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Revista Proceso 10 Marzo 2019 .pdf


Original filename: Revista Proceso 10 Marzo 2019.pdf
Title: downmagaz.com
Author: downmagaz.com

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ÍNDICE / No. 2210 • 10 DE MARZO DE 2019
28

Motivos de preocupación

30

Los decepcionados

33

A las Fuerzas Armadas, insólitos premios

36

“¡Hay una revolución en este país, hombre!
“Ya que se enteren” /Álvaro Delgado

39

“Nos falta tiempo para bajar la incidencia delictiva
en la CDMX” /Sara Pantoja

/Claudio X. González
/José Gil Olmos

/José Raúl Linares

ANÁLISIS
Foto de portada: Benjamín Flores

42 Breve manual de consultas ciudadanas
/José Ramón Cossío Díaz

LOS 100 DÍAS

6

El estilo López Obrador. Acusaciones que nunca
llevan a nada /Arturo Rodríguez García

10

Rasgos de autoritarismo

12

Descifrando a AMLO, el liberal

/Álvaro Delgado

/Agustín Basave

14

“El poder cambia a la gente”

18

Crecimiento sí, pero precario...

21

AMLO: un vistazo antes del primer “out”

23

Los taches de las calificadoras

26

Ante los escenarios adversos, la Canacintra ofrece
apoyo a AMLO /Juan Carlos Cruz Vargas

/Álvaro Delgado

43
45

/Maurizio Guerrero

CISA / Comunicación e Información, SA de CV
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Salvador Corro Ortiz, Estela Franco Arroyo, José Palomec, Rafael
Rodríguez Castañeda, María Scherer Ibarra

semanario de información y análisis
DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García †
SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero †
DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda

Mentiras y torpezas sobre el caso Moreno Valle
/Ricardo Raphael

47

AMLO, el peligro del lenguaje
/Javier Sicilia

48

“Proyecto Puente” en la mira
/Ernesto Villanueva

49

100 días de política exterior
/Olga Pellicer

51

TIEMPO FUERA El Presidente que explica todas

/Rafael Croda

/Gustavo A. De Hoyos Walther

Oscurantismo moreno /Rocha

las mañanas /Fabrizio Mejía Madrid

INTERNACIONAL

52
54

CHILE Aprueban a ciegas el acuerdo que EU rechazó
/Francisco Marín

ASIA Las fake news que evitaron una guerra

/Témoris Grecko

REPORTEROS: Carlos Acosta, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia
Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Sara Pantoja, Arturo Rodríguez, Mathieu
Tourliere, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara
CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;
Gua na jua to: Ve ró ni ca Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Gloria Reza,
Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla,
María Gabriela Hernández; Tabasco, Armando Guzmán; Veracruz, Noé Zavaleta
INTERNACIONAL: Hugo Martínez, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel
CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel Leñero, Niza Rivera Medina, Columba Vértiz de la Fuente, reporteras; Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela
Leñero Franco, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco , Alberto Paredes, Raquel Tibol , Florence Toussaint; cultura@proceso.com.mx
ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx

SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN: Homero Campa

DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera

FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga,
Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda, Alejandro Saldívar; asistente, Aurora Trejo;
auxiliares, Violeta Melo, Raúl Pérez

ASESOR DE LA DIRECCIÓN : Jorge Carrasco
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: Luis Ángel Cruz
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila
COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda

AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez

EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Jaime Contreras,
Tomás Domínguez, Hugo Martínez

CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Vicente Anaya, Daniel González,
Patricia Posadas

ANÁLISIS: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Denise Dresser, Marta Lamas, Fabrizio Mejía Madrid,
Olga Pellicer, Javier Sicilia, Ernesto Villanueva; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo ,
Rocha
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García,

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57

TELEVISIÓN Azteca Uno

Corea del Norte-Estados Unidos. Crónica de una
cumbre inútil /Adrián Foncillas

/Florence Toussaint

LIBROS Una vida diferente
/Jorge Munguía Espitia

CULTURA

60
64

Foro abierto para discutir los 100 días
/Columba Vértiz de la Fuente
Estro Armónico /Samuel Máynez Champion

ARTE

69

DEPORTES

PÁGINAS DE CRÍTICA

64

ARTE Bosco Sodi: la energía de la materia

/Blanca González Rosas

El insólito acervo artístico del Hospital de Nutrición
/Roberto Ponce

74

Dedazo desde la SEP acomoda a una aseguradora
en el deporte nacional /Beatriz Pereyra

MÚSICA Joan Manuel Serrat y Mediterráneo Da Capo

77

“La atajada más importante es la que sigue”
/Noé Zavaleta

TEATRO Enrique Cisneros y el teatro contestatario

80

PALABRA DE LECTOR

CINE Las herederas

82

MONO SAPIENS /Subasta fifi

/Mauricio Rábago Palafox
/Estela Leñero Franco
/Javier Betancourt

DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila,
Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro

/Helguera y Hernández

agencia proceso de información
EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editoras: Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; Tels.: 5636-2087

COMERCIALIZACIÓN: Margarita Carreón, gerente. Tel. 5636-2063.
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CIRCULACIÓN: Mauricio Ramírez. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Gisela Mares,
Fernando Polo, José Quintero, Andrés Velázquez.
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Tel. 5636-2065. Jonathan García, Rosa Morales.
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Betzabe Estrada, Javier Venegas
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CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; Rosa Ma. García, Raquel Trejo
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OFICINAS GENERALES: Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7, Col. del Valle, 03100 México, DF
CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000
FAX: 5636-2055, Palabra de Lector; 5636-2086, Redacción.
AÑO 42, No. 2210, 10 DE MARZO DE 2019
IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las Peritas, Xochimilco, México, DF

agencia de fotografía
EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx
Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017

EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Carlos Olvera, coeditor; Tel. 5636-2010.
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2009
Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier1709
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o in
forma5
ción
publicados sin autorización expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular
de todos los derechos.

Octavio Gómez

El estilo López Obrador

Acusaciones
que nunca llevan a nada
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

D

esde el primer día de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a debate diferentes temas relacionados con los excesos de sus
antecesores que, dijo, “se rayaron”, “se pasaron” durante “el periodo neoliberal”, y a quienes acusó de corrupción.
Fueron muchos casos: de la casa presidencial a la corrupción en el sector energético; del robo de combustible a los altos salarios de los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN); de la descalificación a los organismos autónomos a

6

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

las denuncias sobre malos manejos de organizaciones de la sociedad civil…
Y el discurso de político de oposición
sigue marcando la narrativa presidencial,
pero también impone un estilo de gobernar que el hoy mandatario anticipó el 22
de diciembre de 2018, cuando asistió a la
celebración de los 25 años de la fundación
de TV Azteca: “Desde luego, va a haber
cuestionamientos. Imagínense, nosotros
venimos de la oposición. Yo me sentiría
mal, extraño, de que no hubiese oposición. (…) Necesitamos eso, nada más hacerlo con respeto”.

Al mismo tiempo ha defendido lo que
considera su derecho a debatir, su derecho
de réplica, cada vez que la oposición expresa críticas o descalifica sus decisiones
de gobierno. En su discurso de toma de
posesión, la bancada del PAN, primera minoría tras la elección de 2018, le exigió con
carteles que bajara el precio de los combustibles. López Obrador dejó un momento su discurso para espetar: “Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las
gasolinas están pidiendo que baje”.
El 22 de enero el expresidente Felipe Calderón y su esposa, la excandidata

LO S 1 00 D ÍA S
Las “mañaneras” son la tribuna ideal para que López
Obrador despotrique y lance invectivas en su afán de
convencer a su público de que está haciendo cosas, sobre todo en lo tocante al combate a la corrupción. Con
poco espacio para aceptar críticas, ha hablado del huachicoleo que implicaría a altos funcionarios, del saqueo
a Los Pinos, de los salarios de los ministros de la Corte,
de malos manejos en el dinero de organizaciones de la
sociedad civil… Pero hasta ahora el discurso no se ha
traducido en acciones concretas que hayan llevado a
nadie a enfrentar la justicia.

J. Raúl Pérez

presidencial Margarita Zavala, solicitaron
el registro de su partido, México Libre, en
medio de críticas a diferentes decisiones
del actual mandatario; éste se refirió, el 5
de febrero, a la inmoralidad de su antecesor, quien habiendo tenido información
privilegiada, se empleó con la trasnacional energética Iberdrola.
También atacó a movimientos sociales contestatarios. El ejemplo más conocido
fue el del Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra y el Agua –que se opone al Proyecto
Integral Morelos–, al que calificó de conservador, igual que a la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación y sus movilizaciones en Michoacán: “Ese radicalismo tiene que ver con el conservadurismo;
es cuando los extremos se tocan. Eso tiene
que ver con la extrema derecha, es un conservadurismo disfrazado de radicalismo”.

Los Pinos. Un inmueble

vacío

Escándalos anecdóticos
Las denuncias de López Obrador contra los gobiernos del pasado quedan en
lo anecdótico, carecen de formalidad. Y
cuando se han abierto procedimientos judiciales, sólo implican a funcionarios menores, aunque se exponen desde la tribuna presidencial en el escenario cotidiano
conocido coloquialmente como las “conferencias mañaneras”.
La promesa reiterada varias veces al
día durante la campaña se materializó: la
apertura de la residencia oficial de Los Pinos que, a primera hora del pasado 1 de
diciembre, fue de acceso público con sus
ya escasos tesoros, pues la mayoría de sus
estancias y habitaciones, oficinas y comedores se veían desmantelados, junto con
la leyenda “así se recibió”.
La entrega-recepción ya había ocurrido, pero no se dio información oficial sobre
el inventario de bienes. Cuando los senadores Carmen Bañuelos y Alejandro González Yáñez lo solicitaron, se les dijo que
sería al concluir el plazo de revisión, en un
mes; más o menos lo mismo que respondió el presidente cuestionado al respecto
en la mañanera del 19 de diciembre.
El sábado 2 la Secretaría de Cultura
formalizó la recepción de la residencia y
sus terrenos. No se mencionaron inventarios. El vocero presidencial, Jesús Ramírez
Cuevas, confirmó a este semanario que se
habían cotejado las obras de arte del acervo de la residencia oficial, que ahora estaba en Palacio Nacional.
En su edición número 2199, esta revista
publicó que el inventario de Los Pinos –obtenido mediante una solicitud de información– hasta un año antes era de 24 mil 729
objetos. “Había dispendio en los contratos y
tarifas. Ya se cancelaron la mayoría de los
contratos de servicios, otros tienen vigencia
2210 / 10 DE MARZO DE 2019

7

Eduardo Miranda

limitada. La Secretaría de la Función Pública está haciendo una revisión de los procesos de entrega-recepción”, explicó Ramírez
Cuevas.
De manera similar, el parque vehicular que López Obrador consideró excesivo se vendió. Ni siquiera se supo quiénes
usaban los vehículos Audi y BMW blindados, que fueron subastados los pasados 23
y 24 de febrero.
Al presentar en la mañanera un video
y las generalidades de los 263 vehículos
que se pondrían a la venta, el mandatario se refirió precisamente al Audi con una
expresión: “¡Si les dijera quién lo usaba!”.
Pero no lo dijo.

Contrapesos desbalanceados
Contra la termoeléctrica

los procedimientos de control constitucional contravienen su objetivo de que en el
servicio público nadie gane más que él. Su
ingreso es de poco más de 108 mil pesos.
Lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En una polémica declaración,
dijo que éste servía de tapadera al caso
Odebrecht –el escándalo de corrupción en
Pemex que podría llegar hasta al expresidente Peña Nieto– y lo cuestionó por no hacer pública la lista de grandes contribuyentes a los que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) eximió de impuestos.
La declaración fue reiterada desde los
discursos de campaña hasta las primeras
semanas de gobierno, cuando finalmente el INAI lo desmintió en un comunicado del 12 de febrero, cuando dio a conocer

Foto: UANL

Desde los días de la transición y luego ya
como presidente, López Obrador pidió a los
ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación que conocieran las controversias por la Ley de Remuneraciones, uno de
los primeros actos de los legisladores morenistas que hicieron norma la promesa de
reducir los salarios de la alta burocracia.
Ajeno al ámbito de lo legal, el mandatario llevó la discusión al terreno de la
moralidad: “No es posible que haya funcionarios públicos en el país (…) que ganen 600 mil pesos mensuales; es una
ofensa al pueblo de México y es un acto de deshonestidad; esos que obtienen
esos sueldos no son gente honesta, ni
sensible, ni son partidarios, de verdad, de
la justicia”.
El 8 de diciembre la SCJN respondió en
un comunicado que el ingreso de cada ministro es de 269 mil 215 pesos mensuales.
Poco a poco el tema se fue apagando,
no sin otras expresiones del mandatario
cuando alguna decisión relacionada con

García Alcocer. Presunto conflicto de interés

8

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

las diferentes resoluciones en las que instruyó la apertura en esos casos. Aun así,
el mandatario presentó la lista de resoluciones el 13 de febrero y afirmó que en el
pasado no lo habían hecho. Luego afirmó
que nunca miente.
Entre expresiones coloquiales, López
Obrador ha dicho que “los neoliberales”
–así, en general– convencieron de que
eran necesarios los organismos autónomos y, tras el desencuentro con el INAI,
se ha referido principalmente a los que
surgieron de la reforma energética.
En particular sus expresiones fueron
contra la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), la segunda y tercera semanas de febrero, a la par del proceso de renovación de
tres lugares en esa comisión que el Senado
debía elegir entre las propuestas del mandatario y que el presidente del organismo, Guillermo García Alcocer, había cuestionado.
López Obrador acusó a García Alcocer
–en ejercicio de su “derecho de réplica”–
de incurrir en conflicto de interés y anunció que presentaría pruebas. Lo hizo el 19
de febrero acompañado por el titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
Santiago Nieto Castillo; la secretaria de
Energía, Rocío Nahle, y la de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Los funcionarios exhibieron gráficas
en las que mostraban no sólo la relación
familiar de García Alcocer con directivos
de Fermaca (empresa energética con importantes contratos y concesiones en manejo de gas), sino que además explicaron
supuestos indicios de operaciones ilícitas
con posible blanqueo de capitales.
García Alcocer hizo públicos desde
días antes los lazos de parentesco con ejecutivos de empresas energéticas, como en
el caso de un primo de su esposa, Santiago García Castellanos, director de Santa Fe
Natural Gas, una subsidiaria de Fermaca.

LO S 10 0 D ÍA S
Sandoval fue quien expuso que la CRE
había otorgado a esa empresa un permiso
en el periodo en el que García Alcocer ya
estaba en el cargo y no había declarado su
conflicto de interés.
Luego, el titular de la UIF mostró que
un cuñado de García Alcocer tenía participación en tres empresas con proyectos
en Pemex, entre éstas una en la que hizo
transferencias al extranjero por 148.5 millones de dólares, pero presentando baja
contribución al SAT, por lo que podría tratarse de un caso de defraudación fiscal.
Después de eso todo quedó fuera de
la agenda presidencial, mientras que García Alcocer solicitaba una audiencia con el
mandatario, que finalmente le concedió el
26 de febrero. El resultado del encuentro,
según ambos personajes, fue la promesa
de que no se le perseguiría políticamente
y que se quedaría en el cargo mientras las
instancias competentes resolvían.
Proceso le solicitó a Sandoval una actualización de éste y otros casos expuestos en las conferencias mañaneras. Con la
oferta de hacerlo el viernes 8, hasta el cierre de esta edición ya no hubo comunicación con la funcionaria.

