atiende a un perfil diferente de población en situación de abandono,
extrema pobreza o vulnerabilidad social,
que puede o no tener problemas de salud física o mental, y que van desde niñas y niños
hasta personas de la tercera edad.
Por su parte, el Incifo entrega cadáveres que han sido puestos a disposición del
Ministerio Público. Según las facultades de
este último, cuando los cadáveres se en-

cuentren en calidad de desconocidos, estarán a disposición en el Servicio Médico
Forense (Semefo), “en el entendido de que
éstos (los cadáveres) deberán ser como
consecuencia de un hecho violento o que
exista una situación médico-legal de por
medio”, por ejemplo, muertes en la vía
pública.

“Persona desconocida”

En gran parte de los casos, quienes llegan
a las universidades para convertirse en
material de trabajo forman parte de poblaciones vulnerables, hombres y mujeres
que tuvieron que morir para ser mirados,
para que estudiantes y profesores los consideren un tesoro y parte fundamental
del proceso de aprendizaje. Son, además,
personas que no consintieron que su cuerpo fuera utilizado con fines educativos y
científicos.
Los convenios con los CAIS son apenas
unas siete u ocho hojas que contienen un
puñado de qués, pero no de cómos; firmados entre varias dependencias del gobierno
y las universidades, no especifican los procedimientos mediante los cuales se entregan los cuerpos a las escuelas; ponen sobre
la mesa, de manera muy general, las obligaciones de las instituciones, pero no van
más allá, lo que deja abierta la puerta a la discrecionalidad en prácticaIndigentes. Vidas al límite
mente todas las etapas del proceso.
Gran parte de las personas que
mueren en estas casas de asistencia social tienen nombre y apellido
y se sabe su edad. Sin embargo, si
su cuerpo no es reclamado por un
familiar, entran en la categoría de
desconocidas.
Así lo establece el artículo 347
de la Ley General de Salud y así lo
retoman también los convenios entre el Iasis y las universidades: se
entiende por “cadáver de persona
desconocida” aquel que no fue reclamado dentro de las 72 horas posteriores a su fallecimiento o cuya
identidad se ignore. Los centros
están obligados a obtener el certificado de defunción y facilitar a los
familiares la hoja de rescate para la
recuperación del cuerpo en la universidad, en caso de que la persona
sea reclamada.
Una vez que los cuerpos llegan
a las universidades, no deben ser
disecados por los estudiantes en
un periodo de 10 días, con el objetivo de dar oportunidad a que algún
familiar los reclame; la única intervención a la que pueden ser sometidos es a la aplicación del proceso
de conservación.
Los convenios vigentes fueron
firmados el 8 de mayo de 2003 en el
2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

29

Juan Carlos Cruz

Mazatlán. Rescate de cuerpos

Veinte servidores públicos para
buscar a miles de personas

tructura, Quintana asume que para cumplir con su encomienda es necesaria la
colaboración del Estado, por lo que se fijó
como meta al menos seis meses con el
propósito de sentar las bases para que “el
engranaje funcione”.
Por lo pronto, en cuanto a los compromisos asumidos por López Obrador ante
los familiares de los desaparecidos que
asistieron a la reinstalación del Sistema
Nacional de Búsqueda (SNB), Quintana
está emplazada a superar la emergencia
forense que tiene 26 mil cuerpos y decenas de miles de restos óseos sin identificar,
así como a urgir a por lo menos 18 estados
para que consoliden sus comisiones locales de búsqueda.

La incertidumbre

esde una precaria oficina en el piso
quinto del edificio del Consejo Nacional de Población (Conapo), Karla
Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), diserta
sobre cuál de sus responsabilidades como
coordinadora del Sistema Nacional de Búsqueda es más complicada y sobre cómo
clasificar las prioridades y las emergencias.
Ese ejercicio es parte de su tarea
“titánica” para indagar el paradero de
los más de 40 mil desaparecidos, la funesta herencia de las administraciones
de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,
primordialmente.
Esa lista debe incluir los casos de

desaparición forzada abiertos por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales
y Políticos del Pasado, que desde su extinción en 2006 ha estado a cargo de la
Coordinación General de Investigaciones,
provista de una unidad especializada que
tiene “literalmente” una persona.
Designada el 9 de febrero por decisión
del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de un proceso de consulta entre
colectivos de familiares de víctimas, organizaciones civiles y académicos, Quintana
Osuna tiene más de medio centenar de
atribuciones y obligaciones fijadas en la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Tras la reciente aprobación de su es-

Entre sus primeras acciones como comisionada, el lunes 1 Quintana envió un oficio
a los gobiernos de Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala,
Yucatán y Zacatecas –que carecen de
comisiones locales de búsqueda– en el
cual expone que están en una omisión
legislativa.
El hecho es grave: según el último
reporte del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en
esos estados han ocurrido 11 mil 414
casos (30.5%) de los 37 mil 435 reportados hasta este mes. De esos, 797 fueron
vistos por última vez en la Ciudad de
México; 2 mil 73 en Puebla; 3 mil 42 en
Sinaloa, y 2 mil 169 en Sonora.
Desde su llegada, funcionarios y
legisladores de Quintana Roo, Puebla,
Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de México,
Morelos, Tlaxcala y Durango se acercaron
a la CNB en busca de asesoría técnica,
sostiene Quintana, quien habla también

caso del IPN, y el 11 de febrero de 2002 en el
de la UNAM. Su duración es indefinida.
Entre 2012 y 2017, mil 334 personas
–identificadas, aunque no reclamadas–
fueron entregadas desde el Iasis con fines
académicos. 947 de ellas (70.9%) eran hombres y el resto, 287, mujeres. El CAIS Plaza
del Estudiante, un “centro filtro” en el que
hombres mayores de 18 años que se encuentran en situación de calle pueden llegar a comer, asearse y pernoctar, registró el
mayor número de cuerpos donados a instituciones educativas, con 466 (34.9%), seguido del CAIS Cuautepec (18.44%) y del Villa
Mujeres (16.7%).
Los datos reflejan que no todas las
personas fallecieron dentro de los CAIS;
algunas defunciones se registraron en hos-

pitales, como el de Balbuena o el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias e
incluso en la vía pública.
En esos cinco años, solamente 159 personas –lo que equivale a 11.91%– fueron recuperadas por familiares o amigos, una fue
entregada directamente a una funeraria, 54
al Ministerio Público, 19 al Semefo y 25 fueron llevadas a un panteón.
La UNAM se hizo cargo de la disposición
final de 50.44% de los cuerpos, mientras que
el IPN lo hizo de 28.56%. Y hay un dato, entre
todos, que salta: el Iasis no tiene el dato del
destino final de 22 cadáveres.
En lo que respecta a los entregados por
el Incifo, además de la UNAM y el IPN, las
universidades con las que hay convenios
son: la Escuela Libre de Homeopatía de

México, la Universidad Tominaga Nakamoto, la Westhill, la Anáhuac México Norte, el
Centro Cultural Universitario Justo Sierra, la
Universidad Panamericana, la Escuela Médico Militar y la Escuela de Medicina Saint
Luke. En todos los casos, la vigencia de los
convenios interinstitucionales también es
indefinida.
Los documentos especifican que los
cuerpos de personas catalogadas como
desconocidas pueden ser entregados a las
instituciones educativas apenas transcurridas 72 horas de haber llegado al Semefo. Este tiempo es brutal para cualquier
persona, pues en sólo tres días su cuerpo
puede ser trasladado a una escuela de
medicina si las autoridades no han podido conocer su nombre y domicilio o si,

GLORIA LETICIA DÍAZ

D

30

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

D E RE C H O S HU M A N OS
desde hace un año; falta que las propias
autoridades sepan que, como comisionada
nacional, soy la secretaria ejecutiva del
sistema para hacer que esto funcione”.
Aunque carece de información actualizada sobre el número de desaparecidos
en el país, Quintana considera que “la
tendencia no ha variado”, pues siguen las
desapariciones.
La funcionaria estuvo al frente de la
Asesoría Jurídica Federal, de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, desde
donde representó a familiares de víctimas
casos de los cuales entre 25% y 30% fueron desapariciones forzadas. Resalta que
Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Estado de
México, Nuevo León y Coahuila se mantienen con focos rojos, mientras Nayarit,
Puebla y Colima están ingresando a la clasificación de foco rojo.
Confía en diseñar una metodología,
tecnología y capacitación para contar con
Eduardo Miranda

de la trascendencia de la reinstalación del
SNB, pues “sólo con un compromiso desde el Ejecutivo federal –que fue muy claro y
directo– se puede asumir políticamente que
es una obligación del Estado mexicano dar
respuesta a las miles de familias que quieren saber de sus desaparecidos”.
Agrega: “Sin duda, la CNB es la punta
de lanza del Sistema. Es a través de nosotros que se van a coordinar todas estas instituciones. Si no existen como tal o carecen
de presupuesto, esto será una simulación”.
Menciona la “incertidumbre” laboral
por la demora en el nombramiento de un
fiscal de derechos humanos. Hasta ahora,
dice, se coordina con la Fiscalía General
de la República por medio de Abel Galván
Gallardo, quien fue nombrado durante el
gobierno de Peña Nieto como titular de la
Fiscalía Especializada en Investigación de
Delitos de Desaparición Forzada.
“Todos los colectivos tienen un programa sobre lo que van a hacer en los próximos meses, pero ante la falta de claridad
sobre la continuidad o no de los funcionarios en general, es muy difícil saber qué
hacer”, confía.
Insiste: “Para que el SNB opere, requiere de las fiscalías especializadas en todos
los estados –siete carecen de ellas–; tampoco hay claridad sobre cuántas operan
como tales y cuántas son simples unidades
dentro de las instancias de procuración de
justicia locales”.

Proyecto en pañales
Desde que fue designada como titular de
la CNB, Quintana ha recibido al menos 120
llamadas de distintas partes del país para
solicitar apoyo en la búsqueda de personas
desaparecidas.
Y considera que el teléfono de la institución “todavía no timbra lo suficiente”. Explica: “Creo que estamos en un proceso de
darnos a conocer, aunque la CNB se creó

aunque los tenga, nadie lo ha reclamado.
Indica el especialista del Incifo que
cuando un cadáver llega a esta instancia en
calidad de desconocido, se elabora un formulario que incluye información que posibilitaría conocer la identidad de la persona;
en este proceso intervienen odontólogos,
fotógrafos, dactiloscopistas, antropólogos y
biólogos, entre otros expertos.
Aunque no siempre se logra descifrar
quién ingresó al forense, en los casos en los
que sí se tiene conocimiento resulta no ser
suficiente. El especialista ejemplifica con la
muerte de una persona en la vía pública:
aunque porte alguna credencial que coincida con sus rasgos físicos, se considera un
dato válido cuando ha sido cotejado por un
experto mediante un método de identifica-

Quintana Osuna. Reto titánico

ción, como la comparación de la huella dactilar con la que aparece en el documento;
aun así, la persona continuaría en calidad
de desconocida hasta que algún familiar o
amigo se presente a identificarla.
Según datos obtenidos por una petición
de acceso a la información, entre 2012 y
2017, 23% de los cuerpos que la UNAM recibió del Incifo fueron reclamados por sus
familiares. La universidad, al firmar los convenios de colaboración, se compromete a
entregar los cadáveres que han sido plenamente identificados.
Una de las personas que corrió con más
suerte permaneció en el anfiteatro de la
UNAM dos días: fue un hombre de 45 años
que murió por un trauma múltiple. La historia fue distinta para una joven de 30 años

reportes diarios de desapariciones. “Son
indispensables para tener una idea mucho
más cercana de la crisis, de la realidad de
cada estado para saber cómo abordarla
porque el dinero que necesite cada comisión local va a depender del índice de
desapariciones oficiales registradas en esa
entidad”.
De los poco más de 400 millones de
pesos de los que dispone la CNB para
operar el SNB, la mitad será destinada a la
creación de las comisiones locales. El reto
es mayúsculo si se considera que en materia de desaparición en México “hay dos cifras negras: la real, la de la persona que no
denunció o que se acercó a hacerlo y no le
hicieron caso, y la relativa a la forma en que
se ha reunido la información por estado y
la clasificación de algunos delitos, como la
trata de personas y el secuestro”.
Puntualiza: “Debemos saber con precisión si la víctima fue ejecutada o apareció
para hacer el match con el registro de ADN
de los desaparecidos”.
Refiere que en términos de protocolos
de actuación la CNB está “en pañales”, y
también en omisión legislativa, pues dice
que la administración anterior tampoco
avanzó en “las líneas básicas” para buscar
personas tomando en cuenta perfiles de
víctimas y modus operandi de desaparición
por regiones y estados.
Insiste en que los modus operandi en
función del perfil de víctimas son fundamentales para determinar los protocolos de
actuación de la CNB porque eso impacta
en los planes de búsqueda.
Con 20 personas bajo su mando, la
comisionada puntualiza que parte de sus
objetivos es continuar la búsqueda de
desaparecidos de la mano de sus familiares. “No somos policías, no somos agentes
del Ministerio Público; somos buscadoras y
buscadores. Eso significa que aún sin una
denuncia penal basta una noticia o un reporte para comenzar a buscar”, aclara. O

que falleció por heridas de arma punzocortante en el tórax y en el abdomen; ella fue
reclamada casi tres meses después de haber llegado a la UNAM.
A la falta de coordinación se suma la
lucha contra el tiempo. En última instancia,
cualquier persona que muera en la Ciudad
de México, con nombre y que esté siendo
buscada, también puede terminar en una
escuela de medicina si no tiene la suerte de
que su familia dé con la instancia adecuada en el momento adecuado, si no tiene la
suerte de ser hallada a tiempo: antes de las
72 horas.
*Esta investigación se llevó a cabo como parte de
la maestría en periodismo sobre políticas públicas
que imparte el CIDE.
2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

31

MATHIEU TOURLIERE

E

l gobierno de Andrés Manuel
López Obrador enfrenta una
doble crisis en las fronteras de
México.
En el sureste, albergues y
organizaciones de la sociedad
civil se encuentran desbordados ante la
llegada de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos, principalmente centroamericanos, en situación de precariedad
extrema.
Los activistas en esa región fronteriza advierten que el actual “descontrol”
podría desembocar en un “colapso” de
la ayuda humanitaria. Señalan que, más
allá del discurso de respeto a los derechos
humanos que promueve el gobierno federal, se dibuja de nuevo una política “dura”
de contención migratoria.
Al mismo tiempo, el gobierno de Donald Trump aumentó su presión para
obligar México a detener la migración
centroamericana: en algunas ciudades
fronterizas del norte, como Tijuana y
Ciudad Juárez, las autoridades estadunidenses cerraron carriles en los puntos
fronterizos, lo que generó filas de vehículos que tardaron hasta ocho horas para
cruzar los puentes.

“Estamos en el sándwich ahorita”,
confesó Tonatiuh Guillén López, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), el pasado 28 de marzo. El
gobierno mexicano aseguró que su política al respecto continuará enfocada en una
migración “segura, ordenada y regular”.
Sin embargo, desde principios de año
las autoridades nacionales prácticamente
dejaron de entregar tarjetas de visitantes

por razones humanitarias –dieron 11 mil
823 en enero y apenas mil 24 en marzo–,
no regularizó a más migrantes y congeló
el otorgamiento de “oficios de salida” a los
migrantes cubanos, haitianos y extrarregionales (africanos y asiáticos) que se encuentran varados en el sur.
Tan sólo en los primeros dos meses del
año, las autoridades mexicanas detuvieron
a 16 mil 611 migrantes centroamericanos y

Atrapado entre las promesas de un cambio radical en
su política migratoria y las presiones del presidente
estadunidense Donald Trump para que contenga la
oleada de solicitantes de asilo, el gobierno mexicano
se enfrenta al descontrol en sus fronteras. Los activistas de derechos humanos admiten que esa situación
puede deberse a que la nueva administración todavía
no toma completamente las riendas, pero también sospechan que quiere dejarlos solos para que colapsen. El
hecho, dicen, es que ahora se deporta a más migrantes
que en el sexenio anterior.

Crisis migratoria

Chiapas. Campamento de hondureños

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2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

Eduardo Miranda

de norte a sur

deportaron a 13 mil 643 de ellos, es decir,
un promedio de 231 personas por día. Además, el INM deportó a mil 876 menores de
11 años, 25% más que el año pasado.
En marzo los agentes del INM detuvieron a 12 mil 700 personas (un aumento de
23% en comparación con febrero), según la
cifra que la dependencia adelantó a Proceso y que supera las 11 mil 779 detenciones
que realizó el INM en marzo de 2018, en la
administración de Enrique Peña Nieto.
Además, el pasado jueves 4 el gobierno deportó a 71 ciudadanos haitianos a su
país, una cantidad inédita en la historia
reciente: el año pasado, el INM deportó a
dos haitianos, quienes se sumaron a los
27 de 2017; prácticamente todos bajo el
programa de retorno asistido.
A su vez, las autoridades estadunidenses reportaron que en los primeros
tres meses del año más de 234 mil personas entraron a su territorio desde México,
ya sea de manera irregular –alrededor de
200 mil fueron detenidas al intentarlo– o
presentándose en los puntos de internación. Esto implica un incremento superior
al 150% a las que ingresaron en el mismo
periodo del año pasado.
Trump, quien trabaja en su reelección
para 2020, aprovecha la situación fronteriza para justificar su declaración de
“emergencia nacional”, que le permitiría
desbloquear fondos destinados a la construcción del muro fronterizo sin pasar por
el Congreso, de mayoría demócrata.
Esta crisis también le da pauta para
atacar y chantajear a México desde sus
redes sociales, como lo hizo durante la
campaña presidencial de 2016. En las últimas dos semanas declaró que el gobierno
mexicano “no hace NADA (sic) para detener los flujos migratorios”, amenazó con
cerrar por completo la “maldita frontera”,
imponer aranceles sobre los automóviles
y cobrar una multa de 500 mil millones de
dólares a México, entre otras medidas.
En sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador se negó reiteradamente a responder los insultos de Trump;
prefirió subrayar su “buena relación” con
el gobierno estadunidense. Al respecto, el
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, declaró el miércoles 3
que el silencio del gobierno mexicano responde a una “estrategia” para “cuidar los
intereses” del país, pero no detalló en qué
consiste. “Ésa va a ser la posición mexicana”, refrendó de todas formas.

Caos en el sur
Cada día miles de centroamericanos cruzan la porosa frontera sur de México. Muchos tomaron la decisión de huir de sus
países en menos de 48 horas; no tienen
proyecto migratorio ni de vida. Si bien entre octubre y febrero entraron 30 mil 105

AP photo /Jacquelyn Martin

MI G R AC I ÓN

Trump. Más amenazas

personas en caravana, la enorme mayoría
sigue ingresando de manera clandestina.
El Centro de Derechos Humanos Fray
Matías, en Tapachula, ya atendió a 5 mil
900 personas en los primeros tres meses
de 2019, mientras que en todo el año pasado acudieron al centro únicamente 5
mil personas. “Hoy había 200 personas en
nuestra oficina, casi todas familias, muchísimos niños y niñas, y cuatro bebés recién
nacidos”, dice con alarma Salvador Lacruz,
coordinador de incidencia del centro.
Además de los refugiados centroamericanos, se observó un “repunte muy
fuerte” de migrantes provenientes de distintos países de África y Asia, pero también de Cuba y Haití.
En la Estación Migratoria Siglo XXI, en
Tapachula, cuya capacidad máxima es
de 900 personas, se amontonan mil 600.
“Hace falta higiene más que nunca, la
alimentación es insuficiente, las enfermedades infecciosas van pululando en
el interior del inmueble. Es un caos. (Las
autoridades) perdieron el control de la situación, la verdad”, señala Lacruz.
El pasado 20 de marzo, el INM cerró
su oficina de regularización en Tapachula
después de que un grupo de cubanos entró por la fuerza a exigir “salvoconductos”
para viajar al norte. Un agente resultó herido. Y el pasado viernes 5 el INM anunció
que las instalaciones permanecerán cerradas otros dos meses.
Sin acceso a los servicios de regularización, grupos de migrantes salieron en
pequeñas caravanas por la costa chiapaneca. Las autoridades improvisaron un
campo de refugiados en el auditorio del
municipio de Mapastepec, a un centenar
de kilómetros de Tapachula.
Más de 2 mil personas hacinadas esperan que el INM les entregue tarjetas

de visitantes por razones humanitarias,
aunque la institución advirtió que sólo las
proporcionará “a quien lo amerite” y después de registrar sus datos.
Una situación similar impera en Tabasco. El pasado miércoles 3, el albergue
de migrantes La 72, situado en Tenosique,
estaba a punto de colapsar: a lo largo del
año pasado pasaron por ahí 3 mil 500 personas, y tan sólo en los primeros tres meses de 2019 sus voluntarios ya atendieron
a 5 mil, entre ellas muchas mujeres y menores de edad, e incluso abuelos, todos en
situación de extrema precariedad.
“Te puedo asegurar que es el mayor
flujo migratorio que hemos visto en la
historia de La 72”, sostiene Ramón Marqués, el director del albergue. Esa tarde
sirvieron comida a 350 personas y preveían que en la noche acudirían al menos 100.
“Estamos en un momento extremadamente crítico, los voluntarios están en
la urgencia todo el día. Hoy, por ejemplo,
recibimos entre 80 y 100 personas”, señala
en entrevista.
El activista opina que el gobierno federal desatendió el problema “para que se
agoten las organizaciones de la sociedad
civil, para extenuarnos”. Teme que esta
ausencia provoque miedo y expresiones
de rechazo hacia los migrantes en las comunidades por las que pasan.

Presión en el norte
El pasado lunes 1, el Departamento de Seguridad Nacional estadunidense, encabezado por Kistjen Nielsen, desplegó a 750
agentes adicionales en la zona fronteriza
con México, redujo su personal en las garitas y cerró algunos carriles de los puentes
internacionales.
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Eso provocó un caos en los puntos
fronterizos: todavía en la tarde del viernes 5 los vehículos comerciales tardaban
en promedio siete horas para cruzar la garita de San Ysidro (dos horas y media en
la línea rápida), mientras que en Ciudad
Juárez el tiempo promedio de espera para
vehículos de carga se extendía entre tres y
ocho horas en las líneas normales.
Así se concretaron en acciones las
amenazas que el gobierno de Trump envió
a su contraparte mexicana en las últimas
dos semanas. En reiteradas ocasiones el
mandatario estadunidense aseguró que
cerraría por completo la frontera si México
se negaba a detener la migración.
El viernes 5 Trump viajó a Calexico, California, donde refrendó la necesidad de
declarar una “emergencia nacional” y de
construir el muro, pues el sistema estadunidense ya no podía atender más solicitudes de refugio.
Paralelamente, el gobierno de Estados
Unidos endureció el programa Protocolos
de Protección a Migrantes (PPM), mejor
conocido como “Quédate en México” y a
través del cual devuelve al otro lado de la
frontera mexicana a solicitantes de asilo
centroamericanos hasta que un juez de
migración determine si les otorga protección internacional o no.
Desde que comenzó a aplicarse el PPM,
el pasado 29 de enero, las autoridades estadunidenses ya regresaron a alrededor de
mil 200 solicitantes de asilo a Tijuana y a
Mexicali. El 1 de abril, Nielsen informó en
un memorando que “expandirá inmediatamente” este programa a otros puntos
fronterizos. Advirtió que ya no devolverán
a 20 solicitantes de refugio diariamente,
como actualmente, sino a “cientos de migrantes adicionales por día”. El gobierno
mexicano no reaccionó.