Escándalos sin culpables
Las acusaciones contra García Alcocer
fueron precedidas por la alusión del mandatario a siete gasoductos por los que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) paga sin que surtan gas a termoeléctricas,
pues no terminaron de construirse.
Dichos gasoductos fueron adjudicados a las empresas Carso, de Carlos Slim;
IEnova, que preside en México Carlos
Ruiz Sacristán y dirige Tania Ortiz Mena
(prima de la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco); TransCanada, en cuyo directorio figuran Francisco
Labastida hijo y el calderonista chihuahuense Carlos Borunda, y aunque López
Obrador no la mencionó originalmente,
Fermaca, la empresa de la polémica con
García Alcocer.
El escándalo era una continuación de
los señalamientos que el mandatario había hecho, con nombre y apellido, contra
exfuncionarios colocados luego como ejecutivos de trasnacionales, empezando por
Felipe Calderón.
Para López Obrador fueron “contratos leoninos” que su gobierno se planteaba renegociar apelando una vez más a la
moralidad pues, dijo, “no somos leguleyos”, por lo que no habría sanciones para las empresas.
Una revisión de los siete gasoductos y
las auditorías que al respecto hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) permitió observar que cada uno suspendió la
obra debido a la mala planeación del proyecto, consultas mal hechas e invasión ile-

gal de tierras, por lo que había servidores
responsables.
Proceso preguntó a las secretarias de la
Función Pública y de Energía sobre procesos abiertos en estos casos. Fue Nahle quien
intentó evadir el cuestionamiento, hasta la
cuarta ocasión en que se le insistió:
“Estamos en el seguimiento de eso y
no desde ahora, desde que en el proceso
de transición, cuando fui recibiendo todos
los temas, al entonces secretario Coldwell
le hice el señalamiento de esas inconsistencias, y una vez que tomamos posesión,
el área de Electricidad, de la Secretaría de
Energía, nos encargamos de ver este detalle, porque sí es una irresponsabilidad.
“A las empresas se les da un contrato, invierten o vienen y se quedan aquí a la mitad
y al final de cuentas la que paga penalidades
millonarias es la CFE”. Entonces cortó.
Hasta ahí, la titular de la Secretaría de
Energía insistía en que era también responsabilidad de la CRE –cuyo presidente
era objeto de señalamientos– el desperdicio de recursos, y no tuvo comentario a las
observaciones que la ASF había hecho en
relación a su gestión del sexenio pasado.
Entre lo que este semanario solicitó para este reportaje a la Secretaría de la Función Pública estaba lo relacionado con esos
supuestos expedientes abiertos. También

sobre los casos de cierres de las estancias
infantiles por responsabilidad de servidores públicos o por desfalcos.
La razón para esta consulta es que López Obrador sostiene que hay irregularidades e inclusive cobros por estancias
inexistentes, pero sin identificar responsables ni casos que se hubieran puesto ya
bajo investigación administrativa o penal.
No obstante, anunció que pronto daría a
conocer más información, lo mismo que
en relación con 15 empresas proveedoras
de medicamentos que acaparan las contrataciones del sector salud.
Huachicoleo se convirtió en uno de los
vocablos del mandatario para referir casos de corrupción a partir de la estrategia que implementó para frenar el robo de
combustible, tema que, por sus efectos en
el desabasto, las polémicas desatadas y la
tragedia de Tlahuelilpan, marcó el arranque de su gobierno.
Sin embargo, como en el resto de los
casos, los resultados son mínimos y hasta la última actualización, ofrecida por la
Fiscalía General de la República (FGR), sólo se habían podido judicializar tres casos,
que corresponden a quienes operaban el
sistema de monitoreo de ductos, sin responsabilidades fincadas a ningún alto
funcionario. O

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

9

Octavio Gómez

Rasgos

de autoritarismo

ÁLVARO DELGADO
osé Woldenberg está molesto
con Andrés Manuel López Obrador, quien hace tres décadas fue
su compañero en el PRD:
–Lo nombramos presidente,
no sultán.
Al evaluar las decisiones, acciones y
omisiones de López Obrador en sus primeros 100 días de gobierno, admite que
ha “modificado las coordenadas de la política nacional”, como tender puentes con
la sociedad que antes estaban rotos, pero
ve malas señales para la democacia.
En particular, Woldenberg afirma que
López Obrador “desprecia, y mucho, a las
instituciones del Estado y a sus funcionarios, desprecia a los órganos autónomos y
desprecia a las organizaciones de la sociedad civil. Y esto no presagia nada bueno”.

J
10

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

–¿Hay ya un modo de gobernar de López Obrador?
–Sí. Lo que más me preocupa es que
existe un resorte autoritario en el presidente de la República.
Después de renunciar al PRD en 1991,
por discrepar de la línea política del partido que presidía Cuauhtémoc Cárdenas,
Woldenberg encabezó el primer consejo
ciudadanizado del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996, justo cuando ascendía López Obrador al liderazgo perredista.
Se mantuvo en ese cargo hasta 2003,
cuando López Obrador cumplía tres años
al frente de la Jefatura de Gobierno de la
capital del país, desde la que se catapultó para ser tres veces candidato presidencial, hasta que ganó, en 2018, con 53% de
los votos.

Desde su cubículo de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
donde estudió López Obrador, Woldenberg observa un fortalecimiento del presidencialismo, un afán centralizador de decisiones, una descalificación a “rajatabla”
de sus adversarios, y decisiones autoritarias, como las consultas.
Las organizadas para cancelar el nuevo aereopuerto y sobre la termoeléctrica
de Huexca, reprueba, no son constitucionales, ni siquiera encuestas con muestra
representativa: “Son más bien caprichos
donde el poder se ve en el espejo y el espejo le dice al poder lo que éste quiere oír.
Eso tampoco presagia nada bueno”.
En particular, le parece aberrante la
consulta que López Obrador organizará, el
21 de marzo, en el natalicio de Benito Juárez –uno de sus próceres favoritos–, para
definir si son enjuiciados los expresidentes
del “neoliberalismo”: Miguel de la Madrid,
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“Eso a mí me parece un delirio. ¡Un delirio!”, exclama para manifestar su repudio
a esa consulta que considera indigna de un
jefe de Estado, porque no se pude enjuiciar

LO S 10 0 D ÍA S
José Woldenberg, quien presidió el Instituto Federal
Electoral durante los comicios de la primera alternancia presidencial, en 2000, manifiesta su preocupación por el “resorte autoritario” que observa en
las decisiones iniciales del gobierno lopezobradorista, por lo que llama a los distintos sectores sociales a evitar que en el país se escuche sólo la voz
del presidente.
y la sociedad tienen de los logros en esta
materia.
“Me preocupa que desde el gobierno,
y también desde la sociedad, no se valore mucho lo que se construyó en México
en las últimas décadas en materia democrática. En el discurso presidencial la etapa de transición a la democracia prácticamente es omiso”, subraya.
Autor de una treintena de libros, entre
ellos La mecánica del cambio político en México y México: la democracia difícil, el expresidente del organismo antecesor del Instituto Nacional Electoral valora los logros de la
transición democrática, como el sistema
plural de partidos, hoy debilitado, la Presidencia de la República acotada por el Congreso y el Poder Judicial, así como el sistema de organismos autónomos.
Pero reconoce que esto obedece a que
la corrupción, la inseguridad y la desigualdad han estado más en el centro de la atención pública.
“No hay un disolvente mayor de la confianza en las instituciones públicas que los
fenómenos de corrupción que llevan apa-

Germán Canseco

a quienes fueron presidentes por haber sido neoliberales.
“Eso no es un cargo. La democracia se
hace para que las corrientes neolibeales,
socialistas, conservadoras se expresen,
contiendan y finalmente se trata de políticas diferentes, pero no pueden ser llevadas
a tribunales”, explica.
Lo que sí puede llevarse a los tribunales
son delitos específicos, pero de lo contrario
“volveríamos a la época de los juicios de alzada, sin garantías para los inculpados. Impartir justicia tiene su chiste”.
Si se quiere juzgar a los expresidentes, añade, que el Ministerio Público arme
los expedientes para establecer los posibles delitos y se los presente a un juez, para que se notifique al inculpado y se defienda, y si es culpable que se sancione.
“Está hablando desde Salinas hasta
acá. Muchos de los eventuales delitos es
muy probable que hayan prescrito”, advierte, y reitera: “Hablar de cosas que pasaron hace 25 o 30 años y que van a ir a tribunales me parece una bufonada”.
–Pero va a ocurrir.
–Yo espero que no.
–¿Debe reconsiderar?
–Creo que sí. Eso sería un show, sin ninguna base legal, sin ninguna base constitucional. Espero que eso no suceda.
Woldenberg entiende que López Obrador diga que la consulta prevista en la
Constitución es inoperante, pero entonces que se modifique.
“Yo no digo que a nuestra Constitución
tengamos que verla como las tablas de la
ley reveladas. Pero el presidente sobre todo está obligado a cumplir con lo que la
Constitución dice. Lo nombramos presidente, no sultán. Y es presidente porque
hay un marco constitucional en que derivan todas sus potencialidades, pero también todos sus límites.”

rejada impunidad”, subraya, y añade que,
en paralelo al proceso democratizador, hubo una espiral de violencia que alimentó el
malestar con los políticos, los partidos y los
gobiernos.
“Y si a eso sumamos que la economía
no creció a tasas medianamente importantes como para atender la incorporación
de millones de jóvenes al mercado de trabajo, que acabaron en la informalidad, y si
además agregamos las enormes desigualdades que marcan nuestro país, entonces quizá podamos entender por qué esa
desafección con los partidos que hicieron
posible la transición democrática en los
primeros años de la democracia.”
Esto explica en buena medida, dice, el
triunfo de López Obrador, pero también le
advierte: “Ese caldo de cultivo sigue ahí y
no se revierte sólo con proclamas y con
anuncios. Mucho del performance del nuevo gobierno sí ha tendido puentes con los
ciudadanos, pero si la corrupción y la violencia no se abaten, si la economía no crece, si la gente no ve un horizonte productivo para él y para sus hijos, es probable
que los fenómenos de desencanto vuelvan a aparecer”.
Alerta: “Ojalá no tiremos al niño con
el agua sucia. Para mí el niño se construyó en términos democráticos y el agua sucia son todos estos fenómenos, todos estos rezagos, estas plagas que erosionan la
vida misma”.
Para Woldenberg, es claro que en los
primeros 100 días de gobierno de López
Obrador hay el afán de “reconcentrar en la
Presidencia muchas facultades y eso, bien
pensado, no le conviene ni al presidente”.
–¿Por qué?
–Porque entre más facultades concentra, más responsabilidades tiene.
–¿Y más costos?

Llamado a resistir
Constructor y defensor del proceso de transición democrática en México, Woldenberg
lamenta el poco aprecio que López Obrador

Woldenberg. Distanciamiento

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11

Eduardo Miranda

Descifrando a AMLO, el liberal
AGUSTÍN BASAVE*

E

igualitarismo abstracto, esgrimido contra fueros y privilegios, llevó al exceso de acabar con
escuelas y hospitales para indígenas, y después porque las tierras de sus comunidades
fueron expropiadas junto con las propiedades
eclesiásticas. Con todo, más allá de ese grave pero involuntario daño colateral, la liberalización fue el hilo progresista de nuestro devenir decimonónico.
Pese a su devoción juarista, sin embargo, yo no aprecio que el credo del líder de
la cuarta transformación esté emparentado
con esa versión del liberalismo. AMLO rechaza el trato igual a los desiguales y, aunque ignoro si ha participado en la masonería,
está sin duda muy lejos de ser anticlerical;
no es, en suma, un liberal en la tradición
mexicana. Esta apreciación no es un anacronismo, porque entre nuestros políticos e intelectuales de hoy abundan los jacobinos,
y de hecho algunos de ellos lo han criticado justamente por considerar que en el deslinde de sus creencias religiosas y su papel
como estadista no es suficientemente claro.
De los rasgos ideológicos que señalan los
estudiosos del liberalismo del XIX en México
–Hale, por ejemplo– AMLO comparte aquellos con los que prácticamente ningún mexi-

–Pero desde su punto de vista no se ve
así, sino ve que entre más concentra poder, menos obstáculos para desplegar su
voluntad tiene. Eso es lo que me preocupa.
“Creo en los principios del ideal democrático republicano, que es muy im-

portante que las autoridades sean electas,
ese es el punto de partida, pero luego es
muy importante que el poder esté regulado, dividido, vigilado, equilibrado, y eso es
lo que va a estar en juego en los próximos
meses y años.”

https://www.elperiodico.com

l presidente Andrés Manuel López
Obrador se considera un liberal. Aunque muchos lo ven como populista
o como nacionalista revolucionario,
él se identifica con el liberalismo. A diario lo
proclama, si bien no pasa de definir su ideología en contraposición al conservadurismo,
como una suerte de pulsión de cambio. Dice
que los pueblos siempre se han dividido en
liberales y conservadores, y no es aventurado afirmar, conociendo su inclinación introspectiva por la historia de México, que su
concepción de liberalismo –hay varias, y cada una responde a un determinado tiempo
y espacio– es la del movimiento político que
triunfó en el siglo XIX mexicano.
Nuestros primeros liberales pusieron énfasis en el republicanismo y la igualdad de
todos los ciudadanos ante la ley, que quedaron plasmados en la Constitución de 1824.
Sus sucesores completaron la obra en la
Carta Magna de 1857, al separar el Estado
de la Iglesia y garantizar la libertad de cultos.
Bajo el liderazgo del principal referente histórico de AMLO, Benito Juárez, se logró la secularización de la cosa pública. En ambos
casos, por cierto, se afectó accidentalmente
a los pueblos originarios; primero porque el

La ciudadanía. Inconformidad

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Basave. Repaso histórico

cano, de izquierda o de derecha, discrepa
en la actualidad.
Cierto, todos tenemos ideologías eclécticas, empezando por quienes nos asumimos
socialdemócratas. AMLO posee los ideales
del socialismo utópico, el binarismo marxista, el instinto populista, el atavismo del nacionalismo revolucionario y sí, también el influjo liberal, pero de un corte distinto al que
él concibe. Para encontrar el que realmente
profesa hay que recurrir a Bobbio: “[liberalismo] significa individualismo; y por individualismo no se entiende sólo la defensa radical
del individuo, único y solo protagonista de la

Añade: “Hoy tenemos un presidente
mucho más fuerte que los del pasado, tanto por el triunfo electoral, por la correlación
de fuerzas en el Congreso, como por el apoyo popular que mantiene. Y por otro lado,
por la caída en votos de la oposición”.
–¿Ve riesgo de despotismo?
–Yo sí veo un riesgo de autoritarismo.
Y es que, si bien entre los diferentes proyectos existen voces discordantes –“eso está en el código genético de la democracia”–,
López Obrador polemiza descalificando.
“Esas pulsiones son las que a mí me
preocupan, y mucho. Hay un afán centralizador y un no entendimiento de que los
Estados democráticos modernos aspiran a
que el poder esté dividido, regulado, equilibrado, contrapesado, y a veces me da la impresión que, desde la visión del presidente,
quienes cumplen con esas funciones son
vistos como trabas, como obstáculos.”
–¿Esto debe generar una reacción crítica o, al contrario, que se subordinen?
–Por eso hablo de una puja. En efecto,
ante el acoso, puede haber quien se venza, pero puede haber, y es a lo que apuesto, quien resista.
Pone como ejemplo la desaparición de
la autonomía universitaria de la Constitución, que él cree que sí fue un error, pero

LO S 10 0 D ÍA S
vida ética y económica contra el Estado y la
sociedad, sino también la aversión a la existencia de cualquier sociedad intermediaria
entre el individuo y el Estado, por lo que, tanto en el mercado político como en el económico, el hombre debe actuar por sí solo” (Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, Diccionario
de Política, Siglo XXI Editores, México, 1988,
p. 908). Sostener que esta definición describe a AMLO seguramente disgustará a no pocos liberales y a él mismo, pero ¿acaso no
encajan en ella las transferencias de dinero individualizadas y directas a la ciudadanía y la
aversión hacia la sociedad civil?
AMLO alberga, a no dudarlo, un amasijo doctrinario. Cohabitan en él, v.gr., una fascinante mezcla de estatismo y neoliberalismo
económico: abomina las privatizaciones y reivindica al Estado, pero al mismo tiempo repudia la prolijidad burocrática que caracteriza al
aparato estatal, una paradoja que yo aplaudo y por cuya conciliación hago votos. Y es
que practica, tal vez inconscientemente, ciertos usos y costumbres neoliberales: la simplicidad de los esquemas redistributivos –tipo
negative income tax de Friedman–, la equiparación de burocracia y corrupción y la renuencia al endeudamiento, al presupuesto deficitario y, sobre todo, al aumento de impuestos.
En este sentido, AMLO es un insólito seguidor
del Consenso de Washington, al que no sin algo de razón culpa de los males de México.
Ideológicamente, a AMLO solo se le puede encasillar en la casilla de lo inencasillable.

Su discurso es más o menos homogéneo,
pero de las decisiones y acciones de sus primeros 100 días de gobierno puede inferirse
una abigarrada amalgama ideológica practicada con una dosis de improvisación. Quizá
lo único en que no muestra eclecticismo es
en su sistema de gobierno preferido, el presidencialismo omnímodo. Está claro que no
le gustan los contrapesos, así se promuevan
desde grupos de fuerza ínfima comparada
con la suya. Por ello, y dada su insistencia en
declararse discípulo del liberalismo mexica-

no, debo decir que las similitudes que yo encuentro en la praxis entre AMLO y Juárez son
dos, una buena y una mala: la honradez austera, que en buena hora impulsa, y la peligrosa concentración del poder. Y si la primera
no es intrínseca a un liberal, la segunda es la
negación de cualquier liberalismo. O
@abasave
* A partir de esta entrega Agustín Basave se incorpora como colaborador regular de Proceso.

eso movilizó a los rectores: “Ahí hubo resistencia y fue claro que no pueden hacer
su voluntad como si no existieran otros”.
Pero hay otros casos, lamenta, en los
cuales “podemos ver que se reblandezcan
las instituciones y quieran alinearse con los
propósitos del presidente de la República”.
Un ejemplo es la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), cuyo presidente, Guillermo García Alcocer, fue acusado de conflictos de interés y ofreció renunciar.
“Las dos cosas son dignas de preocupar. Que desde Presidencia aparezca como una especie de persecución a alguien
indeseado y que esta persona perseguida,
en un momento, pida clemencia. Bueno,
ninguna de las dos cosas está bien.”
Por eso apuesta a que los órganos autónomos del Estado mexicano “sepan valorar lo que es la autonomía y no siguiendo las directrices del Ejecutivo federal. Eso
lo veremos en los próximos meses”.
–Que no se acobarden.
–Sí, que sigan actuando como órganos
autónomos. No deben quedar bien con el
presidente de la República, sino cumplir
con su misión.
Pero además Woldenberg apuesta a
que la sociedad también se movilice, “desde las organizaciones de la sociedad civil
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hasta grupos empresariales, sindicales, agrarios, medios de comunicación”
para evitar que exista una sola voz.
“Esa es mi esperanza: las condiciones socioculturales de México no dan para que esa diversidad se exprese de manera unificada. Ese es un sueño que ni en
mis peores pesadillas alcanzo a ver.”