Benjamín Flores

Benjamín Flores

Guillén López. “Estamos en el sándwich”

ceso a documentos para los centroamericanos con un plan de inversión en el sur
de México y en Centroamérica a fin de
ofrecer empleo a los migrantes y detonar
el “desarrollo” de la región.
El mensaje resultó esperanzador para
las organizaciones civiles, que durante el
sexenio de Peña Nieto denunciaron la brutal política de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, con la que el
gobierno mexicano deportó a 699 mil 497
centroamericanos.
A tres meses de su aplicación, sin embargo, los activistas expresan sus dudas
sobre los alcances de la nueva política.
“Nos preocupa que dentro de la Secretaría de Gobernación hay discursos diferentes, señales contradictorias”, subraya
Ana Saiz, directora de la organización Sin
Fronteras.
En entrevista con Proceso, la activista afirma que Alejandro Encinas –el
subsecretario de Derechos Humanos de
Gobernación– y Guillén defienden los
principios anunciados en diciembre, pero
que la secretaria Olga Sánchez Cordero
adopta una línea más enfocada hacia la
contención de migrantes, que ella denomina “regulación”.
Las autoridades “han generado esta
confusión; desde la sociedad civil hemos
pedido que se aclare y que se haga una
política de Estado congruente –dice Saiz–.
Vemos que sigue habiendo detenciones,
poco acceso a las solicitudes de asilo y un
acompañamiento hasta cierto punto de la
policía, que no son completamente congruentes con los anuncios en la materia”.
En efecto, las cifras que el INM proporcionó a este semanario muestran que, entre enero y marzo de este año, el gobierno
de López Obrador otorgó menos tarjetas
de visitante regional y de trabajador fron-

Posturas encontradas
En diciembre pasado el gobierno de López
Obrador anunció su “nueva política migratoria”, alineada al Pacto Global de la ONU
para una Migración Segura, Ordenada y
Regular, la cual combinaría un mayor ac-

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Sánchez Cordero. Por la regulación

terizo que el de Peña Nieto en el mismo
periodo de 2018.
La administración actual se distinguió
a principios de año por entregar 18 mil 271
tarjetas por razones humanitarias a los
integrantes de las caravanas migrantes.
Sin embargo, el pasado 12 de febrero el
INM anunció el fin del “programa de tarjetas humanitarias” y dejó de otorgar ese
documento.
“No se trató de un programa, fue una
acción aislada, arbitraria en cierto modo.
Es lo que preocupa”, dice Saiz.
La Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar), presentada como
un actor central en la gestión de la crisis
migratoria, está colapsada: tiene 33 mil
650 solicitudes de refugio rezagadas y ya
recibió 12 mil 716 peticiones adicionales
desde principios de año. Por si fuera poco,
el gobierno de López Obrador le recortó 6
millones de pesos a su presupuesto, de por
sí insuficiente.
En paralelo, el INM incrementó el número de detenciones de migrantes: de
8 mil 556 en enero pasó a 12 mil 770 en
marzo.
“En la práctica se impone de momento
la visión más dura”, resalta Lacruz, quien
reconoce que “la administración (actual)
todavía no termina de asumir el poder.
A lo mejor los altos mandos del INM han
cambiado, pero los operadores y los mandos medios son los de siempre, al menos
en Tapachula. Tenemos cada vez más la
sensación de que operan sin control. En
el centro de detención es muy claro el
descontrol”.
Tanto Saiz como Lacruz señalan que
la situación en el sur está estrechamente
vinculada a la del norte. “Nadie niega que
las presiones de Estados Unidos han sido
muy fuertes”, admite la primera. Lacruz,
en cambio, estima que “existe una clara
intención (de Sánchez Cordero) de someterse a Estados Unidos para no tener más
problemas de los cotidianos”.
La secretaria Sánchez Cordero encabezó una delegación que viajó a Miami para
reunirse con Nielsen el pasado 27 de marzo. Dos días después, la funcionaria mexicana anunció que se estaba organizando
un grupo de hasta 20 mil personas en Honduras, con la intención de viajar a Estados
Unidos en una “caravana madre”.
Nunca hubo tal caravana. El gobierno
de Honduras envió una carta al gobierno
mexicano en la que se quejó de las declaraciones “sin sustento” de la secretaria, las
cuales “desataron un movimiento extraordinario e inesperado en redes sociales” y
que podrían convertirse en “detonantes de
la migración irregular”.
Posteriormente, Guillén informó que
Sánchez Cordero había tomado la información de “redes sociales”. (Con información de Javier Cruz Aguirre.)

HI S T O RI A

La tierra natal de Zapata,
con títulos históricos pero

Margarito Pérez Retana / Procesofoto

fraccionada

A lo largo de una centuria, el ideal de “tierra y libertad”
que enarboló Emiliano Zapata al iniciar su revolución
agraria no logró cristalizar a cabalidad en Anenecuilco, Morelos, lugar de nacimiento del Caudillo del Sur,
de cuyo asesinato, ocurrido en 1919, se cumplen 100
años el próximo miércoles 10 de abril. Los documentos históricos que reivindican la legalidad de las tierras de la región en favor de los campesinos locales
sobrevivieron a la violencia y a la depredación, pero
esos terrenos no han resistido a las pugnas políticas
ni a la lotificación para viviendas.

JAIME LUIS BRITO

A

NENECUILCO, MOR.- Las tierras
por las que Emiliano Zapata
Salazar inició la revolución en
marzo de 1911 se han venido
reduciendo en los últimos 100
años. Los cultivos tradicionales –maíz, frijol, calabaza, hortalizas,
caña– han sido sustituidos por varilla, cemento y ladrillos.
Miliano, como lo llamaban, nació el 8
de agosto de 1879 en esta comunidad. Fue
bautizado con el nombre que le dio el calendario. La casa donde su madre dio a luz
es ahora un museo olvidado que atesora
en su caja fuerte los documentos originales
de la propiedad de la tierra. Estos papeles le
fueron entregados al caudillo el domingo
12 de septiembre de 1909, el día en que fue
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Los desencantados
de la Cuarta Transformación

A

Margarito Pérez Retana / Procesofoto

El Caudillo del Sur. Símbolo

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El agravio

El 1 de julio de 2018, como todos los
opositores al Proyecto Integral Morelos
(PIM), Jorge salió a votar. Y lo hizo, dice,
por Andrés Manuel López Obrador. Muchos
de sus compañeros son militantes activos
de Morena desde su fundación.
Meses después, en enero pasado, Jorge presentó una solicitud para conformar el
Partido Auténtico Zapatista (PAZ). En esos
días el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) había cargado fuerte contra
el presidente López Obrador por los megaproyectos que intenta impulsar, en particular el Tren Maya.
Jorge descalificó fuertemente a los zapatistas: “Son una invención de Carlos Salinas
de Gortari –declaró–. No estamos de acuerdo
con ellos. Yo no comulgo con ellos”.
Días después asistió a la “conferencia
mañanera” en la cual López Obrador anunció que acudiría a Morelos a declarar el
2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar”. Jorge aprovechó para regalarle al mandatario un sombrero de
los que usaba su abuelo. López Obrador se
lo puso para la foto.
Era la luna de miel del zapatismo morelense con la Cuarta Transformación.
Al regresar a Morelos, Jorge Zapata enfrentó los reclamos de compañeros que se
oponen el PIM:

El 12 de enero, el presidente López Obrador
visitó el balneario el Axocoche, municipio de
Ayala. Al lugar llegaron miles de personas:
familiares del general Zapata, campesinos,
líderes… El propio obispo emérito de Ecatepec, Estado de México, Onésimo Cepeda,
también se hizo presente.
En ese acto se declaró oficialmente 2019 como el “Año del Caudillo del Sur,
Emiliano Zapata Salazar”. En el templete
principal, al lado de López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, estuvieron el
gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y funcionarios federales, así como Jorge Zapata y otros de
los nietos del líder del Ejército Libertador
del Sur.
Antes de que el presidente hiciera uso
de la palabra, habló Jorge: “Muchos me
cuestionaban: ‘¿Por qué no aprovechaste y
le pediste al presidente que cancele la termoeléctrica?’”, expuso.
Y remató: “No lo hice porque lo dejé
para hoy. Señor presidente, quiero pedirle a
nombre de mis compañeros que cancele la
termoeléctrica porque es un proyecto que
hicieron los gobiernos corruptos de Calderón y Peña Nieto. Por eso, por las afectaciones que nos produce, quiero pedirle,
señor presidente, que cancele ahorita esa
termoeléctrica”.
López Obrador se inquietó. Pidió información al gobernador Blanco y a sus

nombrado calpulelque de Anenecuilco, según escribió Jesús Sotelo Inclán en su libro
Raíz y razón de Zapata.
En esa misma asamblea se eligió al
“secretario”, que estaría a cargo de cuidar
los títulos originales de la tierra. Esa función recayó, por orden de la asamblea, en
Francisco Franco Salazar, primo hermano
de Emiliano, a quien todos apodaban Chico. Él se hizo cargo de la custodia de los
documentos aun después de que el Caudillo del Sur fue asesinado y continuó con
las gestiones para defender la tierra por
muchos años, hasta que, en 1947, luego de
cuidarlos por más de 30 años, se los entregó a su esposa. El 21 de diciembre de ese
año fue asesinado por elementos de la Policía Estatal y del Ejército.
Sotelo Inclán cuenta cómo, después de
este crimen, la viuda hizo saber de los documentos, que permitían la protección le-

gal de las tierras de Anenecuilco, aquellas
que la comunidad entregó a Emiliano para su defensa.
En una carta inédita hasta hace poco,
que Proceso pudo revisar en el archivo de
la familia Franco, se da cuenta de la lucha
que Chico Franco, como guardián de las
tierras, tuvo que librar, incluso contra los
propios descendientes de Emiliano. Está
fechada en Anenecuilco el 26 de junio de
1943; la firman Chico Franco y Tirso Quintero, quienes la dirigen al entonces presidente Manuel Ávila Camacho:
“Como Ud. podrá recordar, el 11 de abril
del presente año, tuvimos la honra de hablarle en la ex-hacienda de San Nicolás,
hoy Galeana [...] En aquella ocasión expusimos a Ud. cómo habíamos sido interrumpidos en nuestra pacífica posesión por un
grupo de vecinos de Villa de Ayala, que armados y protegidos por algunas autorida-

JAIME LUIS BRITO

NENECUILCO, MOR.– Jorge Zapata,
nieto del “Caudillo del Sur”, se detiene a pensar un instante. Luego
exhala: “Más que traicionado, me
siento decepcionado de la Cuarta Transformación. Y no sólo yo: millones de gentes
que votamos con la esperanza del cambio
hoy nos sentimos decepcionados. Queríamos un cambio y nos salió vana la nuez”.
Este campesino, cuyo lazo familiar con
el general Emiliano Zapata ha sido puesto en duda innumerables veces, añade: “No
hay vuelta de hoja: estos megaproyectos
de muerte que están imponiendo en todo el
país son para que unos cuantos –la mayoría extranjeros– vengan a enriquecerse con
nuestros recursos, y está en nosotros que
les entreguemos todo o defendamos todo,
pensando ya no en nosotros sino en las futuras generaciones. La lucha que se avecina no es por nosotros. Es por las futuras
generaciones”.

–¿Le dijiste a López Obrador que cumpla y nos quite la termo(eléctrica)?” –le
preguntaron.
–No era el momento –les respondió.

Jorge Zapata. Indignación

funcionarios. Y cuando tomó el micrófono rompió el corazón de sus aliados, entre
ellos el del activista Samir Flores, uno de
los principales opositores a la termoeléctrica, quien fue asesinado semanas después,
el 20 de febrero.
“Les acabo de decir que el presupuesto
es del pueblo y esa termoeléctrica no es de
la iniciativa privada; es de la Comisión Federal de Electricidad, la que no se va a privatizar ya. Por eso les propongo opciones.
Denme un mes para responder. Voy a analizar bien el tema y luego les daré opciones”,
expresó López Obrador.
Jorge Zapata siguió con sus empeños
por detener el PIM. Buscó a López Obrador durante los siguientes 30 días. Fue recibido en la Secretaría de Gobernación, en la
Ciudad de México. No obtuvo resultados.
Tampoco pudo hablar con el presidente, dice al corresponsal.

des de la Delegación Agraria del Estado, se
apoderaron de nuestras tierras que ya estaban preparadas y aún sembradas para
los cultivos de este año [...] Habiendo escuchado Ud. nuestras razones ordenó que se
nos dejara a nosotros en posesión de esas
tierras mientras se preparaban otras para
darlas a los vecinos de Villa de Ayala, quienes debían dejar las nuestras inmediatamente para que no fueran a seguir creando intereses. Pero a pesar de haber sido sus
órdenes tan claras y terminantes algunas
autoridades inferiores del Departamento
Agrario se han empeñado en desconocerlas [...] Entre otras cosas afirman que Ud.
pidió que se respetara la parcela de Nicolás
Zapata, pero no todas las afectadas.”
En la carta se denuncia al hijo mayor
reconocido por Emiliano Zapata, Nicolás,
de haberse apropiado de una cantidad mayor de tierra de la que tenía en dominio.

El 10 de febrero, antes de cumplirse el
mes, López Obrador regresó a Cuautla, al
balneario El Almeal. Ahí confirmó la decepción de los comuneros y fue más allá. Ante
el grito de “agua sí, termo no”, que coreaban los opositores a la termoeléctrica, sentenció: “Escuchen, radicales de izquierda,
para mí no son más que conservadores”. Y
señaló que, aunque haya “gritos y sombrerazos”, será el pueblo el que decida a través de una consulta.
En el templete estaba Jorge Zapata con
la cara desencajada. Fue la última vez que
estuvo junto a López Obrador, al menos
públicamente. El 23 y 24 de febrero se realizó la consulta, y aunque Jorge y los opositores la descalificaron e incluso intentaron
boicotearla, los resultados oficiales dieron
el respaldo al PIM.
El nieto del general suriano incluso presentó sendas impugnaciones ante el Tribu-

nal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ante un tribunal estatal, e
interpuso un amparo ante un juez federal.
Fue en vano. El TEPJF y el juez federal rechazaron sus recursos y el tribunal estatal
se declaró incompetente.
En entrevista con Proceso, Jorge responde: “Desgraciadamente, nos salió vana
la nuez y esos 30 millones de votantes que
queríamos un cambio pacífico, pues ahora
nos arrepentimos… Pero, bueno, en vez de
estarnos lamentando tenemos que buscar
una solución y unificar nuestros esfuerzos”.
Y añade: las trasnacionales “vienen por
todas las canicas, por todos los recursos
naturales del país”, mientras los gobernantes “nos están dejando puras drogas (deudas) y las ganancias ellos se las reparten y
aquí no pasó nada”.

Contra los “proyectos de muerte”
Jorge Zapata, quien tiene más de 60 años,
mantiene vivos los ideales del divisionario
suriano.
–¿Cómo entiende usted la lucha de
Emiliano Zapata? –se le pregunta.
–Los que de veras entendemos lo que
fue la lucha de mi abuelo no queremos que
su muerte, su sacrificio, sea en vano. A través de estos 100 años en que mi abuelo perdió la vida, ese ejemplo de amor a la
tierra, de amor a sus semejantes, es lo que
nos motiva a rescatar esos ideales que el
gobierno quiere que queden enterrados en
la historia”.
Dice que toca a esta generación retomar el ideal zapatista: “Para bien o para
mal, a nuestra generación le tocó estar en
una situación parecida a cuando él (Emiliano Zapata) hizo su revolución. Entonces vi-

Margarito Pérez Retana / Procesofoto

Margarito Pérez Retana / Procesofoto

HI S T O RI A

Anenecuilco. Obra pública abandonada

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Margarito Pérez Retana / Procesofoto

Villa de Ayala, Morelos. Movilización comunitaria

vimos una época parecida en la que sólo
acatamos las imposiciones de los malos gobiernos y el pueblo se hunde cada
vez más en la miseria y unos cuantos ricos van saliendo otra vez. Entonces, todo
eso es lo que nos motiva a continuar esa
lucha que claramente nos la dejaron bien
representada en el Plan de Ayala”.
A 100 años del asesinato de Emiliano
Zapata, que se cumplen el miércoles 10,
“nos toca corresponder a ese gesto” que
significó ofrendar la vida por la defensa
de la gente, de la tierra y del agua.
Agrupaciones civiles y opositores a la
termoeléctrica tienen previsto realizar la
novena sesión del Congreso de Pueblos
de Morelos, organizado por la Asamblea
Permanente de Pueblos de Morelos, este
domingo 7 en Anenecuilco. El martes 9 se

En el reportaje histórico “Zapata: su
pueblo y sus hijos”, publicado por la revista
Historia Mexicana (El Colegio de México, octubre-diciembre 1952), el historiador Mario Gill señala que la defensa de las tierras
y la denuncia de despojo, dirigida incluso
contra algunos de los familiares de Zapata, le pudo traer la muerte a Chico Franco.
De acuerdo con Mario Gill, el primero
en despojar a Anenecuilco de las mejores
tierras fue Nicolás Zapata, quien en 1940,
cuando fue diputado local y federal priista, “abusando de su influencia política y
sobre todo de su apellido, y aprovechando
la tolerancia de Eleazar Roldán y Sebastián Luna, comisarios ejidales, se apoderó de las mejores tierras de Anenecuilco”,
que arrebató a otros ejidatarios. A mediados de los años cuarenta, Nicolás tenía más de 400 hectáreas que convirtió en
cultivos de riego.

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estaría efectuando en Amilcingo, la tierra
de Samir Flores, un Encuentro Nacional
de Pueblos, mientras que el miércoles 10
habrá una movilización nacional e internacional en la Hacienda de Chinameca,
donde cayó el caudillo hace 100 años.
Zapata agradece esos gestos solidarios, pero, aclara, la familia del general sólo organizará una velada el martes 9,
que iniciará por la tarde con una misa, seguida de un acto cultural que se extenderá hasta la noche.
“La familia Zapata no acudiremos a
estas movilizaciones ni estaremos presentes en los eventos oficiales. ¿Por qué?
Porque no comulgamos con la forma en
la que quieren celebrarlo. Nosotros conmemoraremos y recordaremos su asesinato, nada más”, informa. O

Los Títulos Primordiales
Luego del asesinato de Chico Franco, los
documentos de Anenecuilco recorrieron
un largo camino. Existen copias de ellos:
“Son varios lotes con las copias de los Títulos Primordiales de Anenecuilco. El primer lote lo tenía Esperanza Franco –hija
de Chico Franco–; se lo llevó a la Ciudad de
México. Entre 1947 a 1990, el archivo estuvo en la casa de Jesús Sotelo Inclán”, dice a
Proceso el periodista Mario Casasús.
Añade: “El segundo lote lo tenía Demetria Sánchez, viuda de Franco, y se lo
entregó –mediante amenazas– a Nicolás
Zapata. Este juego de copias fue repartido entre algunos amigos de Nicolás. Son
copias con poco valor, sin el fetiche de las
huellas dactilares de Zapata. El ‘lote original’, el que anduvo en ‘La Bola’ (las batallas de la revolución), el archivo que tocó

Zapata y le encargó a su primo Chico Franco lo conservó hasta el día de su muerte
Jesús Sotelo Inclán en 1989. Lamentablemente el historiador sufrió un accidente
automovilístico y murió intestado”.
Según Casasús, “Guillermo Sotelo Inclán (hijo de Jesús) vendió en abril de 1991,
en 5 millones de pesos, el archivo que resguardaba su hermano, al entonces presidente Carlos Salinas. A partir de entonces
las autoridades locales impusieron un oscurantismo sobre los Títulos Primordiales y la biografía de Chico Franco. En 1993
designaron como director del Museo Casa de Zapata a Lucino Luna, hijo del comisario ejidal Sebastián Luna, pieza clave
en el asesinato de Chico Franco; el equivalente sería que designen como director
del Museo de Chinameca a un hijo de (Jesús) Guajardo, o a un nieto de Victoriano
Huerta”.
El problema es estos documentos, explica, “son Patrimonio Cultural de la Humanidad, pertenecen al pueblo de México. El hijo menor de Zapata, Mateo Zapata,
dijo en 1991, ante el presidente Carlos Salinas, que ‘el gobierno de México debería
sacar copias de los Títulos Primordiales de
Anenecuilco y repartir las copas en todo el
país’. Estoy de acuerdo con don Mateo. En
aquella época no había acceso a internet;
hoy es viable el sueño de Mateo Zapata”,
dice Casasús.
Y es que, agrega, es necesario reconocer la historia de Francisco Franco Salazar,
pues “su importancia histórica tiene que
ver con su congruencia. Le ofrecieron comprarle los Títulos Primordiales; incluso viajaron coleccionistas del extranjero. Vivió la
clandestinidad protegiendo los documentos de su pueblo, los dio a conocer con Jesús Sotelo Inclán en Raíz y razón de Zapata,
lo torturaron y asesinaron, pero nunca entregó los Títulos Primordiales. Chico Franco
está a la altura de Zapata, pero en Morelos
pocas personas lo reconocen”.
El periodista considera que una buena
forma de conmemorar el asesinato de Zapata sería justamente dándole su lugar a
Chico Franco y desempolvando los documentos históricos de Anenecuilco. “Debemos conmemorar el Centenario luctuoso de Zapata exhibiendo los Títulos
Primordiales de Anenecuilco, debatiendo
el significado de la defensa de la tierra, reconociendo la organización de una comunidad”, sostiene.
Casasús ha tenido acceso a los documentos originales que guardó Chico Franco y los está escaneando. “Debo aclarar
–dice– que la transcripción data de la década de 1990; (se realizó) por iniciativa del
antropólogo Carlos Barreto Mark. El archivo digital será nuestro aporte en abril de
2019”.

HI S T O RI A
reas con 424 metros de plano general del
ejido, de las cuales mil 939 hectáreas con
765 metros estarían parceladas y 2 mil 713
con 423 metros serían superficie de uso
común, haciendo un total de 4 mil 659
hectáreas, en beneficio de 514 ejidatarios,
58 personas con posesión de tierra y 10
avecindados.
Según Bruno Castro, presidente del
comisariado ejidal de Anenecuilco, ahora hay aproximadamente 443 ejidatarios
reconocidos y algunos avecindados, más
500 posesionarios de la tierra. En entrevista, señala que sólo se observan lotificaciones en las parcelas que limitan con el
bulevar que comunica Cuautla con el municipio de Ayala.
A decir de Castro, no existen unidades
habitacionales o fraccionamientos en la
zona: “Pura casa y sólo en las orillas del
bulevar, pero no tengo idea de cuánta tierra se haya lotificado”.
Y es que, al final, la mayor parte de la
tierra en Morelos sigue siendo propiedad
social. En prácticamente todos los ejidos
del estado la tierra se vende a través de
una constancia de posesión que el comisariado le entrega a quienes compran la
tierra. Sin embargo, a menos que sea avalada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett),
cuyos procesos no son frecuentes, la tierra ejidal sigue teniendo ese carácter y sólo se le entrega una constancia a quienes
construyen casas, pero no una escritura.
Así, el comisario asegura que “son pocas” las constancias de posesión que ha
entregado en su periodo como líder agra-

Finalmente, advierte: “Los políticos y
pepenadores electorales no deben apropiarse del Centenario luctuoso de Zapata. Basta del oportunismo de alcaldes,
gobernadores y presidentes mal asesorados. Regresemos a la raíz y razón de Zapata, parafraseando a Jesús Sotelo Inclán.
De hecho, don Jesús proponía que el Museo Casa Zapata muestre permanentemente los Títulos Primordiales de Anenecuilco. Nadie le hizo caso –con la calidad
de las reproducciones actuales se puede
hacer una gran exhibición–, pero el Museo Casa Zapata es un elefante blanco
que proyecta películas de Walt Disney o
20th Century Fox: es un museo sin contenido, y eso significa un agravio del Estado
mexicano contra Chico Franco y el propio
Emiliano Zapata”.