¿Cambio de régimen?
Contrario a lo que proclaman López
Obrador y Morena, Woldenberg niega que haya habido un cambio de régimen con la alternancia. “Por eso no uso
esta fórmula de la Cuarta Transformación”, aclara.
“El régimen sigue siendo el mismo:
una república federal, democrática, representativa y laica. Eso es lo que dice
la Constitución. Hubo un cambio de las
fuerzas que conducen el entramado estatal, pero hasta ahí.”
Tampoco cree que pueda restaurarse un partido hegemónico, porque México es una sociedad modernizada, “si
se quiere de manera contrahecha”, y
plural. Quizá Morena en las próximas
elecciones “refrende ese punch”, pero
volverán las elecciones competidas.
“Morena puede acabar siendo un
partido predominante o incluso un partido hegemónico, pero puede, no está escrito en ninguna ley, y eso dependerá de
la gestión de gobierno, de lo que haga
Morena pero también de lo que haga el
resto de los partidos. Esta historia no se
ha acabado, porque no se acaba nunca y
hay muchas contingencias.”
–¿Entonces no está en riesgo la
democracia?
–El día de hoy tenemos una incipiente democracia a la que hay que cuidar, valorar y apuntalar, porque estas
construcciones no son de una vez y para siempre. No hay nada que puede garantizar que la democracia perdure por
siempre.
Por eso alerta sobre la estrategia del
gobierno de transferir dinero en efectivo de programas sociales, que él rechaza, pero que son efectivos para el proyecto de López Obrador en curso.
“La primera impresión de millones
de gentes es: ‘Estos sí nos están atendiendo, están viendo por nosotros’. Con
todo lo que eso implica”, subraya, y recuerda que el padrón fue levantado por
simpatizantes de Morena cuando eran
particulares.
“Esos son los resortes preocupantes. Los marcos normativos no les gustan, los sienten como una camisa de
fuerza y entonces viene la buena voluntad. A estas alturas deberíamos saber
que la buena voluntad, por sí misma,
puede generar los peores infiernos.” O

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“El poder
cambia a la gente”
“Lo conocí sin poder y no estoy seguro de que sea ahora la misma persona...”. Así resume Mauricio Merino su
antigua amistad con Andrés Manuel López Obrador. El
profesor del CIDE advierte que con el presidente se está
gestando un fenómeno de concentración de poder que no
será saludable para una democracia, aunque niega que
el tabasqueño sea un déspota: es, afirma, un hombre que
“cree lo que dice y dice lo que cree”.
ÁLVARO DELGADO
ndrés Manuel López Obrador
vivía en una choza en la zona
indígena de Nacajuca hace 38
años, cuando Mauricio Merino
lo conoció en Tabasco.
“Sentí que éramos amigos
en ese entonces”, evoca el profesor del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien ahora tiene una relación distante con el tabasqueño. “El poder
cambia a la gente, la va cincelando. Conocí a Andrés Manuel sin poder y no estoy seguro de que sea ahora la misma persona”.
Más aún cuando López Obrador tiene
tanto poder y legitimidad como presidente de la República, gracias al electorado y
al colapsado sistema de partidos políticos,
que está dando lugar, alerta, a una nueva
forma de presidencialismo y a la reconstrucción de un partido hegemónico con
Morena.
“Esta es la parte más delicada: La construcción deliberada, planeada y hasta ahora bien operada de una nueva forma de
presidencialismo mexicano; esto es, la
concentración del poder en él mismo, a
partir de la disciplina que impone no sólo
a su gabinete y a su partido, sino el sometimiento deliberado de gobernadores, órganos autónomos, sociedad civil, expertos…

A

todo lo que no sea consecuente con la figura del presidente de la República.”
López Obrador, agrega, no simula el
afán de concentrar poder: “Es una estrategia no esbozada, es explícita, es abierta, es
un señalamiento inequívoco de estos primeros 100 días de gobierno”.
–¿Cuáles son las consecuencias de
este nuevo presidencialismo?
–Son de pronóstico reservado.
Y esta concentración de poder que
ya tiene López Obrador, anticipa Merino,
se incrementará en la medida en que se
consoliden sus programas sociales basados en la entrega directa de recursos a los
beneficiarios.
“Más se va a acrecentar (su poder) una
vez que todos los programas de transferencia de dinero vayan prosperando. La
gente se siente feliz si le das dinero”, subraya y anticipa: “No creo que los proyectos prioritarios del presidente vayan
a tener descalabros, la verdad. Esto va a
funcionar, porque distribuir dinero es algo
que tiene una larga práctica en México”.
Insiste en la advertencia: “A todas luces
vamos a la reconstrucción de un partido hegemónico. Eso está claro. Todavía no lo es,
pero para allá vamos. Y habrá que volver a
empezar a construir un régimen plural”.

Octavio Gómez

LO S 10 0 D ÍA S

Merino. Una nueva forma de presidencialismo

Consejero en el Instituto Federal
Electoral presidido por José Woldenberg
y promotor de iniciativas ciudadanas,
como la Red por la Rendición de Cuentas,
desde la que ha sometido a escrutinio
a los gobiernos, Merino convoca, desde
ahora, a “despertar del sueño” y definir
lo que deberá hacerse tras el gobierno de
López Obrador.
“El presidente es mortal, no va a vivir
para siempre y el sexenio se acabará y el
país debe seguir. Entonces la pregunta que
todavía no está contestada, no digo que no
se vaya a contestar y que no tenga respuestas, es: ¿Qué va a ser de México después de
Andrés Manuel? Porque hoy todo se cifra
en él, todo, para bien y para mal.”
Convencido de que “es una tontería”
la hipótesis de que López Obrador pretenderá reelegirse, el académico avizora que
concluido el sexenio habrá una realidad
que deberá ser transformada.
“¿Con qué instituciones vamos a gobernar? El gobierno adelgazado y enjuto,
franciscano; la política social convertida
en reparto de dinero individualizado, directo; la seguridad con los militares; sin
partidos, sin pluralidad, sin sociedad civil,
sin universidades consolidadas, sin crítica
aceptable, ¿qué va a pasar en México des-

pués de Andrés Manuel? ¿Cómo vamos a
gobernar eso?”
Insiste, vehemente: “La pregunta no es
qué va a pasar con Andrés Manuel, eso ya
sabemos. La pregunta es: ¿qué va a pasar
después de Andrés Manuel? Necesitamos
instituciones políticas, aunque no nos
guste la palabra; necesitamos reglas, necesitamos gobiernos, necesitamos un orden democrático razonable para tener un
país después de Andrés Manuel. Y eso no
se está haciendo”.

Malas noticias
Fundador del colectivo Nosotrxs, “un movimiento decidido a tomar un rol activo
para mejorar el país con las leyes e instituciones que ya tenemos”, Merino analiza
el arranque del gobierno de López Obrador quien, como él, fue discípulo y colaborador de Enrique González Pedrero, quien
gobernó Tabasco entre 1983 y 1987.
Fue precisamente éste quien lo mandó a buscar a López Obrador para incorporarlo a su campaña, hacia 1981. “Vivía en
una casita y lo acompañé un par de veces
a recorrer los camellones chontales, que
él creó para que se pudiera sembrar. Conocía a toda la gente”.

Tras la campaña, López Obrador se
convirtió en presidente local del PRI, en
1983, cargo al que renunció meses después
y rechazó también ser el oficial mayor del
gobierno, en el que Merino era el titular de
Planeación.
Casi cuatro décadas después, López
Obrador es el presidente de la República gracias a su tenacidad y a su discurso contra la
corrupción, la desigualdad, la violencia.
Y ahora, a 100 días de iniciado el gobierno, Merino percibe “una impronta narrativa completamente nueva” con tres
rasgos: Una ruptura frontal con el pasado inmediato, especialmente con el periodo neoliberal, y otra ruptura con la “mafia
del poder”.
“No sólo es una ruptura simbólica con
el neoliberalismo”, dice, “sino con grupos
concretos a los que claramente va identificando y va excluyendo de cualquier
posibilidad de tomar decisiones en el espacio público”.
–¿La cancelación del aeropuerto se
inscribe en eso?
–No parece haber otra explicación.
Y el tercer elemento de esta nueva narrativa, retoma, es la nueva forma del presidencialismo mexicano y la concentración
del poder en él mismo, que nace de su acier2210 / 10 DE MARZO DE 2019

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Para Álvaro Delgado, el Premio Carlos Terrés del
Centro Universitario de los Lagos de la UdeG

A

sí como el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció separar
el poder político del poder económico, es “necesario y urgente que
también rompa con la tradicional relación entre el poder público y los medios de comunicación cimentada en el dinero público y las
complicidades”, expresó el periodista Álvaro
Delgado Gómez al recibir el viernes 8 el Premio Carlos Terrés que otorga el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de
Guadalajara.
“No basta con enunciar virtudes, sino
acreditarlas”, señaló en referencia a que
“el periodismo ante López Obrador, ahora
como siempre, está llamado a verificar si
las ofertas se cumplen mediante el riguroso
escrutinio que tanto exaspera al poder de
cualquier signo”.

Delgado –quien está próximo a cumplir
25 años como reportero de Proceso y es
autor de libros como El Yunque, la ultraderecha en el poder; El ejército de Dios; El
engaño, prédica y práctica del PAN, y El
amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y
otras traiciones panistas– reflexionó sobre el
periodismo y el papel que debe jugar ante
el poder, sea este público o privado, formal
o de facto.

Se transcriben a continuación fragmentos
sustanciales de su discurso relativos a la
“tensa relación dialéctica” en la que conviven
el poder y el periodismo:
“¿Qué es ser periodista? ¿Para qué ser
periodista? En lo básico, es investigar, pro-

cesar y difundir asuntos de interés público,
es decir, información que le concierne a las
personas en comunidad. El periodista, como
definió el periodista francés Gabriel Peri, es
el historiador de lo inmediato.
“El buen periodismo es intrínsecamente
transformador y, porque lesiona intereses,
concita la furia del poder. Tiene razón Rodolfo
Walsh: ‘El periodismo es libre o es una farsa’.
“Debemos tener claro todos, los periodistas y los no periodistas, lo que representa
el periodismo ante el poder. En noviembre
escribí, en mi columna semanal del diario El
Heraldo de México, Historia de lo inmediato,
una convicción que quiero aquí ratificar:
“El periodismo remueve, escudriña, examina, documenta y difunde el ejercicio del
poder y sus excesos. El poder acota, burla
y combate el escrutinio al que lo somete el

to de capitalizar los agravios acumulados
en la sociedad, como corrupción, inseguridad y desigualdad.
“Hay un acierto en que él se presenta como contrario a todo eso y eso crea un
ambiente de esperanza, de cambio, y sí, de
regeneración, de ahí el nombre de Morena,
que por su propia imagen, por su carisma
se vuelven creíbles. Eso está clarísimo.”
Evocando su relación con él en Tabasco, Merino advierte sobre el estilo de López Obrador: “Andrés Manuel cree lo que
dice y dice lo que cree, las dos cosas son
ciertas. Cuando a mí me dicen que finge,
digo que no: cada cosa que dice es porque
de verdad lo cree. Eso puede que no produzca acuerdo, pero produce confianza.
La gente le cree”.
El poder de López Obrador también se
explica, añade el experto, en la “mala noticia” que significa el colapso del sistema
de partidos políticos, que se corrompieron muy rápido, abandonaron la idea de la
pluralidad y perdieron identidad.
“Todo se volvió un saco de partidos
que cachaban todo, que querían ganar cotos a cualquier costo y que usaron el dinero público para clientelas, que compraron
las campañas, capturaron las licitaciones,
convirtieron a la administración pública en un botín y ese botín sirvió para refrendar sus espacios electorales en cada
nuevo ciclo político. ¡O sea, dieron al traste con un proyecto democrático, esa es la
verdad! ¡Nos quedamos sin régimen de
partidos!”

Eso se dijo que iba a suceder, recuerda,
y ahora que sucedió no es positivo para
México.
“El deterioro del régimen democrático no puede verse como una buena noticia, pero es ese deterioro el que, al mismo
tiempo, le da sustento político a la concentración del poder de Andrés Manuel. Y
sí, hoy tenemos un nuevo proceso de concentración del poder que, de suyo, no es
una buena noticia.”
–¿Y tiene esto efectos indeseables?
–Yo todavía no veo lo nocivo ni lo perjudicial. Todavía. Quizá mi optimismo metodológico me traiciona. Pero todavía no
veo. ¿Veo que podría suceder? Sí.
El hecho más ominoso que aprecia es,
además “de la degradación del régimen de
partidos”, la militarización del país con la
Guardia Nacional.
“Aquí hay un signo inequívoco de
cómo la degradación de las instituciones
llegó hasta el punto de que no hubo más
remedio, no hubo alternativa, que echar
atrás la construcción de una policía profesional, de largo aliento civil, y se ha puesto la seguridad en manos del Ejército y la
Marina.”
Otro signo negativo que aprecia Merino en el arranque del gobierno de López
Obrador es la transferencia de dinero a beneficiarios, que no ve erróneo. “Tengo la
esperanza de lo corrija en el camino, pero
grandes rectificaciones no veo todavía”.
Y es que transferir dinero y tener una
política social son dos cosas distintas,

como lo demuestran las estancias para
niños y los refugios para las mujeres maltratadas, que no se resuelven repartiendo
cheques.
“Hasta los primeros 100 días da la impresión de que, en aras de evitar la corrupción, en lugar de corregir, mutila, y
entonces reparte dinero. Y esa no es ni
puede ser una política social, mucho menos de izquierda. Esta decisión de repartir
dinero es neoliberal. Espero que corrija.”
–Pero si nadie de su equipo se lo dice,
no puede corregir.
–Todos tenemos claro que aquí es un
hombre, el presidente. La gente que está
alrededor del presidente está con el presidente, a favor del presidente, con las ideas
del presidente y para respaldar al presidente. Yo no veo la generación de la reforma. Veo a un presidente muy potente,
muy muy legítimo, muy claro.
López Obrador también se equivoca,
afirma, en cómo atacar la corrupción, que
no es un fenómeno de buenos y malos,
sino de diseño institucional.
“El problema de la corrupción no es
una anomalía de alguien que es bueno y
que llega a un puesto público y se vuelve malo. Eso parecería facilitar todo, porque se ponen buenos y se quitan malos”,
explica y dice que, entre otras cosas, pasa
por la selección del personal.
“En México el gobierno ha sido un botín, el que llega se reparte los puestos y
esto sigue sucediendo. Los que llegaron no
han cambiado esa dinámica. Han recorta-

16

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

Los ejes rectores del periodismo

LO S 10 0 D ÍA S
se mide, entre otras cosas, por la vigencia
de los derechos constitucionales como
la libertad de expresión y el derecho a la
información, que a menudo el poder busca
menoscabar.
“En democracia también el periodismo
y los medios de comunicación, no sólo el
poder, están –estamos– sujetos al escrutinio.
Pero es la sociedad, no el poder, la que con
su vigilancia premia y castiga.
“Hace casi 100 días, cuando se inició el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
México emprendió una nueva etapa en la
relación poder público-medios de comunicación. Como en tantas cosas, en esta
asignatura priva la falta de certeza.
“En lo que no puede haber incertidumbre es en la convicción de lo que somos los
periodistas y los políticos que detentan el
poder público y que, como decía Julio Scherer García, fundador del semanario Proceso,
son muy distintos:
“‘La sangre del político no es igual a
la sangre del periodista. Corren por venas
distintas y alimentan organismos distintos.
No hay manera de unir sus torrentes sin
envenenarlos’.

“Pero también, decía, políticos y periodistas son especies que se repelen y se necesitan para vivir: ‘Los políticos trabajan para
lo factible entre pugnas subterráneas; los
periodistas trabajan para lo deseable hundidos en la realidad. Entre ellos el matrimonio
es imposible, pero inevitable el amasiato’.
“Así como el presidente electo anuncia,
como parte de su ofrecida ‘Cuarta Transformación’, que separará el poder político del
poder económico, lo necesario y urgente es
que también rompa con la tradicional relación entre el poder público y los medios de
comunicación cimentada en el dinero público
y las complicidades.
“No basta con enunciar virtudes, sino
acreditarlas. El periodismo ante López
Obrador, ahora como siempre, está llamado
a verificar si las ofertas se cumplen mediante
el riguroso escrutinio que tanto exaspera al
poder de cualquier signo.
“Concluyo: En el periodismo, como en
cualquier actividad, técnica es ética, que no es
sólo honestidad, sino dominio de la profesión:
Sin técnica, al arquitecto se le cae el edificio
y al periodista se le derrumba la credibilidad,
columna vertebral de su trabajo (…).” O

do puestos, han hecho un gobierno mucho
más delgado, lo que es una recomendación neoliberal, hacer gobiernos chiquititos, cada vez más enjutos, pero esa captura
no veo que haya cambiado un ápice.”
Tampoco se aprecia que se haya generado en el gobierno una implementación
del sistema de archivos: “Mientras no se
ponga orden, por lo menos en los documentos que van produciendo los gobiernos para probar lo que afirman, tenemos
un problema de discrecionalidad, que es
una de las causas centrales de la corrupción, aquí y en China”.

acumulado tanto poder y tanta legitimidad como Andrés Manuel López Obrador”, cree necesario y urgente que, ante
el colapso del sistema de partidos, los diversos sectores de la sociedad se activen
para retomar el pluralismo después del
sexenio.
Por eso plantea: “El deber de los académicos; de las prensa democrática de a deveras, no la vendida; de la sociedad civil
que no es representativa de empresarios
concretos, es reflexionar sobre estos temas, hacer nuestra mejor aportación po-

sible con la mejor buena fe posible. Esa es
nuestra chamba”.
–¿Ve a López Obrador como un déspota?
–No, no. Sí creo que es un presidente
que cree en lo que dice y sí está haciendo
lo que cree que debe hacer. Honestamente creo que es así. Insisto: hay un montón
de cosas que no me gustan, que me preocupan, pero no le veo mala leche.
“No creo que haya un espíritu despótico, ni tampoco creo que el país esté en
condiciones de aguantar la posibilidad de
un gobierno de tipo despótico.” O
Eduardo Miranda

periodismo, al que reprime y extermina si
hace falta.
“El poder es control; el periodismo,
libertad.
“Las naturalezas de ambos, contrapuestas, conviven en una tensa relación dialéctica en los regímenes democráticos; en las
tiranías, el poder manda.
“El periodismo, para ser fiel a su naturaleza de servicio a la sociedad, tiene como
condición la independencia. Sujeto al poder
–político, económico, mediático, religioso,
castrense, sindical–, el periodismo es débil y
(se) degrada a propaganda.
“Junto con la independencia, el periodismo tiene en el apego a la verdad otro de sus
ejes rectores. Ajustarse a los hechos, aportar
evidencias, es condición para construir la
credibilidad a la que aspira todo medio y
periodista.
“No es el fin del periodista confrontarse
con el poder, un pleito desigual de suyo, pero
la naturaleza de la profesión conduce al disenso, a la discrepancia, al choque. El poder debe
enfrentarse sin alardes, pero con firmeza.
“Nada exaspera tanto al poder como
la crítica, pero la salud de una democracia

No es un déspota
Pese a ya no tener relación con él, Merino
comenta que López Obrador reconoció su
trabajo de planeación en Tabasco y que inclusive los “centros integradores”, de los
que él fue coordinador en Tabasco, serán
reactivados en el gobierno federal, con el
fin de articular comunitariamente estrategias de salud, educación, transporte, infraestructura. “Es un buen signo”, dice.
–¿No ha hablado con él?
–Con el presidente no se habla. No sólo
con López Obrador, pero especialmente con López Obrador. El presidente de la
República es una figura y, como el propio
Andrés Manuel ha dicho, deja de pertenecerse a sí mismo, se vuelve objeto del Estado, cabeza del gobierno.
Pero así como no encuentra “a lo largo de muchos años una persona que haya

AMLO. Baño de pueblo

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17

Miguel Dimayuga

Crecimiento sí, pero

precario...

RAFAEL CRODA

J

usto cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador
cumple 100 días en el cargo,
las proyecciones que anticipaban una desaceleración de la
economía mexicana este año se
comienzan a traducir en datos duros. Y éstos confirman que, en materia económica,
el nuevo gobierno arrancó con el viento en
contra.
Reportes oficiales divulgados en los
últimos días señalan que en diciembre
pasado, primer mes de López Obrador
en el cargo, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) disminuyó 0.4%
con respecto a noviembre, y la producción
industrial se contrajo 2.5% arrastrada por
la caída del sector petrolero.
Ese mismo mes, las ventas de comercios minoristas bajaron 3.2 puntos porcentuales, lo que representa la mayor contracción mensual en cinco años.
Además, la Secretaría de Economía
dio a conocer que la inversión extranjera directa que captó México en el último trimestre de 2018, durante el cual se
canceló la construcción del aeropuerto
de Texcoco, cayó 14.8% con relación al
mismo periodo de 2017.
Otra señal de desaceleración fue la disminución de los ingresos públicos en ene-

18

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

ro pasado, que fue de 7.5% con respecto
al mismo mes de 2018 y la cual se debió
principalmente a un descenso en la producción y los precios internacionales del
petróleo. Se trata de la más fuerte contracción de los ingresos desde enero de 2009,
año en el que la crisis financiera internacional provocó una recesión en México.
En medio de esta sucesión de reportes,
de los cuales acusaron recibo los hipersensibles mercados financieros, el Banco de México (Banxico) ajustó a la baja su
proyección de crecimiento de la economía
para 2019 y la ubicó en un rango promedio
de 1.6%, que es menor en 0.6 puntos porcentuales a la estimación previa.
Este recorte de expectativas no es un
dato aislado, forma parte de un consenso.
El miércoles 6, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó en medio punto porcentual el
pronóstico de crecimiento en México: de
2.5% –que dio hace cuatro meses– a 2.0%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI),
el Banco Mundial (BM), organismos financieros y analistas económicos coinciden en
que México crecerá este año menos de lo
esperado a finales de 2018. Esa reducción
en las expectativas responde, dicen, a factores externos y a las políticas públicas del
gobierno de López Obrador.
En el plano internacional, se prevé una
expansión más débil de la economía glo-

bal y un crecimiento más moderado de
la poderosa economía china. Es probable
que eso impacte el precio de materias primas, como el petróleo.
También persiste la incertidumbre por
el rumbo que puedan tomar las tensiones
comerciales entre Washington y Beijing, y
por las mayores restricciones que tendría
el acceso al financiamiento para economías emergentes.
Para el exsecretario de Economía
Eduardo Sojo es un hecho que los factores
internacionales influyen en la reducción
de las expectativas de crecimiento; no obstante, él cree que los ajustes a la baja en
los pronósticos “tienen que ver mucho más
con lo interno que con lo externo”.
Sojo, quien hoy es director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que estos últimos meses han sido más bien negativos y
enumera los factores: el desabasto de gasolina, la “tardía” reacción del gobierno
ante el cierre de vías férreas por parte de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación en Michoacán, la cancelación de obras del aeropuerto de Texcoco,
la falta de estudios de viabilidad de proyectos, como el Tren Maya y la Refinería
de Dos Bocas, así como la preferencia que
tiene esta administración por el gasto corriente, no el de inversión”.

LO S 1 0 0 D ÍA S
En materia económica hay “una disonancia entre lo que
está pensando la sociedad en general y lo que observan
los analistas y los organismos financieros multilaterales”, sostiene Eduardo Sojo, quien fuera secretario de
Economía de Vicente Fox. Dedicado ahora a la academia
en el CIDE, advierte: “Tampoco es buena señal que se
asignen obras al Ejército en vez de licitarlas”.

En ese periodo, la economía mexicana
creció 2.3% cada año, mientras que en los
BRICS fue de 4.4%; casi el doble.
Sojo plantea que si López Obrador
quiere lograr una expansión anual de 4%,
como lo prometió durante la campaña
electoral, el país deberá llegar a tasas de
inversión de entre 25 y 27% del PIB, para lo
cual “tiene que hacer las cosas de manera diferente”.
Y eso significa “dar reglas claras y certidumbre” a los empresarios y elevar la recaudación del gobierno a través de una
reforma fiscal que debería presentar al
Congreso “lo más pronto posible”.
De esta manera, la inversión privada
podría subir a 20 puntos porcentuales del
PIB y la pública a 5% del PIB. Este último
porcentaje es la meta de López Obrador.
En caso de que eso no ocurra, dice Sojo, el “ridículo” crecimiento que ha tenido la
economía mexicana durante el periodo que
López Obrador llama “neoliberal” y que comenzó en toda profundidad con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), “se va a ir en este
sexenio todavía más para abajo”.
Benjamín Flores

Para quien fuera coordinador del gabinete económico de Vicente Fox (2000-2006),
“tampoco es buena señal que se asignen
obras al Ejército en vez de licitarlas”.
–México tiene 30 años enviando a los
inversionistas “buenas señales” y eso no
le ha dado al país ni crecimiento económico ni desarrollo social. ¿No es lógico que
López Obrador quiera cambiar el modelo
de desarrollo? –se le plantea a Sojo.
–Yo estoy totalmente de acuerdo en
cambiar el modelo. Sin duda que nuestro
país, con tan mala distribución del ingreso,
requiere un modelo diferente, mucho más
solidario. Y creo que López Obrador está en
lo correcto al tener un proyecto mucho más
basado en la igualdad para lograr un país
más justo. Pero lo que se está viendo en materia económica no ayuda a ese objetivo.

sociales, y eso es gasto corriente, no de inversión, indica el doctor en economía de
la Universidad de Pennsylvania.
También el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) requerirán una enorme inyección de recursos
públicos que limitará la capacidad de inversión del gobierno.
“Si tienes una inversión pública a la baja –agrega– y lo que te puede sustituir a la
inversión pública es la inversión privada, y
no la estás fomentando, lo que podría pasar es que la inversión se te caiga más y
que el mediocre crecimiento que hemos
tenido se vaya más para abajo.”
El crecimiento de la economía mexicana entre los cincuenta y los setenta, que
fue de 6.5% en promedio cada año, estuvo acompañado de una expansión de la
inversión a tasas anuales de ocho puntos
porcentuales.
En los últimos nueve años, la inversión
en México ha promediado 22.2% del PIB,
mientras que en los países BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica) fue del 27%.

La inversión, determinante
Eduardo Sojo plantea que la clave para
crecer a altas tasas es la inversión, tanto
pública como privada.
Explica que el gobierno carece de los recursos para invertir más y que la misma Secretaría de Hacienda reconoce que la inversión pública en relación al Producto Interno
Bruto (PIB) es muy baja, de apenas 3%.
Pero en vez de aumentar, “seguirá bajando” porque el presupuesto federal se
está orientando a financiar los programas

Pemex. Industria golpeada

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

19

–En los sexenios anteriores los empresarios han tenido reglas claras y certidumbre, pero eso no ha aumentado la
inversión privada ni ha fomentado el crecimiento, se le insiste al entrevistado.
–Sí. Es cierto. A los empresarios se les
han dado todas las señales y tenemos todavía crecimientos muy raquíticos. Los estudiosos del tema lo atribuyen a que tenemos un sector informal gigantesco. El
56.6% de los ocupados en México está en el
sector informal. En el sureste este porcentaje llega a 80%. Y en ese sector la inversión
no es productiva.
Sojo acepta que durante los ocho años
en que fue jefe del gabinete económico de
Fox y secretario de Economía de Calderón,
el crecimiento de México fue igualmente
“raquítico”, lo cual hubiera podido ser diferente si se hubieran hecho en esos sexenios reformas estructurales, como la fiscal y la energética.
“La autocrítica es no haber hecho esas
reformas a tiempo”, asegura, y dice que
si bien la economía no ha tenido expansión en los sexenios anteriores, sí ha tenido estabilidad.
Pero señala que la estabilidad, por sí sola, no sirve para atacar la pobreza, la cual
permanece como uno de los principales
lastres de México.
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que mientras la región logró reducir
el porcentaje de pobreza 20 puntos en las
últimas tres décadas, en México ese indicador permaneció inalterable. Esto significa que, en materia social, el país lleva 30
años de estancamiento.
Durante el sexenio de Felipe Calderón
(2006-2012) la pobreza aumentó 5.4 puntos (llegó a 37.1%) y la pobreza extrema
creció 65%. En 2014, ya en el gobierno de
Enrique Peña Nieto, el 16.3% de los mexicanos eran extremadamente pobres, casi
el mismo porcentaje que dos décadas antes (16.8%), según cifras de la Cepal.

20

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

Sojo insiste en que todos los gobiernos
se han propuesto un alto crecimiento del
PIB para tener mejores resultados sociales,
pero no lo han logrado porque los niveles de
inversión pública y privada no dan para eso.
“Y lo que veo en este sexenio es que no
va a aumentar la inversión con los cambios que se quieren hacer a la reforma
energética. Las medidas que está tomando el presidente no ayudan a impulsar la
inversión pública y privada”, asegura.

Puntos rojos
Sojo, quien fue presidente de la junta de
gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), puntualiza que los
datos económicos de los primeros 100 días
de López Obrador “no presentan ninguna
señal de alarma, pero sí hay puntos rojos”.
Entre éstos menciona el aumento del
índice de riesgo país, que está en 216 puntos base, el triple del mínimo histórico
que se registró en 2007, lo que le encarece
el crédito internacional a México.
Sojo destaca un hecho que le parece
novedoso en México: que a pesar de las
señales de desaceleración económica y de
las alertas de los analistas financieros, la
confianza del consumidor que miden el
Banco de México y el Inegi está por lo alto.
En febrero pasado se ubicó en 48.8 puntos,
un nivel histórico que es mayor en 13.8
unidades del mismo mes de 2018.
Y el número de mexicanos que cree que
la situación económica estará mejor dentro
de 12 meses casi se duplicó en el último año
y llegó a 56.6 puntos; una cifra récord.
La confianza que muestran los mexicanos en el futuro de la economía está
en línea con la alta popularidad de López
Obrador, quien en todos los sondeos aparece con una aprobación superior a 60%.
Para Sojo, hay “una disonancia” entre
lo que está pensando la sociedad en general y lo que observan los analistas y los organismos financieros multilaterales.

Germán Canseco

Armando Meneses / Navaphotos.com

El NAIM Texcoco. Proyecto fallido

El FMI, el Banco Mundial, la agencia
Moody’s y los bancos Goldman Sachs, Citibanamex y Bank of América redujeron
en las últimas semanas hasta en un punto
porcentual sus proyecciones de crecimiento de la economía mexicana para este año.
En promedio, esperan que el PIB de
México tenga una expansión de apenas
1.5% en 2019, cifra que está muy por abajo
del 4% anual que prometió López Obrador.
En medio de la sucesión de ajustes a
la baja de las proyecciones económicas, la
agencia Standard & Poor’s (S&P) redujo la
perspectiva de las notas crediticias de México de “estable” a “negativa” por el proyecto del gobierno para reducir la inversión privada en el sector energético. Esto,
según S&P, afectará la confianza de los inversionistas en el país y aumentará la precariedad financiera de Pemex.
La agencia Fitch ya había reducido la
calificación crediticia de la petrolera estatal el 30 de enero.
Dos semanas después, López Obrador
anunció un paquete de inyección de recursos a Pemex por 5 mil 600 millones de
dólares que, según las agencias calificadoras, no resuelve el problema financiero de
la empresa y deja al gobierno con menos
recursos para invertir.
Pero Sojo considera que López Obrador también ha dado “muy buenas señales” en materia de políticas públicas. Entre
ellas, menciona el combate a la corrupción, la preocupación del presidente por
el desarrollo del sureste mexicano, la clara decisión de abatir la pobreza, el programa de becas a jóvenes para que se capaciten y la pensión universal para adultos
mayores.
“Lo que vamos a tener que hacer –dice– es ir viendo los números y los resultados de esas políticas.” O

Sojo. “Hay que ver los números”

LO S 1 00 D ÍA S
Gustavo A. De Hoyos Walther*

AMLO: un vistazo
antes del primer “out”

H

acer un balance del gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador
a 100 días del inicio del ejercicio de su encargo, es como juzgar el desempeño del
mánager del equipo de beisbol antes de
que caiga el primer out del primer inning.
El sexenio se inició a un ritmo trepidante, con un activismo sin precedente en
la historia reciente de los titulares del Poder Ejecutivo. Parecería que el presidente,
antes de cada uno de los dos intentos fallidos previos para acceder a la silla, apuntó con detalle las decisiones que tomaría
y las acciones que emprendería a partir de
la noche misma en que su anhelado triunfo llegara.
De tal manera que aun y cuando su
mandato formal se inició en el mes de diciembre de 2018, ya desde el 3 de julio y
una vez superada la anunciada desvelada
triunfal, se convirtió en el eje de todas las
decisiones políticas relevantes del país.
En ese contexto, el presidente llega a
sus primeros 100 días con un repertorio de
decisiones de gran calado para el país. Algunas de ellas incuestionablemente positivas, y otras claramente dañinas para el
destino nacional.
De cara a las decisiones que se han
adoptado, y sin pretender hacer aquí un
recuento de cada una de ellas, ni siquiera
de las más importantes, es evidente que
en su conjunto perfilan algunos desafíos
para México. He aquí un vistazo del pequeño tramo recorrido, con visión prospectiva de los retos de futuro.