Concluida la lucha armada, el 10 de julio
de 1920, poco más de un año después del
asesinato de Emiliano Zapata, José G. Parres tomó posesión del gobierno de Morelos. Entonces Chico Franco le presentó los
títulos primordiales que tenía en custodia
e hizo la solicitud para la restitución legal
de las tierras del poblado de San Miguel
Anenecuilco.
En octubre de 1921, los ejidatarios de
Anenecuilco tomaron posesión de 700
hectáreas. El 30 de noviembre de 1922, por
resolución presidencial, se creó el ejido
Anenecuilco.
Según documentos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
y del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), de las 700 hectáreas originales 381
se tomaron de la hacienda de Cuahuixtla
y 319 hectáreas de temporal y riego de la
hacienda La Concepción de El Hospital, en
beneficio de 95 jefes de familia y 18 varones mayores de 18 años. Es decir, fueron
113 ejidatarios en total.
Sin embargo, en mayo de 1950 se emitió una nueva resolución presidencial que
dotó al ejido de 4 mil 105 hectáreas: 244 de
riego, 232 de temporal y 3 mil 629 correspondientes a cerros. Esta tierra se entregó
a 90 personas en septiembre de 1950.
Pero también hubo una segunda ampliación de 67 hectáreas expropiadas a
la finca de Tenextepango, por resolución
presidencial, el 28 de agosto de 1974, que
benefició en marzo de 1977 a 69 personas.
Finalmente, en junio de 1987 hubo una
tercera ampliación de 152 hectáreas, aunque éstas correspondieron a áreas comunes y cerriles. Las 4 mil 872 hectáreas fueron distribuidas entre 270 ejidatarios.
Actualmente el Registro Agrario Nacional tiene reportadas 4 mil 770 hectá-

Margarito Pérez Retana / Procesofoto

Tierras en riesgo

rio, y no existe realmente un control de
éstas. Por ello es complicado saber cuánta
tierra se ha vendido. En todo caso, a lo largo de los cinco kilómetros que conforman
el bulevar entre los límites con Cuautla y la cabecera municipal de Ayala pueden observarse casas construidas y lotificaciones de varias parcelas. No obstante,
nadie puede confirmar cuánta tierra se
ha vendido.
Bruno Castro asegura que la mayoría
de los campesinos de Anenecuilco tienen
parcelas de riego y se dedican a la siembra de caña de azúcar, pues es la que menos agua necesita, aunque también es un
producto con precio fijo. Una parte de los
ejidatarios entrega su caña al ingenio La
Abeja de Casasano, en Cuautla, y otra parte entrega la vara dulce al Emiliano Zapata, la vieja molienda fundada por el líder
guerrillero y zapatista Rubén Jaramillo,
ubicada en Zacatepec.
Aquellos que siembran por temporal
prefieren el cultivo de maíz y sorgo “porque la siembra ligera –las hortalizas– no
conviene; luego se levantan buenas cosechas, pero no hay precio y terminas perdiendo”, comenta el líder ejidal.
Jorge Zapata, nieto del Caudillo del Sur,
afirma que nadie quiere vender la tierra, pero la falta de apoyo a los productores hace que éstos prefieran lotificarla a
arriesgarse a perder la cosecha. La historia de las tierras de Anenecuilco, que provocaron la lucha revolucionaria de Zapata, siguen ahí, destinadas a la siembra
pero amenazadas por megaproyectos y el
abandono oficial.

Parte del Museo Casa Zapata

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

39

Olga Pellicer

Atrapados entre dos fronteras

L

os últimos días han sido de extrema complejidad para las relaciones exteriores de México. Las presiones contradictorias ejercidas desde la frontera norte y
la frontrea sur colocan al gobierno de López Obrador en una situación complicada.
Atrapado entre dos fronteras contrastantes, en las que se juegan intereses imposibles de conciliar, el momento que se vive
obliga al gobierno a tomar conciencia del
margen tan estrecho de maniobra que se
tiene cuando circunstancias internas en
nuestros países vecinos ameritan tomar
decisiones que, muy probablemente, serán erráticas y poco dignas, a más de dejar abierta una situación de alto riesgo en
la frontera sur.
El ultimátum que presenta Trump en
relación con la contención de los migrantes centroamericanos que atraviesan el
territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos tiene sus raíces en la campaña electoral para el 2020 que ya se ha
iniciado. Parte de dicha campaña es el
empeño de Trump en consolidar el apoyo de las bases que le dieron el triunfo
en 2016. A ellas va dirigida la insistencia en la construcción del muro que los
separe de México y las alertas sobre une
emergencia nacional imaginaria que,
según él, provoca la llegada de cientos
de miles de refugiados centroamericanos al territorio de su país.
Las armas para presionar a México a
fin de contener a los centroamericanos,
o recibirlos cuando se les niega asilo, son
muchas. Pueden ser cerrar la frontera, detener la ratificación del T-MEC o, por qué
no, denunciar el TLCAN. Tales amenazas
producen, con razón, enorme inquietud
en México. Es evidente que su efecto so-

40

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

bre la economía puede ser devastador. No
se necesita el cierre total de la frontera; la
demora para cruzar la aduana en Ciudad
Juárez-El Paso produce ya pérdidas de millones de pesos.
El reto para el gobierno de López
Obrador es grande; las posibilidades de
enfrentarlo, limitadas. Nueve meses después de su elección, AMLO sigue en campaña. Al preguntar a los asistentes a un
mitin que respondan a mano alzada si
debe tener una política prudente ante las
provocaciones de Trump, recibe apoyo y
genera simpatías. Pero con ello no avanza
un ápice en la construccion de una política que, por una parte, debe mantener
buenas relaciones con quien puede ahogar a la economía mexicana y, por la otra,
impedir que la frontera sur se convierta
en zona de hostilidad y enfrentamientos.
Para lograr lo anterior se requiere
de una gran habilidad diplomática, de
un equipo profesional conocedor de las
situaciones prevalecientes tanto en Estados Unidos como en Centroamérica;
asimismo con experiencia en el diseño de
estrategias para manejar situaciones de
crisis y alcanzar objetivos de largo plazo.
Ese equipo no existe. Los instrumentos
para conducir la política exterior no están
afinados; por el contrario, desentonan y
hacen evidente que no hay quién lleve la
batuta. Podrían contribuir a una estrategia de política exterior las opiniones de
“expertos y think tanks” que, por lo visto,
AMLO tiene en muy baja estima.
Cabe recordar que, en un primer momento, se dieron pasos muy acertados
para hacer de Centroamérica un motivo de buen entendimiento entre AMLO

y Trump. En la conversación telefónica
sostenida entre ambos en julio del 2018,
el recién electo presidente colocó sobre la
mesa un proyecto conjunto de desarrollo
integral para la región. Tal proyecto, que
permitiría crear empleo, la única manera de detener la migración hacia el norte,
contaría con un financiamiento en el que
Estados Unidos participaría sustantivamente; al mismo tiempo se han buscado
otras fuentes de financiamiento, así como
el apoyo de la CEPAL, para trabajar la parte conceptual y operativa. De haber tenido éxito, hubiera sido la acción de mayor
envergadura emprendida conjuntamente
por México y Estados Unidos para el desarrollo de la zona sureste de México y el
llamado triángulo del norte (Guatemala,
Honduras y El Salvador).
Desafortunadamente, el desarrollo de
los acontecimientos durante los meses
transcurridos desde julio del año pasado
cambió totalmente el panorama. Superada la incertidumbre por la elaboración
del Informe Müeller y eximido de acusaciones de arreglos con Rusia, Trump ha
iniciado su campaña para el 2020. Desde
luego, ha puesto fuera de sus prioridades
cualquier intento de proporcionar apoyo
a Centroamérica. Su objetivo es exactamente lo contrario: criminalizar cada
vez más a los migrantes y suspender los
programas de ayuda a los países del triángulo del norte que ya estaban aprobados
desde hacía dos años. Lo más probable es
que la Cámara de Representantes, ahora
dominada por los demócratas, detenga
una decisión tan descabellada.
Mientras Trump olvida cualquier compromiso con el desarrollo de Centroamé-

A NÁLIS IS
Helguera

Pirinola

rica, la región se adentra en un proceso
grave de descomposición económica y
política. Parte de ello son los flujos migratorios hacia el norte, que han tomado
otras características y otras dimensiones.
Encabezados por líderes que agrupan y
dan línea a contingentes numerosos, representan un fenómeno poco conocido
que, entre otras cosas, produce especulaciones y temores respecto al grado en
que pueda estar penetrado por el crimen
organizado.
Dentro de las condiciones de poca
coordinación en las filas del gobierno
mexicano, las medidas que se han tomado
para enfrentr la crisis y las declaraciones
que se hacen son erráticas. El canciller ha
dejado el tema en manos de la secretaria
de Gobernación. Se ha pasado del discurso de apertura, el otorgamiento de visas
por motivos humanitarios y permisos de
trabajo a un franco giro hacia exigencias
que conducen a limitar la entrada y a la
deportación. La opinión pública da muestras claras de preocupación por la situación en ciudades fronterizas en las que
los albergues están saturados y la presencia de los recién llegados no es bien recibida. El peligro de una ola de xenofobia
está presente.
No hay muchas esperanzas sobre lo
que se avecina. Ya se aceptó convertir a
México en una versión ligera de “tercer
país seguro”, sin haber obtenido nada a
cambio. Muy probablemente se intentará, sin posibilidades de éxito, sellar
la frontera sur. Quedará entonces una
bomba de tiempo en dicha frontera cuyas consecuencias se resentirán antes de
lo esperado. O

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41

Javier Sicilia

El reportero y las víctimas
Para Abiram Hernández, uno más de los cientos de miles
asesinados por la imbecilidad del desprecio.

E

l pasado 27 de marzo –un día
antes de conmemorar el octavo aniversario del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad (MPJD)–, un grupo
de reporteros de este semanario me
invitó a presentar un libro tan atroz
como digno: Los buscadores (Ediciones
Proceso, 2018).
El libro es un conjunto de reportajes
sobre testimonios de víctimas que, sobrepasando la violencia del crimen y la
corrupción del Estado, han ido en busca
de los desaparecidos y desaparecidas
del país.
Lo que llamaba mi atención no era
el libro mismo –la expresión de una
realidad cotidiana en nuestro país–;
tampoco los testimonios de las víctimas –que desde hace ocho años llevo
en mi corazón como una inmensa carga–, sino los reporteros que hicieron el
libro, tres de los cuales –Germán Canseco, Jaime Luis Brito y Noe Zavaleta–
lo presentaban esa tarde conmigo.
¿Por qué lo hacían? ¿Por qué desde 2011, en que nació el MPJD, no han
dejado de estar en el centro del horror,
dando testimonio del sufrimiento de
las víctimas? ¿Por qué, si no son víctimas directas, continúan haciéndolo, a
riesgo de su propia vida?
Sólo encuentro una manera de entenderlo: en ellos habita una virtud
ajena a nuestra época: la compasión, el
padecer con el otro o, para decirlo con
Daniel Jiménez Cacho y su colectivo: el
ponerse en los zapatos del otro.

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2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

Por lo general, el reportero es distante.
Si quiere ser objetivo no debe involucrar
sus sentimientos, no debe dejar hablar su
corazón. “Recuerda –me decía una amiga
cuando la prensa me asediaba en 2011–: los
periodistas no son tus amigos”. Y sin embargo –contra esa verdad–, ellos, al menos
los que han hecho el libro de Los buscadores,
lo fueron entonces y lo siguen siendo ahora. Desde aquel momento los he visto incansablemente acompañar con el corazón
a las víctimas, rastrear el horror, bajar con
ellas a las fosas, amplificar su voz.
La compasión es lo contrario del desprecio al estilo de Felipe Calderón que,
bajo la imbecilidad de celebrar con las frases de que “se están matando entre ellos”
o de que “algo habrán hecho”, vuelve la espalda a las víctimas y abdica de la justicia.
Pero también es lo contrario de la piedad
(una tristeza, dice Compte-Sponville, por
la tristeza de quienes sufren) con la que
otros las miran.
Aunque compasión y piedad suelen
confundirse no son lo mismo.
La piedad, como decía Rousseau, no es
una virtud, “es un sentimiento” un poco
mejor que el desprecio. No soslaya como
él a las víctimas. Pero al igual que él, las
mira de arriba abajo. Conlleva, por lo mismo, una parte de arrogancia, un sentimiento de superioridad que lleva a decir:
“Pobres de ellos que no tienen la suerte de
nosotros; me dan lástima” o que recientemente llevó al presidente de la República a
comparar a los pobres con animalitos que
sufren y que hay que cuidar.