1.- División de poderes

El Poder Legislativo, más allá de la conformación mayoritaria, debe actuar ejerciendo a cabalidad sus facultades legislativas,
electivas, presupuestarias y de fiscalización, actuando con independencia del Poder Ejecutivo.
Algunas de las decisiones que se han
adoptado, como el dictamen consensuado

para la instauración de la Guardia Nacional, hablan bien del actuar de los órganos
parlamentarios. Por el contrario, la imposición de las mayorías en asuntos tan
trascendentes como la Ley Orgánica de la
Fiscalía General, que le privó de autonomía no obstante los reclamos sociales, no
es una señal positiva.
En el caso del Poder Judicial, aún está a
prueba su capacidad de ejercer el control
de la legalidad de los actos de gobierno y legislativo. La evidencia de cercanía ideológica y hasta personal en el recién designado
presidente de la SCJN y en las personas que
integraron las ternas para las sustituciones
de ministros, no son signos alentadores. En
adición a ello, causan preocupación las expresiones del presidente relativas a su cabildeo ante el Poder Judicial, en asuntos relevantes del ámbito fiscal.

2.- Presidencialismo y autonomías

A lo largo de las últimas décadas el país
evolucionó rumbo al acotamiento de las
facultades del presidente en ámbitos torales de la vida pública, donde cualquier régimen presidencialista tiene debilidades
y tentaciones autoritarias. Así se conformaron órganos con autonomía constitucional y legal, y otros con independencia
técnica.
El presidente ha dejado de manifiesto su convicción sobre la inconveniencia
de este tipo de formaciones, e incluso ha
mantenido una acción verbal beligerante
contra estos órganos, fustigando en más
de una ocasión a sus titulares. Para no regresar a un presidencialismo imperial, es
indispensable que las instituciones no
sean descalificadas o degradadas.
En el ámbito de la economía, debe ser
preservado el marco jurídico y competencial del Banco de México, el Inegi y los órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones,
energía e hidrocarburos. Y en la esfera de

la democracia y el estado de derecho, deben salvaguardarse en sus capacidades
entidades tan relevantes como el INE, el
INAI, la CNDH y el INEE.

3.- Federalismo

El país emprendió hace cerca de 30 años
un largo camino para lograr un equilibro
entre las funciones y capacidades de cada uno de los órdenes de gobierno. Apenas se dieron los primeros pasos, en una
ruta tortuosa para atemperar la omnipresencia del orden federal, que en los meses
que lleva este sexenio ha tenido una regresión, por la designación de los superdelegados, la restricción de recursos extraordinarios, la eliminación del Ramo 23 y la
desaparición del Seguro Popular.
Los niveles de subordinación financiera al gobierno federal, que se han acumulado por décadas, de facto nos acercan a un
modelo formalmente centralizado y no
federal, como marca la ley.
Para revertir esta tendencia, sería indispensable que desde el gobierno federal
se convoque a una Convención Nacional
Hacendaria que reorganice las competencias tributarias y se haga una revisión de
las fórmulas en las que se basa la asignación de los recursos.

4.- Finanzas sanas
y competitividad tributaria

Se ha fijado como objetivo del presidente
lograr un crecimiento promedio de 4% a lo
largo del sexenio. Ello implica, ante todo,
preservar la estabilidad macroeconómica
y la confianza para atraer inversión internacional y estimular la doméstica.
La presentación de un presupuesto de
egresos equilibrado para 2019, el adelgazamiento de la estructura gubernamental y el
conjunto de medidas de austeridad puestas
en marcha, son señales alentadoras.
También abonan a la certidumbre, la
estabilidad de la regulación fiscal, empa2210 / 10 DE MARZO DE 2019

21

http://www.t13.cl

ñada por la eliminación de la compensación universal y el régimen fiscal de la frontera. Y desde luego, resulta alentadora la
continuidad del régimen de apertura al comercio exterior, especialmente en el mantenimiento de una relación privilegiada
con Norteamérica, procurada a través de
la ratificación del T-MEC.
En contrapartida, la implementación
de variados programas de asistencia social, que serán demandantes recurrentes
de importantes flujos, así como el anuncio de obras de infraestructura sin un
modelo de financiamiento claro, la pretendida relocalización de secretarías en
el territorio nacional, y desde luego el derroche de recursos públicos asociado al
abandono de las obras del NAIM y el pretendido inicio de proyectos alternativos,
son amenazas al equilibrio de las finanzas públicas.
Pero probablemente el mayor reto está asociado a mantener la salud financiera del gobierno y sus entidades, y con ello,
evitar una mayor degradación de la clasificación crediticia. Dejar de lado los descartes ideológicos y amagos regulatorios
en contra de las empresas calificadoras, y
concentrarse en las causas de sus recientes determinaciones, debería ser una medida inmediata.

5.- Estado de derecho

Uno de los principales desafíos del país es
asegurar el respeto a la ley en las distintas arenas de la vida pública. Una de las
dimensiones de mayor impacto social y
económico de ese reto estriba en mejorar
el clima de seguridad y recuperar el control pleno del territorio por parte del Estado. Para lograrlo, resultan alentadoras decisiones de gran calado, como la creación
de la Secretaría de Seguridad Pública, la
conformación de la Guardia Nacional y el
combate, sin precedente, al comercio criminal de combustibles.
En cambio, es motivo de gran preocupación la falta de decisión política para
hacer valer el imperio de la ley de forma
contundente y oportuna, en violaciones
flagrantes al régimen jurídico cuando se
bloquearon conexiones neurálgicas del
sistema ferroviario, y frente a paros ilegales y sin un procedimiento legítimo de
huelga en diversas empresas del noreste
del país. Y desde luego, es lamentable la
nula acción legal en la persecución de los
eventos de corrupción más lacerantes del
pasado reciente, sin más fundamento que
una declaración de punto final hecha por el
presidente.

22

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

6.- Participación social,
libertad y tolerancia

La democracia participativa implica el involucramiento de más ciudadanos en decisiones fundamentales para la vida pública del país, de forma general y en temas
específicos de su legítimo interés.
Las consultas patito realizadas en temas relevantes relacionados con infraestructura estratégica deterioran la credibilidad en los instrumentos de democracia
participativa. Es ineludible un compromiso de apego al marco legal que rige
mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la consulta popular, que de ser
necesario debe ser adecuado por los cauces institucionales.
Renunciar a la interacción con organizaciones de la sociedad civil, y peor aun,
fustigar su legitimidad y fines, es un gravísimo error para un gobernante. Sin importar su denominación, como pueblo o sociedad civil, el gobierno debería incentivar el
trabajo y el acompañamiento de las organizaciones en asuntos tan relevantes como la seguridad, la educación, la cultura,
el turismo, la investigación, los derechos
humanos y el medio ambiente.
Un gobierno forjado desde la oposición debería hacer de la tolerancia uno
de sus valores irrenunciables y de vivencia cotidiana. Por ello resulta incomprensible que se estigmatice o descalifique el
desempeño de cualquier organización o
medio de comunicación por ejercer la crítica o el derecho a disentir. La democracia
está en riesgo cuando la autoridad actúa
de forma intolerante o despótica, y más
aún cuando pretende limitar u obstaculizar el ejercicio pleno de las libertades.
Con menos de 3.45% del periodo transcurrido, las oportunidades para el equipo
que hoy conforma el gobierno federal son
casi infinitas.
El principal activo del equipo de los rojos
del gobierno de México es su insólita legitimidad electoral, que por ahora se traduce en altísimos niveles de aceptación para
su mánager. Pero el juego apenas se inicia.
A lo largo de los innings el presidente debe ganar el partido a la pobreza, induciendo
el desarrollo con bienestar en todo el país,
un propósito en el que no tiene adversarios.
Avanzando con los hits de todos, el mánager López Obrador puede lograr muchos
jonrones en favor de México. O
* Presidente nacional de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex). Colaborador invitado.

MAURIZIO GUERRERO

N

UEVA YORK.- La confianza del
capital extranjero en la viabilidad de la agenda financiera
del presidente Andrés Manuel
López Obrador se desplomó
en las últimas semanas. Ante
este escenario, es factible una contracción
en el crecimiento económico, una reducción en los ingresos públicos y que se multiplique la presión al atribulado equilibrio
fiscal legado por la administración de Enrique Peña Nieto.
La desconfianza de inversionistas internacionales se refleja en el rendimiento
de los bonos de deuda soberana de México
a 10 años (de 8.08%), cercano al de naciones cuyos títulos son considerados “basura” debido al riesgo que suponen para
inversores.
“Esos indicadores muestran que ellos
están un tanto preocupados”, comenta a
Proceso Charles Seville, director de Calificaciones Soberanas para América del Norte de Fitch Ratings. Y esas preocupaciones
se derivan de la “dirección política” del gobierno ante ciertos temas financieros.
Fitch Ratings es una de las tres calificadoras internacionales que desde finales
de octubre pasado –un mes antes de que
López Obrador llegara a Los Pinos– colocó
en revisión negativa la calificación de la
deuda soberana de México.
Las otras dos calificadoras, Moody’s y
Standard & Poor’s (S&P), aguardaron al inicio del gobierno para pronunciarse. Pero
ahora manifiestan también sus dudas respecto de la viabilidad de la agenda financiera del presidente.
El viernes 1, S&P colocó la calificación
de México en revisión negativa, lo que significa la probabilidad de que haya una baja en el grado de inversión del país en los siguientes meses: “Existe el riesgo de que una

Justin Lane

LO S 1 0 0 D ÍA S

Los taches
de las calificadoras

La semana pasada, analistas financieros y representantes de las principales firmas calificadoras internacionales sacudieron al gobierno de México al
poner en “revisión negativa” la deuda soberana del
país. Para colmo, las estimaciones de crecimiento
del PIB para 2019 hablan de entre 1 y 2.5%.

menor inversión del sector privado pueda
reducir las perspectivas de crecimiento del
PIB (Producto Interno Bruto), debilitando la
solidez económica de México. Esto, a su vez,
podría contribuir al deslizamiento fiscal y
a la incertidumbre del mercado financiero, potencialmente empeorando el perfil financiero del soberano y llevando a una baja en la calificación”.
Por lo que atañe a Moody’s, destaca en
un análisis distribuido por la calificadora
a sus clientes a finales de febrero: “Si la
inversión privada no responde más vigorosamente en los próximos años, esto po-

dría socavar las modestas perspectivas de
crecimiento (de México)”.
La realidad es que los flujos de inversión
privada en México suman más de dos años
de tendencia descendente, iniciada desde
que el presidente Donald Trump obligara a
renegociar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) –ahora conocido
como T-MEC–. Esas inversiones, en un contexto de desaceleración económica en Estados Unidos, difícilmente se recuperarán en
2019, según analistas.
Bajo este escenario, pende una espada
de Damocles financiera sobre la agenda

de López Obrador. Ningún presidente en
la historia moderna había puesto tal énfasis en transformar el modelo económico
(que resultó en un crecimiento promedio
real per cápita de 1.5% durante el pasado
sexenio, muy por debajo del potencial de
4% del país); ningún mandatario tampoco
había comenzado su gobierno con tan escaso espacio de maniobra fiscal.
Tras la revisión negativa de S&P, López
Obrador manifestó el martes 5 que “nos
toca pagar los platos rotos, para que quede claro, de una política económica ineficiente, caracterizada por el saqueo y la
corrupción”.

La lucha anticorrupción
El mercado no ha parecido tomar en cuenta el conservador presupuesto presentado
por López Obrador para este 2019, ni que
el país, contra muchos de los pronósticos
de sus rivales en campaña, tenga como
compromiso mantener la disciplina fiscal
y financiera.
En un foro celebrado el último día de
febrero en Nueva York, Gerardo Rodríguez,
director para mercados emergentes de la
administradora de fondos BlackRock –el
mayor inversionista privado en el mundo
y uno de los mayores tenedores extranjeros de bonos de deuda del gobierno de México– opinó que “el gobierno no ha obtenido el suficiente reconocimiento” por su
prudencia fiscal y presupuestaria.
“Hay una brecha de credibilidad que
ha comenzado a ensancharse, así que la
gente no está segura de qué pensar sobre
eso”, aseveró Rodríguez, quien fue subsecretario de Finanzas y Crédito Público durante los últimos dos años de la gestión de
Felipe Calderón.
2210 / 10 DE MARZO DE 2019

23

Camino a la recesión
Alejandro Saldívar

CARLOS ACOSTA CÓRDOVA

Suárez Dávila. Voz de alarma

C



reo que vamos encaminados hacia una recesión en la primera
mitad del año”, señala Francisco Suárez Dávila, exsubsecretario de Hacienda. “No tengo duda respecto al
primer trimestre”, sostiene.
Y enumera: “La producción industrial
va para abajo, en menos 2.5%. La industria
extractiva –que incluye minería– también va
a la baja; el petróleo, en caída libre, anda en
una producción de un millón 680 mil barriles
diarios, pero va rápido hacia el millón 500
mil barriles. La industria de la construcción
se está cayendo de manera muy importante,
según cifras oficiales de diciembre y enero.
El consumo medio se mantenía, pero desde
mitad de enero otra vez anda mal. Las importaciones siguen desacelerándose…
“Entonces”, resume, “estimo recesión en
el primer semestre”.
A ello agrega que el gasto público ha
caído 20% debido a “parálisis del gobierno
federal, incertidumbres, despido desorganizado de servidores público, baja sustancial
a los sueldos de los mismos, cancelación de
sus prestaciones…”
A su juicio “esto puede significar que
tengas un primer trimestre de muy bajo crecimiento, puede ser de menos de uno, yo pondría entre uno y menos uno, o entre más uno,
cero o menos uno. Y el segundo trimestre,
pues a lo mejor la gente se va a espantar más,
y a lo mejor otro segundo trimestre bajo. Dos
trimestres de baja en la actividad económica,
dos trimestres de disminución del PIB… sólo
pueden tener un nombre: recesión”.

24

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

Ante ese panorama se pregunta: “¿Qué
va a hacer el nuevo gobierno? ¿Qué van
a hacer sus funcionarios en junio? ¿Cómo
ajustan? Esa es la pregunta. Tendrán que
reconocer que algo no están haciendo
bien”.
Ex embajador en Canadá, exrepresentante de México ante la OCDE y subsecretario de Hacienda en las gestiones de Jesús
Silva Herzog y Gustavo Petricioli –en los
ochenta, los años de la crisis de la deuda–, Suárez Dávila afirma que el de Andrés
Manuel López Obrador es un “gobierno de
claros y oscuros y no exento de los tintes
neoliberales que tanto critica”.
Cree el entrevistado que, en efecto, el
país necesitaba una transformación. “No
podíamos continuar con más de lo mismo,
con la trilogía dogmática liberal: estabilidad,
finanzas públicas sanas, apertura comercial”. Ese dogma, dice, “nunca nos funcionó;
nos entrampó en el ‘estancamiento estabilizador’: estabilidad de precios sin crecimiento o crecimiento mediocre, durante décadas,
de 2%.”
Sin embargo, dice el también exrepresentante de México ante el FMI, “hay que
tener cuidado en la manera en que se define
el sentido de la transformación para que
efectivamente se logre un avance en el bienestar de la gente y no un retroceso”.
Agrega: “Un aspecto positivo del nuevo
gobierno fue el programa económico federal
para este año que se entregó al Congreso,
con supuestos económicos razonables y objetivos sanos, de cercanía al equilibrio fiscal,
superávit primario, bajo endeudamiento, estabilidad de precios y autonomía del Banco
de México”.
Es muy positivo el paquete económico,
señala Suárez Dávila, pero paradójicamente
“es, esencialmente, la estrategia conservadora que hemos seguido todo el milenio y
que AMLO ha criticado”.
Un aspecto negativo del paquete
económico es que “no parece privilegiar el
crecimiento. En sus 25 proyectos prioritarios y su programa de cien puntos más
importantes, se privilegia una estrategia de
apoyos sociales con una amplia receta asistencial y formadora de clientelas; persigue
una política social y también una política de
ampliación de bases de apoyo”.
Pero ésta, de acuerdo con el dos veces
diputado federal priista, “no necesariamente
representa una estrategia de desarrollo económico articulado, con objetivos precisos,
con medios e instrumentos definidos y
congruentes. Veremos si eso se logra en el
próximo Plan Nacional de Desarrollo”. O

El mercado ha dado por descontado
que el gobierno mantendrá un déficit fiscal en torno a 3% del PIB en los próximos
dos años, y que la deuda permanecerá por
debajo de 45% del PIB. Esta disciplina hubiera parecido incongruente con un gobierno comprometido a detonar el desarrollo mediante inversiones sociales.
Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario
Internacional (FMI), indicó en el acto en
que participó con Rodríguez, auspiciado
por Americas Society, que “estamos siendo extremadamente severos en esta transición al tratar de encontrar una respuesta que sea de inmediato amigable con el
mercado, y creo que (el gabinete) está trabajando en eso”.
Esa severidad del mercado se ha concentrado esencialmente en un tema: Pemex, cuya visión al futuro delimita a la perfección las contrapuestas visiones políticas
de López Obrador respecto de sus antecesores y cuyas finanzas podrían arrastrar en su
descenso al proyecto de su gobierno.
Ante un público extremadamente escéptico, el funcionario del FMI añadió: “Lo
que digo es que ahora, en tres meses, ¿vamos ya a crucificar a estas personas? Vamos a esperar y ver...”.

El factor Pemex
López Obrador inicia su gobierno con la
mayor deuda respecto del PIB en la historia moderna de México. Recibe pasivos
equivalentes a 42% del PIB, que Peña Nieto
elevó de 36.5% que recibió de su predecesor, luego de que tanto Ernesto Zedillo como Vicente Fox mantuvieran la deuda en
cerca de 30% del PIB. En términos de recursos disponibles eso significa mucho menor
margen de maniobra para López Obrador.
La deuda de Pemex –107 mil millones
de dólares– es, además, la mayor en la historia de la petrolera. La reforma energética, presentada por el gobierno de Peña
Nieto como eje de su visión para el país y
como solución a los problemas de la paraestatal, no rindió los frutos esperados.
La producción petrolera continúa su
caída libre: de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 1.8 millones en 2018. Esa reducción se prolongará este año, según las
proyecciones del mercado.
“Compartimos la visión de que la reforma energética podría resultar en mayor producción. Ahora hay un gran signo
de interrogación sobre esa visión”, reconoció Seville, de Fitch Ratings.
Pemex, pobremente administrada, con
enormes problemas de corrupción y finanzas preocupantes, es el mayor foco de ansiedad sobre México para los inversionistas
extranjeros. De su viabilidad depende, en
buena medida, la salud financiera del país.
Fitch Ratings disminuyó en enero la

Roey Yohai

LO S 1 00 D ÍA S

Werner. “Vamos a esperar”

calificación de los bonos de deuda de Pemex, una señal de que el plan de López
Obrador de inyectar a la empresa mil 250
millones de dólares y de aliviar la carga fiscal de la empresa en 3 mil 500 millones de
dólares durante el sexenio fue considerada inadecuada.

Moody’s, por su parte, sostiene: “la decisión del gobierno de ampliar la presencia
del Estado en el sector de la energía requerirá un aumento de los gastos de capital, lo
que probablemente implicará transferencias recurrentes que tendrían un impacto
en las finanzas públicas”.

Axel Christensen, jefe de inversiones
para América Latina de BlackRock, comenta a Proceso que Pemex se encuentra
“en el centro de las preocupaciones fiscales” de los inversionistas extranjeros.
“Si bien los esfuerzos del gobierno
para reducir el robo de petróleo y otras
ineficiencias son pasos positivos –dice–,
Pemex requiere una reestructuración más
significativa para lograr la estabilidad.”
Por ahora, parece ridículo hablar de
“modernizar” Pemex sin resolver la sangría de por lo menos 2 mil 500 millones
de dólares anuales que la empresa padece
por el robo de combustible.
López Obrador insiste en que su plan de
combate al robo de combustible es correcto: “Vamos a rescatar a Pemex y a la CFE
(Comisión Federal de Electricidad) y basamos nuestro optimismo en un elemento,
como dicen los tecnócratas, en una variable, que no se tomaba en cuenta y sigue sin
tomarse en cuenta: no va a haber corrupción”, declaró a principios de febrero.
Es prematuro saber si la estrategia anticorrupción en Pemex se reflejará en la
contabilidad de la paraestatal, sobre todo
porque los ahorros aún no han sido tomados en cuenta por los analistas.
En este contexto, las estimaciones de
crecimiento del PIB de México para 2019

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

25

www.aztecanoticias.com.mx

han sido drásticamente recortadas a la
baja. El FMI redujo su estimación de 2.5
a 2.1%; aunque otros ajustes son más
severos.
La encuesta del Banco de México a
inversionistas, publicada el vienes 1,
ajustó a la baja el crecimiento estimado de 1.8 a 1.6%. El banco de inversión
Merrill Lynch, con sede en Nueva York,
ubicó su proyección en un magro 1%.
Con ese crecimiento raquítico, López Obrador deberá hacer frente a sus
promesas de impulsar el desarrollo y
combatir la pobreza, lo que presionará
las metas presupuestarias.
López Obrador “ha prometido muchos programas sociales que involucran
un gasto fuerte”, comenta a Proceso Carlos Morales, director de deuda soberana para América Latina de Fitch Ratings.
Ese gasto, precisa, dependerá de ingresos que, según las revisiones a la baja del
crecimiento, serían menores a los previstos en el presupuesto.
Asimismo, puntualiza que un “crecimiento muy por debajo de la expectativa podría provocar mayores presiones fiscales y afectar negativamente la
calificación”. Y una baja en la calificación significaría la salida inmediata de
capitales invertidos en bonos de deuda de México.
Los mayores inversionistas privados del mundo –BlackRock, PIMCO y
Vanguard– venden de manera automática los bonos que caen por debajo de
sus perfiles de inversión.
Es factible, además, que la baja en
la calificación provoque ventas de pánico en los mercados bursátiles, así como un aumento inmediato en los costos que México tiene para financiarse
en el mercado internacional, justo
cuando más necesita de ese respaldo.
La mayoría de los inversionistas extranjeros prevén una baja en las calificaciones de México. Casi 70% de los inversionistas encuestados en febrero por
Bank of America consideraron que la
calificación de México no sólo será degradada, sino que el país perderá su grado de inversión (ahora se encuentra dos
niveles por encima de esta categoría) en
los “años venideros”.
El riesgo de una menor inversión
privada es un argumento circular. Varios de los analistas consultados coinciden en que menor inversión aumenta la incertidumbre. Y eso provoca una
degradación en la calificación, lo que a
su vez limita las inversiones privadas.
Por lo pronto, la actual desconfianza de los inversionistas internacionales
hacia el gobierno de López Obrador hace más difícil el combate a la pobreza
y a la desigualdad, dos de las promesas
básicas de su campaña electoral. O

26

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

Ante los escenarios adversos,
la Canacintra

ofrece
apoyo
a AMLO
Ante el ya prolongado estancamiento del sector industrial mexicano, el nuevo presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, señala que sus representados
le dan el beneficio de la duda a López Obrador y se
unirán al esfuerzo por impulsar el crecimiento de la
economía nacional.

LO S 1 0 0 D ÍA S

Castellanos Férez (der.). Voto de confianza

JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

L

a primera semana de marzo,
la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) acumuló 10 sesiones consecutivas a la baja, mientras que
el peso tuvo la mayor caída semanal no vista desde noviembre
pasado al depreciarse 1.14% frente al dólar,
que está a punto de alcanzar los 20 pesos
en ventanillas bancarias.
Además, hubo una oleada de revisiones a la baja del crecimiento económico del
país: la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) redujo
su pronostico de 2.5% a 2%; el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo colocó en 2.1%;
mientras que el Banco de México prevé una
expansión del Producto Interno Bruto (PIB)
entre 1.1% y 2.1%, cuando en diciembre ubicaba su pronóstico entre 1.75 y 2.7%.
Lo anterior sin mencionar la degradación en las notas crediticias del país y
de Pemex por las agencias calificadoras
internacionales.
En medio de este panorama que muestra la desconfianza de los mercados en la
política económica del gobierno de López

Obrador, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra) para el periodo 2019-2020,
Enoch Castellanos Férez, otorga un voto de
confianza a la nueva administración.
“Nos comprometemos a apoyar un crecimiento de 4%, siempre y cuando se genere confianza, permita que llegue la inversión al sector energético, al sector de
electricidad, de hidrocarburos, que siga llegando inversión a telecomunicaciones, al
sector bancario, y que nos permita ser parte de la solución, no del problema.”
Sin embargo, advierte: “Vamos a trabajar con el gobierno federal, pero no vamos
a dar un cheque en blanco”.
El empresario agroindustrial, oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien fue
candidato de unidad para representar a
más de 50 mil empresas, abunda:
“Se tiene que generar confianza, se deben dar señales firmes del gobierno federal para asegurar que cualquier inversión
privada, sea nacional o internacional, va a
tener las garantías de recuperarse y generar utilidad. Las inversiones no se hacen
por altruismo, se hacen para generar un
ingreso y esto deriva en una derrama económica que genera impuestos por pagar y
genera empleos.
“Damos el beneficio de la duda. Partimos del hecho de que el pueblo de México votó mayoritariamente por una opción
de cambio que representa el presidente López Obrador y bajo ese precepto… es cierto que la globalización ha concentrado los
capitales en muy pocas manos, a través de
fusiones, de mercados dominantes, monopolios, etcétera. De tal forma es que es deseable que se compense este crecimiento y
todos debemos aportar a él. Los mismos industriales debemos ser agentes de cambio.”
Hasta la fecha, dice el presidente de la
Canacintra, no ha sido muy fluida la relación con el gabinete económico encabezado por Graciela Márquez, la titular de la
Secretaría de Economía (SE), y por Carlos
Urzúa, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de que preocupa la intención del gobierno de volver a
una economía mixta, donde “el Estado se
convierta de nueva cuenta en empresario”.
“Como representante de la industria,
me gustaría que se hablara en foros muy
concretos e incluso de manera privada
con el equipo del presidente para entender cómo quieren llegar a una economía
mixta, porque si eso significa parar o retrasar las inversiones privadas, como ya lo
estamos viendo en el sector energético, en
electricidad o de hidrocarburos, esto es un
freno brutal para la economía”, alerta.

“Desindustrialización”
El panorama del sector no es alentador. En
el reporte Industria en recesión, que publi-

có el pasado 15 de enero, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC) muestra que las industrias mexicanas disminuyeron su participación en el PIB, al pasar de 36.2% en 1993
a sólo 29.9% en 2017. Por el contrario, las
exportaciones muestran un incremento significativo al pasar de 14.6% a 34.8%
del PIB.
Desde la entrada en vigor del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), hoy T-MEC, México se concentró
en el comercio exterior y dejó a un lado el
fortalecimiento de la industria nacional.
En el mismo documento el IDIC, dirigido por José Luis de la Cruz Gallegos,
establece: “Este contexto se explica por
el crecimiento que se dio en las importaciones, ubicándose en un 36% en relación con el PIB para 2017, desde el 16% en
1993, mientras que la inversión (formación bruta de capital fijo) se ha mantenido estancada alrededor de 20% como proporción del PIB”.
Si se analiza el crecimiento promedio
anual que ha tenido el sector en los últimos sexenios, también se advierte su debilitamiento o, como lo llama De la Cruz
Gallegos, una “desindustrialización”.
El IDIC explica en su reporte que en la
administración de Enrique Peña Nieto el
crecimiento promedio de la actividad industrial fue de 0.6% (con cifras a noviembre), que se acerca al de la administración
de Felipe Calderón (cuando las actividades
secundarias apenas se expandieron 0.5%),
mientras que con Vicente Fox se incrementó 1.4% y con Ernesto Zedillo 3.5%.
“De los sectores industriales resalta
que, aun cuando durante el último periodo en el país se generó una serie de reformas estructurales, donde destacó la energética, tanto el sector de la minería como
el de energía eléctrica, agua y gas mostraron una menor dinámica. La reforma
energética no blindó al sector petrolero y
de extracción de gas de la recesión en que
se encuentra”, acota el estudio del IDIC.
De los componentes de la industria en
su conjunto (construcción, minería, producción de energía eléctrica, agua y gas) destacan las industrias manufactureras, que en
el último sexenio fueron las que más crecieron, con un promedio anual de 2.1%.
Sin embargo, 13 de esas industrias
manufactureras muestran tendencia estancada o a la baja y sólo ocho al alza.
Siete están en números rojos y equivalen a 39.9% del total industrial: se trata del
subsector de fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; fabricación de
prendas de vestir; industrias de alimentos;
el sector del curtido y acabado de cuero y
piel (además de fabricación de productos
de cuero, piel y materiales sucedáneos); la
industria de metálicas básicas; fabricación
de productos metálicos; así como la indus2210 / 10 DE MARZO DE 2019

27

Claudio X. González*

Motivos de preocupación

L

as razones de mi preocupación a
100 días de gobierno de AMLO:
Proyecto anacrónico. El “populismo nacionalista” que se quiere imponer va en
sentido contrario a la libertad económica,
la democracia y el estado de derecho que
han permitido al mundo desarrollado –y a
ciertas zonas de México– un progreso notable. No se trata de defender el capitalismo
de cuates, los privilegios del sector privado o la inaceptable distribución del ingreso,
pero sí de fomentar la inversión, la competitividad y las condiciones para el crecimiento económico.
Incompetencia. El presidente nombra
a incondicionales, no a profesionales. Por
ello, los errores se multiplican: la cancelación del NAIM, el desabasto de combustible, el infierno de Tlahuelilpan, los disturbios en Michoacán, la cancelación de las
estancias infantiles... y lo que se sume esta
semana. La ineptitud no será un fenómeno pasajero; la aversión del gobierno por la
técnica, la experiencia y la evidencia lo garantiza. Si se permite, prevalecerán costosas ocurrencias como Santa Lucía, el Tren
Maya y la refinería de Dos Bocas.
Desdén por leyes e instituciones. En poco
tiempo nos han recetado leyes, consultas,
nombramientos, compras, adjudicaciones
y hasta prisión preventiva a modo. La amnistía declarada para la gran corrupción de
la administración anterior no sólo es ilegal,
es inmoral. Con la reducción de salarios y
los despidos injustificados han provocado
la pauperización del gobierno. Por si fuera
poco, se atenta sistemáticamente contra
los reductos de independencia institucional que quedan: el Poder Judicial y los órganos autónomos. También atacan a contrapesos indispensables en toda democracia:
los medios de comunicación libres y las organizaciones de la sociedad civil.
Concentración de poder. Los votantes le
entregaron mucho poder a Morena; el presidente lo quiere todo. El más claro ejem-

28

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

plo es el de los superdelegados: son una
afrenta al federalismo y a la soberanía de
los estados. ¿Alguien tiene duda alguna
sobre la naturaleza hegemónica de la 4T?
Desprecio por la educación. Ponderan un
arreglo político con las cúpulas magisteriales por encima del derecho de los niños a
una educación de calidad. Con la iniciativa presidencial se corre el riesgo de que el
Instituto Nacional de Evaluación Educativa
pierda su autonomía, que las evaluaciones
a maestros en servicio no los conduzcan
hacia la profesionalización, e inclusive degradar los concursos de ingreso y promoción magisterial. De concretarse la amenaza, el retroceso puede ser de décadas.
Divulgación de información falsa o imprecisa. Desde el púlpito se busca crear una
realidad alternativa. Se ofrecen cifras y
declaraciones sin sustento. Asimismo, se
cierra la puerta a la transparencia. Para
muestra un botón: la reducción del presupuesto al Instituto Nacional de Estadística
y Geografía y el asedio al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. No
se tiene empacho en engañar y pocos se
atreven a desmentir.
Maniqueísmo. Con base en prejuicios dividen a México entre “buenos y malos.” Este absurdo reduccionismo tiene otra característica: es lapidario –busca sepultar a “los
malos” escudándose en el “pueblo bueno”.
Quizá sirva para empoderar a su base, pero: ¿Es razonable? ¿Le conviene a México?
La “República del subsidio”. Se redirigen miles de millones de pesos a “programas sociales”. ¿O debería decir “programas
clientelares?”. Lo cierto es que nunca se ha
desarrollado una nación a base de dádivas;
eso sí, éstas tienen un alto rédito político.
Sobrecargan a Pemex. No sólo se quiere
descarrilar la reforma energética, se quiere a Pemex de locomotora de la economía
nacional. Es un error. Es imposible remontar la ineficacia y corrupción de la petro-

lera, sobre todo si no se está dispuesto a
atacar a fondo sus problemas gerenciales,
burocráticos y sindicales.
Se enrarece el ambiente laboral. Uno de los
mayores atractivos de México para inversionistas nacionales y extranjeros es la paz
laboral que ha prevalecido por décadas. Es
necesario atender la calidad del empleo,
mejorar los salarios y asegurar la libertad
sindical, pero lo que se ve es que hoy, con
la venia del poder, nacen nuevos sindicatos, de corte agresivo y extorsionador, que
obligan a los existentes a radicalizarse. Tamaulipas podría ser sólo el inicio.
En resumen, la 4T pinta así: en lo económico, retrógrada; en lo político, autoritaria; en lo social, conservadora. Mala
combinación.
No todo está mal. Es encomiable el compromiso que han asumido de disciplina fiscal, austeridad y combate a la corrupción.
La realidad es terca. Lo que debería ir a
la baja, la inseguridad y la impunidad, siguen muy elevadas. Y lo que debería ir al
alza, la expectativa de crecimiento económico y la calificación de nuestra deuda,
van a la baja.
Es de grandes reconocer errores y variar el curso. Ojalá que haya grandeza en el
gobierno. Apenas hay tiempo para corregir.
Como ciudadanos, tenemos que hacer
uso de nuestra libertad de expresión; señalar lo que vemos bien y lo que vemos
mal; denunciar las falsedades y el maniqueísmo que pretende dividirnos; ser respetuosos y demandar respeto; cumplir
nuestras obligaciones; defender la ley y
las instituciones; actuar de buena fe y a
la vez con firmeza. México necesita una
ciudadanía cada vez más comprometida,
propositiva y empoderada. Cada uno de
nosotros tiene que poner más “horas México”. Ahora es cuando. O
* Fundador de Mexicanos Primero.
Colaborador invitado.