La piedad es así una suficiencia que
pone de relieve la insuficiencia de su objeto y, en consecuencia, no irá nunca en
su auxilio. En todo caso puede, además de
la tristeza, suscitar la crueldad.
Hannah Arendt lo mostró al referirnos
cómo la piedad, que es abstracta, justificó
la violencia y la crueldad durante la instauración del Terror después de la Revolución Francesa. Por piedad al pueblo que
sufre, Robespierre y Saint-Just dejaron
de tener piedad por los adversarios reales o supuestos de la Revolución en sus
individualidades. De la misma forma, por
piedad a la nación, Benito Juárez ejecutó
a sus adversarios Maximiliano, Miramón
y Mejía; por piedad al proletariado, las
Brigadas Rojas enjuiciaron y ejecutaron
a la proletaria Germana Stefanini, que
trabajaba en la prisión de Rebbibia, donde estaban presos los compañeros de los
brigadistas.
Por el contrario, la compasión, a diferencia de la piedad, que, dice CompteSponville, es abstracta, globalizante y
llena de charlatanería, es concreta y singular. No mira de arriba abajo. Lo hace
de manera horizontal. Sólo existe entre
iguales. Es el vínculo entre quien sufre
y el que junto a él y en un mismo plano
comparte su sufrimiento. Es, dice Schopenhauer, el resorte por excelencia de la
moral y el origen de su grandeza. Por ello,
los reporteros de Los buscadores, al acompañar a las víctimas decidieron no sólo
estar con ellas y aliviarlas, sino no darles
la espalda, amplificando sus voces, mos-

AN Á L IS IS
Agustín Basave

Descifrando a AMLO,
el político

E
trando sus rostros con el fin de llamar
a la compasión de los otros y exigir la
justicia que el Estado les debe.
Contra la piedad, que comporta
una porción de desprecio y, a veces, en
nombre de los desdichados, no se tienta el corazón para producir otros más,
la compasión comprende lo particular
y, al comprenderlo, acompaña, alivia,
muestra en esas particularidades el
horror que nos habita para combatir
con claridad las causas que lo provocan. No se da la espalda a quien se
ama. Por ello también los reporteros
de Los buscadores no han dejado de estar con nosotros durante ocho años,
aun cuando por nuestra causa puedan
pasar a formar parte de las mismas
víctimas de este aciago país, como
ha sucedido con Javier Valdez, Regina
Martínez y sus alter egos, los defensores de los derechos humanos y de las
víctimas, como Samir Flores y recientemente Abiram Hernández.
Sin ellos, sin su compasión que los
llena de valentía y coraje, las víctimas
hace mucho habríamos sido enterradas en las fosas del desprecio, la piedad y el olvido.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés,
detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos
políticos, hacer justicia a las víctimas
de la violencia, juzgar a gobernadores
y funcionarios criminales y refundar el
INE. O

l mundo de la política es habitado por una legión de fulleros y un puñado
de soñadores. Pero esta minoría no puede
darse el lujo de mantener sus sueños a
salvo del pragmatismo, porque sin sagacidad y sin afán de mando jamás podría
hacerlos realidad. ¿Qué distingue entonces a unos de otros? Que mientras unos
persiguen prioritaria e inescrupulosamente su propio beneficio otros procuran
el platónico bien común. Pero le pongan
o no bridas a su astucia, todos aquellos
que llegan a gobernar han de hacer gala
de ella, so pena de incumplir sus anhelos
y anular sus designios.
Andrés Manuel López Obrador es, además de idealista, maquiavélico. Si no fuera
un habilidoso hombre de poder no se habría embarcado exitosamente en una tercera candidatura presidencial. Yo prefiero
al AMLO que contendió en 2006 al que lo
hizo en 2018 –porque aquel fue más selectivo en sus alianzas, porque estoy cierto
de que con la misma selectividad habría
ganado el año pasado, cuando el viento
social sopló a su favor, y porque pienso
que habría sido un mejor presidente sin el
encono que incubó hace trece años, tras de
ser víctima de un sucio proceso electoral–
pero mi preferencia es irrelevante. Lo que
ningún analista objetivo puede soslayar es
el hecho de que AMLO es un pícaro jugador de carambola que juega siempre a dos
o tres bandas, una en aras de sus principios y las demás –a menudo marcadas por
interpósitas personas– perpetuadoras de
su dominio político.
Veamos. La mayoría de sus decisiones esconden, bajo el propósito declarado, un cálculo electoral. Van tes ejemplos:

1) crear la figura de los “superdelegados”
pretende combatir el burocratismo y la
corrupción, pero también maniatar a los
mandatarios estatales y perfilar a sus sucesores; 2) imponer la austeridad a los órganos autónomos, a la sociedad civil y a
los partidos busca destinar más recursos
a los programas sociales, pero también
remover escollos a la 4T, por cierto mediante una singular innovación respecto
del pasado inmediato: si Peña Nieto enriquecía a sus contrapesos para cooptarlos,
AMLO los empobrece para debilitarlos; 3)
impulsar la revocación de mandato tiene
el propósito de apuntalar la democracia
participativa, pero también poner a AMLO
en la boleta del 2021 para darle más votos
a sus candidatos. Rechazar todo esto sería tan ingenuo –o tramposo– como negar que los abucheos a los gobernadores
son parte de una estratagema para socavar a las autoridades locales y propiciar la imagen de un primer mandatario
magnánimo sin el cual no puede haber
gobernabilidad.
La clave para entender el proyecto alternativo de nación de AMLO es su visión
alternativa de la cosa pública. Para él, los
equilibrios creados por el federalismo,
los otros Poderes de la Unión y las autonomías tenían sentido cuando el Palacio
Nacional era usurpado por tecnócratas,
en medio de la corrupción rampante del
periodo neoliberal, pero hoy constituyen
un estorbo. Más aún, tengo para mí que
AMLO no cree estar reeditando las artimañas que en el siglo pasado construyeron la hegemonía del PRI porque en
el fondo no concibe a Morena como un
partido sino como un entero, a la usanza
2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

43

callista, o mejor, como el movimiento y la
correa de transmisión de quienes quieren
cambiar a México (dicho sea de paso, yo
no preveo la reelección de AMLO, pero sí
vislumbro la tentación de un maximato). Privilegiar al morenismo, pues, no es
para él desnivelar la cancha: es aplanar
el terreno en el que se edificará la 4T. Los
adalides que poseen la certeza de que la
verdad y la historia están de su lado no
tienen que mentir para faltar a la verdad.
Cuando el idealismo se hace gobierno
y se mide en términos de redención los
ardides truecan en deberes. Y cuando muchos de los diques contra una presidencia caudalosa son cotos de corrupción, la
misión hace encarnar el autoritarismo.
Todos los líderes desean obediencia, pero
solo los autoritarios parten maniqueamente las aguas, estigmatizan al disidente y arrojan al opositor a la hoguera de las
redes sociales (por eso, porque en las conferencias mañaneras el Poder Ejecutivo se
erige también en judicial, AMLO prefiere
sentenciar a “los conservadores” ahí y no
seguir el cauce legal que desemboca en
los juzgados). Así, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción de que
hablaba Weber se confunden. Nada ha de
detener la epopeya; dudar o reconsiderar
son flaquezas imperdonables. He aquí el

44

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

riesgo que enfrentamos. No es tanto que
el poder excesivo corrompa –doy por bueno que AMLO es incorruptible– cuanto
que en ausencia de límites democráticos
el desacierto del poderoso que libra una
justa épica puede causar males épicos. Y
es que la ambición de AMLO no es vulgar
pero sí es enorme.
Concluyo con el factor temperamental: al idealista y al pragmático hay que
sumar al luchador. AMLO se forjó en la
lucha social, y son el choque y la polarización los que lo llevaron a donde está,
no el diálogo ni la conciliación. Aunque
su razón le exija prudencia ante su nueva
circunstancia, su pasión le dicta la actitud
que lo encumbró (véase su pulsión polarizadora en la pifia diplomática del video
en que pide a España que se disculpe, una
chispa sobre el pasto social secado por el
racismo mexicano). ¿Cómo se conjura el peligro? Con la comprensión de que el imperativo es dividir el poder, no el país, y
que lo único que conviene acopiar es la
conciencia de que también un presidente honesto y bienintencionado, y astuto y
sagaz, puede equivocarse y dañar a México si no hay algo que lo obligue a pensar
bien o incluso a enmendar sus decisiones.
Sí, como hizo el Senado en el caso de la
Guardia Nacional. O

E

sta semana me invitaron y luego des-invitaron a un debate en la radio sobre los intelectuales mexicanos.
Como me quedé con ánimo de exponer algunos argumentos, opto aquí por
entregarlos a una discusión que me
parece urgente.
Cada época tiene sus propios intelectuales y por tanto no sorprende que
la nuestra, la cual se pretende nueva,
esté urgida por producirlos.
El Estado imperial tuvo intelectuales imperiales, el Estado republicano,
intelectuales republicanos, el Estado
socialista, intelectuales socialistas, el
Estado liberal, intelectuales liberales.
A esto justamente se refirió Antonio Gramsci cuando acuñó el término “intelectual orgánico.” Se trata de
aquella persona que cumple una función intelectual para un grupo social
organizado, o más precisamente, son
aquellos sujetos dedicados a organizar, desde el plano de las ideas, a las
comunidades, los estamentos, los pueblos, los partidos, o las naciones.
Advierte Gramsci que todos los
seres humanos somos intelectuales,
pero no todos en la sociedad tenemos

AN Á L IS IS
Ricardo Raphael

El intelectual imperial
Este asno ha muerto por no haber rebuznado.
Mark Twain

una función intelectual. No infiere con
ello que tal función sea superior, porque
proviene de la mera división del trabajo
y las tareas.
También argumenta el teórico italiano que no todos los intelectuales son
orgánicos, porque los hay solitarios,
profetas desarmados que no dialogan
ni median con la sociedad. Anacoretas apartados de su contexto y realidad
demográfica.
Así pues, el intelectual orgánico es
aquella persona que ejerce la función de
volver inteligible al mundo que le rodea
y que tiene como responsabilidad mediar entre un grupo concreto y la comunidad más amplia a la que pertenece.
Gramsci sugiere que hay intelectuales orgánicos que le sirven al poder –a
la sociedad política– y también aquellos
cuyo balcón para emprender el diálogo
es la sociedad civil. Los primeros merecen desconfianza, porque como sus
ancestros, los intelectuales imperiales,
suelen creer, con Luis XIV, que ellos son
el Estado.
Los lacayos del poder son intelectuales orgánicamente corruptos: cometen
asociación delictuosa en contra del teso-

ro público porque viven de él y amarran
su lengua con él, porque luchan desesperadamente por ser consejeros del
príncipe, porque no tienen el coraje para
decir la verdad y, sobre todo, porque no
agregan valor social.
Los voceros de la sociedad política
son repetidores, propagandistas, maquiladores del lugar común. Son los gritones condescendientes de las pasiones
más bajas; viven desinteresados del rigor, la responsabilidad y las consecuencias de sus actos.
El intelectual imperial es un verdadero peligro cuando las épocas mudan
de vestimenta. Nuevamente en términos de Gramsci, entre un bloque histórico y otro, cabe temer que los más
cínicos luzcan su peor oportunismo: “El
viejo mundo se muere. El nuevo tarda en
aparecer. Y en ese claroscuro surgen los
monstruos”.
Esos monstruos de nuestro tránsito
civilizatorio tienen otras características
que habrían ruborizado al viejo Gramsci:
de día cobran como asesores del gobierno y de tarde cobran como periodistas
libérrimos; suelen silenciar a sus adversarios a partir de estigmas arbitrarios, en

vez de rebatir con razonamientos; no han
escrito más de un panfleto y sin embargo se creen intelectuales porque azuzan
con su demagogia en las redes sociales;
se inventan adversarios porque quieren
ser el hijo predilecto del ogro filantrópico –como llamó Octavio Paz al Estado que
alimenta a los vividores del erario.
Debe temerse a esos monstruos orgánicos porque son capaces de frivolizarlo
todo, de traicionarlo todo, de destruirlo
todo. Son cabareteros, vedettes de la lentejuela y el espejo engañador.
El país no los requiere, ni necesita. El
país está urgido de mediadores, de personas leales con sus semejantes, intelectuales empáticos con la conciliación
y la reconciliación, organizadores de
una mejor comunidad, igualadores de la
deliberación, sujetos capaces de hablarle, con sinceridad y al tú por tú, a todas
aquellas personas sin importar su función, su color, su edad, su clase, su origen, su sexo o su ideología.
Si la cuarta transformación resulta
posible será, entre otros motivos, porque
genuinos intelectuales orgánicos habrán
sabido romper con la tradición imperial
de sus predecesores. O