Márquez. Relación distante

tria de fabricación de productos derivados
del petróleo y carbón.
Esta última lleva tres años en caída libre desde 2015 y todo apunta a que en 2019
sus números también serán negativos.
Con tendencia estancada el IDIC identifica seis subsectores manufactureros,
con una participación de 21.6% del total
industrial: la fabricación de muebles, colchones y persianas; la maderera; la industria de la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de
energía eléctrica; la industria del papel;
la industria química, y la que fabrica productos a base de minerales no metálicos.
Los ocho al alza son el de bebidas y
tabaco; impresión e industrias conexas;
producción de productos textiles; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; la
industria del plástico y hule; maquinaria
y equipo; otras manufacturas y el sector
de equipo de transporte.
Estos subsectores tienen una participación de 35.2% del sector industrial,
mientras que el equipo de transporte es el
más relevante, con 17.3%.

Castellanos Férez reconoce que los
programas sociales que implantó López
Obrador, como las tandas en apoyo a los
dueños de pequeños comercios, son loables, aunque matiza: “Para generar empleos se necesita un poco más de dinero, quizá créditos de entre 300 mil pesos
y 1 millón y medio para las minipymes les
permitirían comprar maquinaria y capital
de trabajo, para dar un salto y generar dos
o tres o cuatro empleos más. Eso sí sería
deseable y nos ponemos a las órdenes”.
Igual que José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras
Industriales de la República Mexicana
(Concamin), Castellanos ve con optimismo la renovación de las salvaguardas con
vigencia de seis meses a importaciones
de acero y las medidas en favor de los
sectores del calzado y textil, en las que
se incluyeron más de 250 fracciones adicionales que habían expirado semanas
atrás.
Además, ven con buenos ojos la conformación del Consejo para el Fomento a
la Inversión, el Empleo y el Crecimiento
Económico, a fin de que los sectores público, privado y académico colaboren para estimular el crecimiento estructural del país
con un enfoque social y plural.
Cuando se le pregunta si algunas industrias corren el riesgo de desaparecer,
Castellanos Férez responde:
“Aquellos en los que se acaban de instalar las salvaguardas, el sector textil, el
del zapato. Son sectores que están en peligro. El sector plástico, por la misma dinámica hacia un desarrollo sustentable…
La industria química ha estado bajo asedio con el riesgo de la falta de materias primas, porque a pesar de que ya está abierto el mercado para que cualquiera pueda
generar petroquímicos y química básica,

también es cierto que el mercado es dominado por Pemex.
–¿Cómo ha impactado la inseguridad a
las industrias?
–Es una realidad nacional lamentable.
Vemos estados como Veracruz: Coatzacoalcos se vació siendo un polo industrial,
la capital de la petroquímica; ahora está
muy lastimado. Familias completas han
dejado sus hogares. Muy compleja la situación en Michoacán y en estados como
Guanajuato.
En cuanto al desabasto de gas natural, el líder de la Canacintra recuerda que
se arrastra desde hace años. “Como consecuencia –comenta–, el país produce menos
de la mitad de los 8 mil millones de pies cúbicos por día que requieren tanto la industria energética como la industria química,
petroquímica y la industria pesada. Nos
vemos en la necesidad de importar una
cantidad importante de gas y lo hacemos
a través de ductos conectados con Estados
Unidos y de terminales de gas natural licuado que se encuentran en Manzanillo y
Coahuila, pero los costos se incrementan”.
–¿Qué se espera con el T-MEC?
–Con la renegociación del TLCAN se
mantiene el estatus de privilegio que tiene México para comercializar con los socios de Norteamérica. No hay nada nuevo.
Pudiera haber una política que sustituya
importaciones para aumentar el contenido nacional en toda la cadena de fabricantes de automóviles.
Y remata: “Existen dos México desde
el punto de vista industrial. Una industria
nacional que está bien integrada a las cadenas globales y otra industria que está
compuesta por talleres, por factorías pequeñas, con unidades de negocios que no
tienen las capacidades de integrarse. Solamente 8% de las micro, pequeña y medianas empresas exportan”. O
Germán Canseco

Octavio Gómez

LO S 1 00 D ÍA S

“Vocación nacionalista”
Con este panorama de magro crecimiento,
el líder de la Canacintra señala que el empujón necesario para la industria nacional
“está alineado con la vocación nacionalista” de López Obrador.
“Es la política industrial –explica–, de
la cual carecemos al menos en 30 años, entendida como la serie de programas y estímulos que puedan dinamizar una actividad en particular. Esta es la manera en que
podemos despegar, si se hace un programa
serio en financiamiento, por ejemplo.”

Urzúa. Cuestionado

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

29

El golpe de timón del presidente López Obrador sobre los
megaproyectos de su programa de gobierno decepcionó a sectores sociales que lo apoyaron en su camino al
Palacio Nacional. La principal razón de este sentimiento,
afirman representantes de esos grupos, es que el fundador de Morena no honró sus compromisos. “Una cosa
fue lo que dijo en campaña y otra lo que está realizando
como presidente…”.

Los

decepcionados
JOSÉ GIL OLMOS

A

l cumplirse los 100 días del
gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, diversos actores políticos y representantes
de organizaciones de la sociedad civil que lo apoyaron en
2018 para que ganara la Presidencia, ahora lo desconocen y critican las decisiones que está tomando, contrarias a lo que
prometió en campaña.
Jorge Zapata García, nieto del general
Emiliano Zapata y defensor de las tierras
en Morelos; Clara Jusidman, con más de 30
años en la lucha de la sociedad civil; Pedro
Maldonado, de la Unión de Organizaciones
de la Sierra Juárez de Oaxaca; y Elsa Simón,
de la organización Por la Superación de la
Mujer en Tapachula, Chiapas, son algunos
de los que externan su decepción y aseveran que las declaraciones de López Obrador
contra las agrupaciones sociales y su decisión de realizar proyectos que afectan a comunidades indígenas y campesinas están
generando decepción y rechazo social.
Este distanciamiento comenzó a manifestarse el pasado 14 de febrero, cuando López Obrador ordenó, a través de una
circular enviada a todas las dependencias,
no dar más recursos a las organizaciones de
la sociedad civil, acusándolas de corrupción
y opacidad, así como de ser intermediarias
beneficiadas de los recursos públicos destinados a los sectores más necesitados.
Pablo Armando González Ulloa Aguirre, profesor investigador de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales UNAM, rechaza esta afirmación y aclara que, de acuer-

30

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

do al Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por
dependencias y entidades de la administración pública federal a favor de organizaciones de la sociedad civil correspondiente
a 2017, los beneficiarios de estos recursos
fueron los organismos cuasi gubernamentales o de autobeneficio.
Éstos, explica el académico, están integrados a dependencias como el Instituto
Nacional para la Educación, la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte y las
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes)
de la Secretaría de Economía, a las cuales
se les otorgó más de 9 mil millones de pesos de 2013 a 2017.
Sin embargo, las afectadas por la cancelación de recursos son diversas agrupaciones civiles que apoyaron en su momento la candidatura de López Obrador,
y ahora se muestran decepcionadas por el
cambio de actitud del presidente.
Elsa Simón, quien en 1997 fundó Por
la Superación de la Mujer –que da trabajo
a 30 activistas y da refugio a 100 mujeres
con sus hijas e hijos en situación extrema–, advierte que hay desencanto hacia
López Obrador por este golpeteo a las asociaciones civiles: “Nos está pegando para
hacernos desaparecer, pero somos el único contrapeso con la sociedad”.
Simón sostiene en entrevista que el
gobierno de López Obrador resentirá un
impacto negativo desde sectores de la sociedad que lo apoyaron en su campaña y
que trabajan con las agrupaciones civiles
afectadas.

El Proyecto Integral Morelos
Otro caso es el de los campesinos de Morelos que confiaron en la palabra de López Obrador, quien durante su campaña se comprometió a detener el Proyecto
Integral Morelos, del que forma parte la
termoeléctrica de Huexca, municipio de
Yecapixtla, que afecta asimismo a comunidades de Puebla y Tlaxcala.
El pasado 15 de enero Jorge Zapata
García, nieto del Caudillo del Sur, asistió
a un evento encabezado por López Obrador en el municipio de Ayala, Morelos, cuna del agrarismo. Ahí encaró al presidente
que defendió el proyecto de la termoeléctrica, que forma parte el Proyecto Integral
Morelos, el cual incluye la introducción de
un gasoducto en los municipios del oriente de Morelos y de otros estados como
Puebla y Tlaxcala.
Zapata recriminó a López Obrador su
apoyo a este proyecto, que empezó desde
2010 con una inversión de mil 600 millones de dólares y en el cual el gobierno se
asoció con las empresas españolas Abengoa y Elecnor, que utilizarán las aguas del
río Cuautla y con ello afectarán a los campesinos de la región.
“Mi abuelo, el general Zapata, luchó por
tierra, libertad y agua, y esa agua siempre

Alejandro Saldívar

Comuneros morelenses indignados

–¿Cómo definiría estos 100 días de
gobierno?
–Entre azul y buenas noches, como los
tamales de todos los colores y sabores. No
hay un camino directo, real de gobierno.
Tantito dice que sí, tantito dice que no. Es
un ir y venir de ideas, nada más. Pero por

lo que veo se ha de hacer lo que el señor
dice. Entonces, definitivamente yo no estoy de acuerdo con eso.
“Lo apoyamos por tantas promesas
que hizo al pueblo, en base a eso arrasó
en las votaciones. Aunque el pueblo ya estaba asqueado de lo mismo, se le dio la
oportunidad a este señor, pero si nos va a
salir peor que los otros, entonces ¿dónde
está el cambio?”
Se le recuerda que López Obrador declaró 2019 como Año del Caudillo del Sur
Emiliano Zapata.
–¿Cómo es posible que declare el año
de Emiliano Zapata y para conmemorarlo
va a quitarle el agua a sus ejidos? Él sabe
de las consecuencias de esa termoeléctrica porque le entregamos una ficha técnica
como nos la pidió, pero no le hizo caso y
entonces no hay congruencia de que vaya a celebrar o festejar el centenario de mi
abuelo quitándole el agua a los ejidos.
–Es totalmente contradictorio.
–Claro, pero como te digo, es libre de decir y hacer lo que quiera porque es el presidente de la República, aunque falta que los
ejidatarios y los pueblos se lo permitamos.
–Mucha gente lo está viendo igual.
–Eso es lo que está pasando con eso de
que hay proyectos que avala y otros que no.
Es por eso que no sabemos de qué se trata
lo que está haciendo. Por ejemplo, canceló el aeropuerto en Texcoco pero quiere seguir con la termoeléctrica. ¿Por qué van a
llegar empresas extranjeras a quitarnos lo
que es de nosotros? Es una desilusión.

“Lo mismo o tal vez peor”
Otro caso es el de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca
(Unosjo), cuyos líderes Juan Pérez Luna y
Pedro Maldonado Cervantes admiten que
Margarito Pérez Retana / Procesofoto

ha sido de los campesinos desde nuestros
abuelos. No vamos a permitir que gente
extranjera se venga a adueñar de todos los
recursos de los ayalenses”, le dijo al presidente López Obrador.
La respuesta del presidente fue que se
haría una consulta. Se realizó el 23 de febrero, en medio de fuertes protestas del Consejo de Pueblos en Defensa del Aire, Tierra
y Agua, ya que tres días antes de aquella fecha fue asesinado Samir Flores, uno de los
principales opositores al proyecto.
Entrevistado por este semanario en el
marco de los primeros 100 días del gobierno de López Obrador, Zapata García reconoce que es positiva la decisión de combatir el robo de combustible o huachicoleo,
aunque advierte que no se ha detenido a
ninguno de los peces gordos. Pero como
morelense sostiene que ve mal el proyecto de la termoeléctrica.
–Él dijo en campaña que no iba a pasar
ese proyecto –se le plantea.
–Sí, pero ahora sale con todo lo contrario; en ese sentido está mal. Una cosa fue
lo que dijo en campaña y otra lo que está
realizando como presidente.
–¿Estas contradicciones no crean una
decepción?
–Claro que sí, más si tomamos en
cuenta todo lo que dijo en campaña.

LO S 1 0 0 D ÍA S

Yecapixtla. Quema de boletas

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

31

toda la región votó a favor de López Obrador y ahora se sienten defraudados por
la imposición de proyectos de desarrollo,
como la carretera en el Istmo de Tehuantepec y la Sierra Juárez.
En una carta manifestaron: “Seguimos
teniendo esperanza en que se pueda construir una relación de respeto entre los pueblos indígenas de este país y el gobierno de
la República, aunque vemos con preocupación que hasta ahora (López Obrador) sólo
se ha reunido a dialogar con los empresarios, quienes lógicamente tienen sus propios intereses, muchos de los cuales son
contrarios a los de los pueblos originarios”.
También objetaron el proyecto cafetalero favorable a la trasnacional Nestlé; consideran que va en detrimento de los pocos
ingresos económicos de muchas comunidades indígenas del país, al cambiar las variedades arábicas que se siembran en México y que tienen calidad de exportación,
por variedades robustas de baja calidad como las que siembran en Brasil, con el pretexto de que son menos susceptibles a la
plaga de la roya.
En entrevista telefónica, Maldonado
Cervantes señala: “Andrés Manuel hizo
muchos compromisos en campaña y no
los está cumpliendo, los está echando para abajo”.
–Hay una desilusión…
–Así es.
Expresa que tenían esperanzas de que
López Obrador fuera un presidente distinto a los anteriores y que les iría mejor, “pero ahorita nos está yendo peor que con los
que han pasado. Cuando estuvo haciendo
su promoción pensé que era un cambio
para el pueblo, pero ahorita está volviendo a lo mismo o tal vez peor”.
–¿Es decepcionante?
–Sí, porque hizo los compromisos y ahora no cumple. La verdad es que para nosotros como indígenas y campesinos pensábamos que estaríamos bien, pero está
haciendo igual que los presidentes pasados.
–¿En qué sentido?
–Que prometió y lo está echando abajo. Decían que el PRI no hacía todo lo que
debería hacer, pero ahorita estamos viendo que es lo mismo.
–¿No hay un cambio?
–Ese cambio no hay, al contrario, todos los que reciben del programa que llaman Prospera, lo quiere echar para abajo y
afectaría a todas las madres que tienen familia. La gente ya está acostumbrada a ese
programa y será difícil no tener esa ayuda.
–Muchos pueblos votaron por él. ¿Cómo cuántos?
–Muchos, la mayoría, pero no sé cuántos. De aquí de donde soy son 32 comunidades. En mi pueblo antes votaban por el
PRI, pero en la elección (pasada, los priistas) sólo tuvieron tres votos, todos se fueron con Morena.

32

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–¿De ese tamaño era la ilusión y ahorita de ese tamaño es la decepción?
–Pues sí, eso es lo que dicen todos los
paisanos, que nos está yendo mal porque
en lugar de que nos apoyaran están quitando lo que ya se había logrado. Esperemos que las cosas se compongan, pero está medio difícil.