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

45

Un jardín dentro
de una llanta
FABRIZIO MEJÍA MADRID

E

l anuncio de que Gabriel Orozco será el encargado de abrir la Ciudad
de México hacia su enorme bosque de
Chapultepec me llenó de curiosidad. Por
supuesto, el artista más global de México, quien ha reivindicado lo provisional
como pasaporte del viajero, tiene también
una intención restauradora de lo definitivo. Recordemos su Casa Observatorio en
las playas cercanas a Puerto Escondido,
Oaxaca. De la traza en cruz del artefacto
cósmico del siglo XVIII en Jantar Mantar,
en la India, Orozco rescata el reloj subterráneo lleno de mediciones para el paso
de las estrellas y lo convierte en una alberca a ras de arena franqueada por tres
recámaras y una cocina. La casa es lo más
cercano que ha tenido el escultor a un taller. Su lado provisional, mucho más conocido por el público, es el que toma las
calles como mesa de trabajo y los objetos desechados como materiales para un
nuevo reacomodo. Como él mismo dice:
“Soy un productor de lo que ya existe”.
Del Orozco provisional, el que borra
las fronteras entre escultura y pintura, el
que pone en juego la propia idea de lo artístico, la obra que más me conmueve es
la que resulta de sus propias manos cuando estrujan una masa de barro y que queda con la forma de un corazón. Se llama:
“Mis manos son mi corazón”. Tiene un
correlato –siempre tiene una variación–
que es el acomodo de cientos de palitos
de paleta conectados con sus dedos como
en un haz de luz. Hay siempre esta unidad orgánica entre el proceso de usar el
cuerpo para armar un objeto que se pone
en jaque a sí mismo.
Son muchos los ejemplos de este tipo
de obras, pero las que más me entusiasman son las de la mesa de billar circular

46

2214 / 7 DE ABRIL DE 2019

con una bola colgada de un péndulo –que,
como fue ideada en un club británico
donde se reunían los inversionistas de la
Bolsa, se ha visto como una crítica de lo
azaroso que es el capitalismo financiero–;
la idea de no usar el espacio que en 1993
le había asignado el Museo de Arte Moderno de Nueva York y, en su lugar, trabajar con los vecinos cuyas ventanas daban
a la sala para convencerlos de que todos
los días pusieran naranjas en sus quicios
y, con ello, hacer una enorme escultura
colectiva llamada “Jonrón” –las naranjas
fueron vistas como recordatorio de los inmigrantes hispanos–; y la rueda de la fortuna que vi en la EXPO-2000 en Hannover,
Alemania: la mitad estaba por fuera y la
otra entraba al subsuelo. Todas son esculturas que ponen en duda al objeto mismo:
ajedreces que sólo tienen caballos, coches
reensamblados sin una tercera parte, papalotes enredados en copas de árboles.
Pero entiendo el nombramiento de
Gabriel Orozco como el tutor detrás de la
conexión de las cuatro secciones del bosque de la Ciudad de México con sus más
de 8 kilómetros cuadrados desde varios
puntos de fuga. Uno es el reconocimiento a una generación de artistas nacidos
en los sesenta –Abraham Cruzvillegas,
Damián Ortega, Carlos Amorales y Teresa Margolles, entre otros– que, tras el escándalo de poner un apuntalamiento de
vigas del terremoto de 1985 en la entrada
de la exposición para artistas jóvenes en
1987, no tuvieron ya lugares para trabajar
ni exhibir sus obras. Todos tuvieron que
emigrar y, al igual que en el caso de los
cineastas de esa misma generación, obtuvieron el reconocimiento por fuera del
país de los prestigios como intercambio
de favores.

Son los primeros mexicanos globales,
multiculturales e inmigrantes. Sus obras
tienen un componente de crítica al museo, al taller del artista, y a la idea de que
la ejecución de la obra de arte envuelve
a sus autores en nubes de genialidad. Si
bien la política del arte está en los espectadores que leen políticamente una obra
y no necesariamente en la intención de
su autor, hay en esa generación de artistas críticas a la precarización urbana
–Amorales construyéndose una vivienda
de “paracaidista” irregular como un parásito que le crece al museo–; la violencia
–Margolles pavimentando una calle en
Londres con los cristales de parabrisas
que quedaron después de cientos de balaceras en Ciudad Juárez–; la depredación
de las compañías globales en la fotografía
que Orozco le saca a un escarabajo nadando en petróleo en Ecuador.
También lo entiendo bajo otra luz del
malentendido. Cuando, en el 2000, Orozco
despliega un mural con la marca de una
cerveza no se entiende que está comentando que el formato monumental de los
muralistas de antaño –incluido su padre,
Mario Orozco Rivera– ya sólo era posible
en la propaganda y la publicidad. Damián
Ortega acompaña esa exposición con un
catálogo que resulta su propio regreso a
la caricatura y, al mismo tiempo, un homenaje a Rius (El pájaro para principiantes):
“El artista mexicano más afamado, aquí
nadie lo conoce, salvo su mamá y su tía
Lucha”. Tampoco se entiende cuando en
2008, durante la inauguración del local
para exposiciones de la galería Kurimanzuto, Gabriel Orozco pone en venta piezas
en estanterías del Oxxo: cuando esa misma galería no tenía lugar e itineraba entre cines abandonados y departamentos

T I EM P O F UE RA

en los edificios Condesa del Defe,
la forma de financiarla fue ofrecer
obras de estos mismos artistas hechas con materiales recogidos del
mercado de Medellín. Era otra crítica que no se quiso entender.
En otras ciudades no hay malentendidos. En Berlín quedó claro el
comentario sobre la reunificación
alemana cuando Gabriel Orozco
compra una motocicleta amarilla,
emblema de la industria socialista, la Schwalbe, para ir en busca de
otras iguales, hacerles fotografías,
y convocar a sus dueños a que se encuentren sus máquinas el 3 de octubre de
1995, día de la unidad. La moto contaba
la historia de Alemania: una compañía,
Simson, que producía también pistolas,
quitada por los nazis a sus dueños judíos
y, luego, en manos del Estado socialista.
Cinco años después del derrumbe del
Muro de Berlín, lo que Orozco hizo fue
tomar una serie de fotos que contaban la
búsqueda de “otra igual” como si fueran
solteras en busca de su pareja.
Y, aunque fue concebida antes de los
ataques del 11 de septiembre a las Torres
Gemelas, la exposición de las telas hechas a base de las pelusas que salen de
las lavadoras públicas en Nueva York, fue
leída como un comentario sobre el deplorable estado de esa ciudad. Colgaban, frágiles, los guiñapos, tendidos de sus hilos
de colgar ropa. “Un material perverso”,
dijo Orozco, “está limpio, pero es sucio; es
orgánico”.
Un ejemplo de la poca comprensión
de la obra de Orozco está en sus esqueletos de ballenas. Una, la de México, está
suspendida, con sus 169 piezas dibujadas
con círculos de grafito, en un ala de la Bi-

blioteca Vasconcelos, “Matrix móvil”. La
otra, su negativo, es “Marea negra”, parte
de la colección de la galería White Club
en Gran Bretaña. De la positiva, Orozco
dijo: “La única forma de realizar esta pieza era mediante una comisión, porque
haciéndola para la biblioteca, permanece
en manos del Estado; es propiedad nacional de principio a fin. La hicimos como un
rescate; hay algo político y ecológico en
ella, algo también que tiene que ver con el
simbolismo nacional, como el águila o la
serpiente, ya que la ballena puede ser un
símbolo de ese mismo tipo”. En la ballena
de México existe toda esa simbología de
lo monumental-natural, la protección
de nuestras especies marinas, y el tratamiento por medio de los dibujos circulares en el hueso de la luz moviéndose
con las olas del mar.
Un tiempo antes, Gabriel Orozco había
dibujado sobre una calavera para ver las
deformaciones topológicas de cuadrados
negros. Lo hizo durante una meditación
mientras se curaba de un pulmón colapsado y descubrió algo que todavía sorprende:
a la hora de dibujar los cuadros siguiendo
la curvatura de las cuencas vacías, éstas

parecen los dibujos con que los
astrofísicos ilustran los agujeros
negros. Por eso hablo de curiosidad por lo que piensa hacer con
un bosque al que se le abren nuevas secciones y se piensa ya no
cerrado, sino abordable por todos
lados. Hasta ahora, la Ciudad de
México ha vivido a espaldas de su
bosque: primero, porque lo ocupaba el presidente, después los
soldados, y más tarde, porque las
barrancas se las apropiaban los millonarios para ampliar sus albercas.
Cómo el escultor cuyo taller siempre ha
sido el mundo, encontrará, sin crearlas,
soluciones que cumplan con una especie
de regla que leemos en uno de sus cuadernos de notas:
COLOCA, INSTALA. HASTA QUE
LAS COSAS DIVAGUEN COMO HASTA
AHORA LO HAN HECHO. SI LA TIERRA ESTÁ DIVAGANDO, ¿POR QUÉ TÚ
NO? TOMA TUS PLANETAS Y DIVÁGALOS POR LA CIUDAD. NO CREAR SINO
ENCONTRAR.
En 2007, en un viaje para conocer
las tropelías de las petroleras en el
Amazonas, Gabriel Orozco terminó en
una aldea ecuatoriana llamada Sharamentsa, habitada por los Achuar. Al
ver que dibujaba, le prestaron un poco
de la tinta roja con la que se pintan ritualmente el cuerpo. Orozco vació un
poco en un cuaderno de su acompañante, David Rothschild, pero las hojas
se volaban con el viento. Los niños, observando el desastre, le pusieron pedazos de vasijas rotas para contenerlos.
De ahí nació la idea de que la mancha
roja, la selva misma, y esos niños eran
un jardín dentro de una llanta.

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AP photo / Natacha Pisarenko

Los

símbolos
de la crisis madurista

RAFAEL CRODA

C

ARACAS.- Una enorme valla publicitaria en la autopista Francisco Fajardo de esta capital
anuncia un concierto del cantautor mexicano Juan Gabriel.
En la gigante lona, que ondula
suavemente con el viento, el artista viste
un traje blanco, chaleco y una camisa con
olanes de color azul pastel que le brotan
del pecho. Tiene los brazos abiertos y la
mirada erguida.
El cartel está raído, pero su enunciado
se puede leer con claridad: Juan Gabriel,
23 de noviembre, Poliedro de Caracas, ¡Entradas a la venta Ya!
Las decenas de miles de automovilistas que circulan cada día por esa autopista asumen el anuncio del concierto
de Juan Gabriel como parte del inalterable

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paisaje de una de las arterias más transitadas de la ciudad.
No importa que el cantante haya muerto hace dos años y siete meses. Tampoco
importa que el concierto que ofreció en
el Poliedro de Caracas haya ocurrido hace
cinco años, el 23 de noviembre de 2013,
justo cuando se iniciaba el primer gobierno del presidente Nicolás Maduro y la economía venezolana comenzaba un declive
que aún no cesa.
La imagen de Juan Gabriel sigue allí, un
tanto estropeada por el sol y la lluvia, como
símbolo de la ruina económica que desde
entonces ha arrasado con los ingresos de
las familias, con negocios, industrias, emprendimientos personales y con la antigua
manera de divertirse de los venezolanos.
En el Poliedro de Caracas ya no hay actos para publicitar en gigantescas vallas
de la autopista Francisco Fajardo. Los con-

ciertos de artistas populares que convocan masas ya no existen. Se acabaron.
No es que Venezuela se haya quedado
detenida en el tiempo. Lo que ocurrió tiene una explicación más cruda: entre 2013
y 2018 el PIB del país cayó 49.2%. Es decir,
perdió la mitad de su valor en cinco años.
Y ese dato es notorio en la vida cotidiana. La debacle económica se evidencia en
los miles de negocios cerrados, en la chatarrización y en la disminución del parque
vehicular, en el deterioro de los edificios.
Hasta los enormes murales que muestran a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro
en su dimensión de caudillos –con frases
como “Juntos todo es posible” o “Chávez
vive, la lucha sigue”– perdieron su fulgor original. Sus rostros lucen pálidos, sus
facciones difusas y sus camisas y boinas
perdieron la pigmentación rojiza que distingue a la Revolución Bolivariana.

I NTE RNAC IONA L
/V E NE Z U E L A
Venezuela es un país que va “a medio gas”. La caída del PIB (50% en cinco años) se nota en la vida
diaria con menos gente en la calle, negocios cerrados, autos chatarra abandonados en las vialidades, el virtual fin de la vida nocturna… pero aún
hay una minoría privilegiada que disfruta una vida
de lujos: es la élite chavista.

AP photo / Natacha Pisarenko

En un país donde la economía se redujo a la mitad en el último lustro y en
el que se anticipa otra caída de al menos 10% del PIB este año, escasea el dinero para ir al cine, para llevar a los niños a
McDonald’s y para salir a rumbear. Y hay
que enfatizar ¡Rum-bear!, porque bailar,
“rajar caña” (beber) y pasarla “chévere”
eran actividades de culto en este país caribeño y febril.
“Y con la crisis, hasta eso se acabó”,
dice Richard Alcalá, un comerciante de 32
años que solía ir a bailar con su esposa a
una discoteca de su barrio al menos una
vez al mes. Hoy, explica, ese “rumbeadero”
está cerrado por falta de clientela.
“Lo que hacemos es comprar en Navidad o en los cumpleaños la botellita de
ron (de 15 mil bolívares soberanos –4.50
dólares– equivalentes a 25 días de salario
mínimo) y beber unos traguitos”, asegura.
Richard tiene dos hijos, de 11 y nueve años. Hasta hace cuatro años los lleva-

ba a McDonald’s porque los dos “morían”
por las cajitas felices de esa cadena, que
el año pasado anunció el cierre de un “número reducido de restaurantes”. Las dos
cajitas hoy cuestan más de un salario mínimo mensual.
“La lucha diaria es por la comida. Yo ya
no me puedo dar ningún lujo”, asegura el
comerciante de lácteos, quien estima su
ingreso mensual en entre tres y cuatro salarios mínimos (de 16 a 22 dólares).
En Venezuela la prioridad de 80% de las
familias es comer. La salud, la educación
de los hijos, la vivienda y el transporte son
entre baratos y gratis por los subsidios gubernamentales, pero de mala calidad.
Cuando la abuela o un niño se enferman pueden tener suerte y contar con un
familiar en el extranjero que les envíe los
medicamentos que necesitan, o se pueden
morir por la falta de ellos en el colapsado
sistema público de salud. Para la mayoría de la población, comprar ropa, zapatos,
productos de belleza, viajar o salir a comer
a un restaurante o a un puesto de arepas
en la calle significa realizar gastos suntuarios. “Ya nada es como antes”, dice Richard.
Como él, muchos venezolanos viven de
los saldos de lo que lograron atesorar en el
pasado: una vivienda, un ahorro, unos dólares guardados bajo el cochón o un hijo
que consiguió trabajo en una empresa informática en el extranjero y puede enviar a
sus padres 300 euros mensuales, una fortuna en este país.

País a medio gas

Marchas de apoyo. Con pago

Caracas era una ciudad bulliciosa y noctámbula. Del bullicio poco queda, acaso se
percibe a ratos en algunas calles del centro. El venezolanismo “bululú”, usado para
describir una aglomeración, es un término en desuso y cada vez más delimitado
para referirse a una protesta social.
Y la vida nocturna está en terapia intensiva. La mayoría de los sitios emblemáticos de la rumba dura caraqueña, donde
se podían vivir momentos electrizantes
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I N T ERN A CI O N A L / VENE ZUE L A
por la calidad de la música que se escuchaba y bailaba en ellos, ya cerró o aguarda tiempos mejores.
“Los músicos estamos jodidos”, dice
Nelson, un percusionista que llegó a tocar
en una conocida orquesta de salsa y jazz
latino ya desintegrada y quien hoy subsiste
gracias a las bolsas de alimentos gratuitas
y a un bono que da el gobierno a los “cultores populares”: 16 mil 200 bolívares soberanos por mes (cinco dólares) a cambio de
enseñar a tocar el tambor a los muchachos
del barrio y de acudir a las marchas convocadas por Maduro.
Cuando un país pierde la mitad de su
PIB hay dos formas de ver el asunto, la catastrófica y la optimista. Con la óptica de
esta última puede afirmarse que Venezuela aún tiene la mitad del producto nacional
que llegó a tener en 2013 y que su ingreso por habitante aún es más alto que el de
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia o Haití.
Según estadísticas y proyecciones de la
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), en 2013, cuando Maduro llegó al poder, el PIB venezolano a precios constantes de mercado era de 267 mil
213 millones de dólares y el ingreso anual
per cápita llegaba a 8 mil 792 dólares. Venezuela era entonces la quinta economía
de la región.
Este año, de acuerdo con la CEPAL, el
PIB será de 133 mil 868 millones de dólares, la mitad del de 2013, y el ingreso per
cápita será 52% menor. Venezuela hoy es
la séptima economía latinoamericana.
Las cifras indican un “colapso económico”, según el consenso entre economistas de todas las escuelas, desde la liberal
hasta la marxista.
Pero ese colapso no significa que
desaparecieron los McDonald’s, los Burguer King, los Subway, los Kentucky Fried
Chicken, las discotecas y los restaurantes.
Algunos cerraron y la mayoría vio desplomarse sus ventas.
“Aquí no tenemos ni la cuarta parte de
la clientela que teníamos antes. De 22 empleados pasamos a siete, y de dos turnos
al día tenemos uno. Pero el gerente dice
que con eso sale para los gastos y para no
cerrar en lo que todo esto pasa”, dice la
empleada de un McDonald’s en una zona
de clase media.
La mitad de la economía que sigue en
pie les permite a los venezolanos dar la
batalla por la subsistencia en lo que “todo
esto pasa”. Mientras, el país funciona a
medio gas, a baja velocidad, con la lentitud de un nadador exhausto que decide
flotar mientras recobra fuerzas.
“Afuera creen que ya está todo jodido,
que a este chéchere (cosa) de país se lo llevó el carajo, que no hay nada de comida,
nada de medicinas, nada de nada. Y eso
no es así, ¡coño!, aquí lo que pasa es que

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hay poco de todo, pero hay”, dice Nelson,
quien se asume como “chavista pero no
madurista”.
Y cuando un venezolano dice que hay
poco de todo es porque ha visto cómo a
lo largo de los últimos años ha ido disminuyendo la abundancia. En 2013 Venezuela produjo 2.8 millones de barriles diarios
de petróleo y sus exportaciones de crudo
llegaron a 85 mil 603 millones de dólares.
El año pasado la producción se ubicó
en 1.2 millones de barriles diarios –57%
menos que en 2013– y las exportaciones
petroleras apenas alcanzaron 13 mil millones de dólares, para una caída de 84%
en el periodo.

Menos de todo
Caída, baja, descenso, contracción, menos, disminución y pérdida son palabras
que los venezolanos escuchan y leen todos días en las noticias y que, además, ven
reflejadas en sus ingresos, en sus compras, en su nivel de vida, en la ciudad a oscuras, sin Metro y con edificios sin agua,
todo por los apagones. También en las calles, donde cada vez hay menos gente.
Y es que 10% de empleados del sector
público ha renunciado por los bajos sueldos, mientras que en Caracas la mitad de
los 80 mil negocios que había hace una
década han cerrado sus puertas. El gremio industrial reporta que sólo opera con
la tercera parte de su capacidad instalada
por falta de insumos y la caída del mercado interno.
“Mucha gente en edad productiva se
ha quedado en sus casas para conseguir
alimentos y resolver el día a día. Otros se
han ido del país (al menos 3 millones, 10%
de la población), por eso se ve menos gente en las calles. Y también es notorio que
hay una disminución brutal en el número
de automóviles”, dice el diputado opositor
y economista José Guerra.
Hasta 2013 Caracas era una ciudad
desbordada por el tráfico vehicular durante la mayor parte del día y la autopista
a Valencia (a 167 kilómetros de la capital) era como un enorme estacionamiento
donde los automóviles circulaban a vuelta
de rueda. Para llegar a tiempo a los vuelos
en el aeropuerto en la vecina Maiquetía
había que calcular una hora de embotellamiento descomunal. Pero todo eso ya es
historia.
El parque automotriz de Venezuela se
ubicó el año pasado en 4.1 millones de vehículos, pero 40% está inactivo por falta
de refacciones o llantas. Esto quiere decir
que 1.6 millones de autos están parados
en talleres, estacionamientos o en la calle.
Esto quiere decir que sólo 2.5 millones
de carros circulan, menos de la mitad de
los que llenaban las vías en 2013, según
estimaciones de la Cámara de Fabricantes

Venezolanos de Productos Automotrices.
Ya no existe, desde luego, el problema de
los embotellamientos. Lo que ha aumentado son los “catanares” o carcachas que
contaminan ostentosamente las ciudades
con sus emanaciones de humos negros.
Y es que en un país donde la prioridad
es conseguir comida y, por estos días, enfrentar el caos que provocan los apagones
–la falta de agua, de transporte público, de
internet, de telefonía celular–, cuestiones
como controlar la contaminación no son
un tema que preocupe a las autoridades.
La inspección técnica vehicular no
existe, nunca pasa nada cuando los automovilistas se pasan los semáforos en rojo
y es un misterio si en los últimos años alguna autoridad ha multado a algún conductor por exceso de velocidad o por
manejar en estado de ebriedad.
Y es que la policía de tránsito prácticamente desapareció. Las capacidades de la
fuerza pública están concentradas en contener y reprimir las protestas contra el gobierno y en enfrentar la criminalidad.
En 2018 hubo 23 mil 47 muertes violentas, 81 por cada 100 mil habitantes, la
cifra más alta de América Latina, según la
ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). La tercera parte fueron por disparos de policías, guardias nacionales o
militares contra presuntos delincuentes.
La cifra de homicidios bajó 13% en relación con 2017.
De acuerdo con el OVV, los homicidios
disminuyeron porque la crisis económica
y social está alterando las características
del fenómeno delictivo.
Hay un nuevo tipo de delincuente que
es empujado al crimen “por el hambre”, y
ladrones profesionales que “ya no buscan
dinero, sino bienes y comida”, señala el Informe Anual de Violencia 2018 de la ONG.
En la modificación de los hábitos delictivos también influye la menor cantidad de gente en las calles y la escasez de
efectivo, porque el Banco Central no alcanza a imprimir la cantidad de billetes
que demanda la hiperinflación.
Lo que más se usa hoy en Venezuela es
el dinero electrónico. Es común que hasta los vendedores ambulantes cuenten
con terminales portátiles para recibir pagos con tarjetas de débito, que están al alcance de cualquier ciudadano que gane al
menos un salario mínimo mensual.
Carolina, una maestra jubilada que recibe su pensión en su tarjeta de débito, asegura que hace seis meses fue al mercado
en un autobús al que se subieron dos jóvenes con los rostros cubiertos, una pistola y
una terminal portátil en la que pasaron las
tarjetas de casi todos los pasajeros. “No sabía, hasta ese día, que había asaltos electrónicos”, dice.
Y en un país donde todo cae, menos
los precios –la hiperinflación llegará este


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