Organizaciones civiles
Clara Jusidman, que lleva más de tres décadas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, integrante de los consejos de
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), de la Fundación
Nutrición y Salud, así como del Programa
Universitario de Estudios del Desarrollo de
la UNAM, reconoce que muchas de estas
agrupaciones apoyaron la llegada de López
Obrador a la Presidencia, convencidos de la
necesidad de un cambio.
Pero en estos 100 días, advierte, hay luces y sombras.
“Hay cosas buenas, pero hay otras
cuestionables, como el hecho de que se está confrontando de una manera innecesaria e injusta con muchos grupos a través de
apreciaciones generalizantes, por ejemplo,
con la comunidad académica y científica,
con los grupos de la sociedad civil, con expertos en diversas materias.”
Manifiesta su preocupación por lo que
considera la intención de López Obrador
de destruir instituciones:
“No sé si es una destrucción para construir otras instituciones o es una destrucción sin un proyecto alternativo. Esto último
es muy preocupante porque se gobierna con
instituciones, y destruirlas como ya se venía haciendo con las políticas neoliberales,
es muy grave porque se generan vacíos que
son ocupados por otros poderes fácticos, como el crimen organizado.”
–¿Hay decepción?
–Por sus últimas declaraciones, sí hay
una decepción. Yo personalmente estuve
triste varios días porque al criticar a las
agrupaciones de la sociedad civil fue como si alguien aventara en mi cara 30 años
de trabajo de mi vida diciendo que no sirven, que no han aportado nada y que mejor hubiera trabajado con los partidos políticos para lograr una transformación.
Jusidman defiende el trabajo que han
hecho las agrupaciones civiles en el proceso democrático del país en las últimas
décadas:
“Las organizaciones de la sociedad peleamos por la autonomía de los órganos
y la integración de los consejos, mientras
que los partidos se ponían de acuerdo en
la repartición de cuotas. Eso se convirtió
en un mercado de negociación entre los
partidos y no fueron las organizaciones
ciudadanas las que los corrompieron, sino los partidos políticos.” O

JOSÉ RAÚL LINARES

A

pesar de que no existe proyecto ejecutivo ni estudios
técnicos para construir el
aeropuerto internacional de
Santa Lucía, el gobierno
de López Obrador ya transfirió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 15 mil millones de pesos
para realizar esta obra.
Ese dinero lo etiquetó como parte del presupuesto canalizado a la Dirección General de Ingenieros (DGI) de
la institución, el cual es de 21 mil millones de pesos, equivalente a 22% del
presupuesto global del Ejército: 93 mil
670 millones de pesos.
Datos de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) señalan que
de esos 21 mil millones asignados a la
DGI, 17 mil millones serán destinados
a dos rubros: el primero, a provisiones
de “infraestructura de seguridad pública y ejército”; el otro, a “la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad”.
Este hecho se empalma con las declaraciones del presidente López Obrador del pasado 10 de febrero, en las que

Octavio Gómez

A las Fuerzas Armadas,

insólitos
premios
Especialistas en administración pública y en las
Fuerzas Armadas advierten: en el arranque del nuevo gobierno, éste sigue sin aclarar las causas por las
que otorgó al Ejército la atribución como constructor de infraestructura e incrementó su presupuesto.
Tampoco ha especificado, dicen, cómo se aplicarán
los recursos que se generen.

LO S 1 0 0 D ÍA S
anunció que la Sedena tendrá la administración del aeropuerto de Santa Lucía.
Las fuentes consultadas señalan que,
pese a no existir proyecto ejecutivo, los
fondos ya fueron transferidos desde las
cuentas de la Tesorería de la Federación
mediante la partida 7900, creada para “Provisiones de contingencias y otras erogaciones especiales”.
Según las etiquetas del presupuesto
aprobado por Hacienda, el dinero lo mismo podría ser usado para el “Desarrollo
económico”, “Transporte”, “Transporte aéreo”, “Aeropuertos eficientes y competitivos”, “Provisiones para la modernización
y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad” y la “Dirección Nacional de Ingenieros”.
Es decir, no se sabrá el destino de esos
recursos hasta que comiencen a ejercerse.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha cuestionado repetidamente
el uso de la Sedena como constructora de
obras no militares.
“De las facultades conferidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se desprende que
(la Sedena) cuente con atribuciones para celebrar convenios para ejecutar obra pública
distinta de la construcción, mantenimiento
y demolición de fortificaciones, fortalezas e
instalaciones de la propia Sedena”, sostuvo
desde 2016 en el Informe General de Actividades de la ASF correspondiente a ese año.
Para especialistas en la historia de las
Fuerzas Armadas, la reciente aprobación de
la Guardia Nacional y los recursos otorgados para construir la “infraestructura aeroportuaria” significan un importante cambio
de paradigma en la doctrina militar.
“Hay varias propuestas del Ejecutivo
que apuntan a una mayor autonomía financiera dentro del Ejército”, dice Alejandro Madrazo Lajous, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE).
“Empieza a haber Fuerzas Armadas
que adoptan un sentido más empresarial”,
comenta por su parte Jorge Luis Sierra, investigador del Knight Fellow del Centro Internacional de Periodistas.

Empresarios constructores
El académico Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apunta que la
cesión de obras permitirá la “transformación de Fuerzas Armadas en empresas
constructoras”.
“Aquí aparece la oferta de las Fuerzas
Armadas como constructor, como apoyo
a ingeniería civil que tienen que ver con
un concepto de captar recursos financieros de forma autónoma y no depender del
presupuesto que le asigna la Secretaría de
Hacienda”, añade.
2210 / 10 DE MARZO DE 2019

33

Este año la Sedena recibió un presupuesto de 93 mil 670 millones de pesos, que
significa un aumento de 12% en términos
reales respecto al año fiscal 2018. De ese dinero, 17 mil millones –más de 18%– tienen
como destino obras de infraestructura.
Según Benítez Manaut, el hecho de invertir en infraestructura y no en recursos
directos de la defensa “busca darle nuevas
funciones al Ejército y diversificar sus ingresos ante la ausencia de amenazas externas”.
Un ejemplo: la “estrategia programática” de la Sedena publicada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019
prevé que además de 15 mil millones de
pesos para la infraestructura aeroportuaria, también se prevé el traslado de la Fábrica de Industria Militar de Santa Fe a
municipios del oriente de Puebla.
La SHCP especifica que, además de la
partida dedicada al supuesto desarrollo aeroportuario, se contempla “la construcción
de instalaciones para la transformación de
la Industria Militar en el predio la Célula”.
Por este concepto se erogaron 2 mil
millones de pesos, que fueron depositados nuevamente a la Dirección General de
Ingenieros de la Sedena mediante la partida 7900 para “Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales”.
El 20 de diciembre pasado, el presidente López Obrador sostuvo que del predio de 150 hectáreas que albergó la Industria Militar, 30 hectáreas se fraccionarán y
venderán con el fin de dotar de recursos
a 80 cuarteles de la Guardia Nacional. Incluso adelantó que en esa porción de terreno los militares se encargarán de construir departamentos de lujo.
El pasado 7 de febrero el presidente
rectificó: anunció que cede el terreno al
gobierno de la Ciudad de México para que
ahí se construya un parque.
Pero no es la única deferencia:
El 17 de enero López Obrador cedió
mediante un decreto el Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial. Esas
instalaciones forman parte de la fusión
del Estado Mayor y la Sedena, tras la desaparición del primero.
Posteriormente, el 19 de febrero de
2019, se derogó el artículo 16 del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
con el cual los militares retirados podrán
portar las insignias que hayan adquirido.
Según Benítez Manaut, al ceder esos
recursos y privilegios a la Sedena se sostiene la “teoría de que de la eficiencia militar frente a la ineficiencia civil es mejor”.
Para el analista, esa idea fue vendida al
nuevo gobierno por los exsecretarios de la
Defensa y Marina, el general Cienfuegos y
el almirante Vidal Soberón.
Añade: “El problema con López Obrador es que había una campaña de desprestigio mutuo muy grande, especial-

34

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

mente con el general Salvador Cienfuegos
y la élite militar de la pasada administración. Entonces tenía que darle a los militares un paquete muy grande.
“El paquete tenía que ser de responsabilidades institucionales, por ejemplo, la
Guardia Nacional. Otro es de dinero. El aeropuerto de Santa Lucía y los recursos que
se van a transformar una parte del Ejército en ejército constructor.”
 

Opacidad

En la antesala para la aprobación de la
Guardia Nacional, que se concretó la semana pasada, el presidente López Obrador
publicó el decreto sobre “excepcionalidad
en los procesos de transparencia” a las políticas de austeridad y anticorrupción, según Alejandro García, investigador de gasto público en México Evalúa.
El 1 de diciembre de 2018 la Presidencia
publicó un acuerdo con los lineamientos
por los cuales se regula “la designación de
los titulares de las unidades de Administración y Finanzas (UAF) de las dependencias de la Administración Pública Federal”.
Este acuerdo fue pensado originalmente para evitar prácticas de corrupción y nepotismo en la designación de
funcionarios públicos, especialmente la
prohibición de designar funcionarios sentenciados “por delitos patrimoniales o inhabilitado para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público”.
Pero se excluyó a la Sedena del acuerdo, como se asienta en el texto publicado
en el Diario Oficial de la Federación. Esto, junto a la cesión de la bolsa de 17 mil millones
de pesos a la Dirección General de Ingenieros, mantienen el fuero militar que goza la
Sedena desde su fundación.
Sobre la función del Ejército como empresa constructora, la ASF agregó en sus
informes que adjudicar contratos directamente a la Sedena, sin competencia abierta en licitación pública, no garantiza al Estado ni los mejores precios ni la mejor calidad.
De hecho, el diario Reforma reportó que,
al emprender la modernización de las bases aéreas militares de Santa Lucía y Zapopan en 2011, la Sedena contrató por mil
900 millones de pesos al Grupo Tradeco,
aunque después le rescindió el proyecto de
Santa Lucía por retrasos en las obras.
Para García, los mecanismos de fiscalización externos a la Sedena sólo se podrán conocer una vez que se haya ejercido el gasto. “El presidente ha sostenido que
pretende acabar con la corrupción; sin embargo, no da pie a tomarle la palabra cuando se da este tipo de concesiones”, añade.
 

Militarizar las comunicaciones

Este año la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) sufrirá 17 mil 994 mi-

llones de pesos menos en su presupuesto. Ese monto equivale precisamente a los
dos rubros donde la Dirección de Ingenieros Civiles de la Sedena recibirá aumentos
millonarios.
Junto a la Secretaría de Gobernación,
Presidencia, Policía Federal, Relaciones
Exteriores, Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural, Economía, Fiscalía General de
la República, Función Pública y Cultura, la
SCT fue una de las dependencias afectadas por los recortes. En contraste, el presupuesto de la Sedena aumentó 12% respecto al de 2018.
Las funciones de la Sedena como contratista para infraestructura pública se experimentaron desde 1998, cuando se encargó a su cuerpo de ingenieros la construcción
de la Carretera Fronteriza del Sur.
Para el analista e historiador de las
Fuerzas Armadas Jorge Luis Sierra, la distribución del gasto militar para 2019 también “puede resultar engañosa”, ya que las
Fuerzas Armadas “empiezan a adoptar un
sentido más empresarial precisamente
por falta de presupuesto”.
“Eso hasta cierto punto es común –explica–: hay otros países, por ejemplo Cuba o Costa Rica, donde definitivamente las
fuerzas armadas se han dedicado a otros
rubros no militares. Por ejemplo, en Cuba
las fuerzas armadas junto al Ministerio de
Defensa controlan parte del turismo.
“En Costa Rica había muchos problemas de corrupción como una manera de
compensar la falta de presupuesto militar:
dejaban que los militares incursionaran en
el mundo de las empresas privadas y daban servicios para acumular recursos.”
Sostiene que en el caso mexicano se
advierte ese riesgo, a medida que se desglosa el presupuesto de la Sedena y se observa que los gastos de infraestructura
crecieron en dirección contrataría al gasto de nómina.
Este año los generales, coroneles, tenientes coroneles y mayores recibieron casi una tercera parte de sus salarios totales de los que recibieron en 2018;
en tanto que los mandos medios y soldados rasos sufrieron reducciones entre
2.62 y 3.21% respecto a sus salarios brutos anuales.
El ejercicio fiscal 2019 prevé que la Sedena destine cerca de 64% de su presupuesto total a la nómina, que incluye 215 mil 243
efectivos. Las dos últimas administraciones federales asignaban cada año entre 80 y
93% al pago de personal operativo.
Para Sierra, esta reasignación de recursos “es una consecuencia, yo no diría exclusiva y que sólo la aplique este sexenio…
Aunque tengan un presupuesto relativamente mayor, comparativamente las Fuerzas Armadas no tienen el presupuesto que
necesitan para los retos que el mando civil
les ha asignado”. O

Novedades
Editoriales

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En entrevista, el beneficiario de la llamada Ley Taibo,
destinada a convertirlo en director general del Fondo
de Cultura Económica (FCE), les recuerda a sus detractores y a los del nuevo régimen: “El pueblo dijo:
‘Andrés, gobierna hacia la izquierda’, y nosotros somos parte del proyecto. Le dijo: ‘No gobiernes hacia la
derecha, no gobiernes hacia el pasado… el abuso del
poder, la doble moral, la corrupción…”

“¡Hay una revolución en este país, hombre!

“Ya que

se enteren”
ÁLVARO DELGADO

B

ajo asedio de la “nomenclatura vieja” del sector cultural, de
“académicos pirrurris” y “aristócratas de tercera” desde que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador lo nombró director del Fondo de Cultura Económica
(FCE), el escritor Paco Ignacio Taibo II desdeña las críticas y está feliz: “¡Hay una revolución en este país, hombre! ¡Ya que se
enteren!”.
Y afirma que sus detractores políticos
y culturales, como los vinculados a las revistas Letras libres y Nexos, “enloquecieron” por las decisiones que ha tomado al
frente de la editorial fundada en 1934 por
el intelectual Daniel Cosío Villegas.
“Enloquecimos a un buen montón de
ese extraño sector vinculado entre sí por
complicidades, formaciones ideológicas
y beneficios en el sector libro. Es muy raro porque la alianza de los críticos, mejor
conocidos como los abajo firmantes, tiene poca coherencia, más allá de que los
enloquecimos.”
Según él, “en Nexos una parte y en Letras libres todos están inconformes” con él,
pero aclara: “¿Vamos a descatalogar los li-

36

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

bros de algunos de ellos que están en el
Fondo? No, todo lo contrario: He dado órdenes de reimpresión de algunos de los libros
de figuras de esta nomenclatura vieja”.
En amplia entrevista con Proceso, el
lunes 25, Taibo II precisa que tampoco le
interesa hablar con Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, directores de Letras libres y Nexos, dos de los cacicazgos culturales de México.
–¿Por qué no?
–Porque uno escoge a sus amigos.
–Son parte de la comunidad cultural.
–Cuando tengan algo que hablar con el
Fondo, que pidan una cita. Tengo una terraza que fue de Miguel de la Madrid que
les encantará. No sé si llegaré yo a esa cita.
–¿No le interesa?
–¿Sabes qué? Son una voz, representan un sector de los lectores de esta sociedad; no podemos, de ninguna manera,
ni censurarlos ni excluirlos, pero después
de lo que he leído y lo que he oído a lo largo de estos años de sus opiniones sobre la
cultura de este país, tampoco tengo mayor
interés en hablar con ellos.
–¿Ni sobre la situación política?
–Ese es otro problema. Nos vemos en la
calle. Yo todavía sigo yendo a las manifestaciones cuando tengo tiempo de ir. No creo

que vayamos a las mismas manifestaciones.
Francisco Ignacio Taibo Mahojo, nombre completo de Taibo II, cuyo nombramiento como director del FCE implicó una
reforma legal por no ser mexicano de nacimiento, identifica un “frenesí” en la oposición que obedece a que la nueva dirección del FCE simboliza el cambio que
ofrece el gobierno de López Obrador.
“¿Por qué enloquecieron? Enloquecieron porque somos símbolo de un cambio
profundo que los afecta”, juzga el escritor,
quien revela el caos y la ineptitud que encontró en el FCE y a la que llegó una visión
de izquierda opuesta a sus críticos.
“Es obvio, sí, al Fondo llega una propuesta y una presencia de izquierda, pero de izquierda culta. Somos apaches, pero somos
cultos, mucho más que ellos evidentemente. ¿Qué es lo que son? Una bola de aristócratas de tercera sin derecho al paraíso.”
Taibo fuma y bebe Coca Cola mientras
rebate, en su estudio de la colonia Condesa, las críticas por integrar la dirección
de la revista Trimestre Económico con economistas de izquierda y por haber dicho
que “para nosotros el proyecto neoliberal
es un cadáver del que tenemos que despojarnos lo más rápidamente posible por el
daño que le ha hecho a la nación”.

Eduardo Miranda

LO S 1 0 0 D ÍA S
jamás prohibirlo. Las ideas, dijo el comandante Guevara, que es mi figura rectora, se
combaten con ideas.”

El FCE, “un rey desnudo”

Paco Ignacio Taibo II. Encendida defensa de la 4T

“¿Y qué: vamos a dar la dirección a neoliberales? No, se la dimos a antineoliberales, porque queremos que haya un debate
en el nivel de la economía, porque en este
gobierno, todavía en el actual, hay neoliberalismo, no flagrante, no escandaloso, pero
sí encubierto, y queremos que el debate se
abra en función a esta idea de apalear este
proyecto que le ha hecho un daño tremendo a la nación.”
Por eso designó al frente de la reputada
publicación a los economistas Rosa Albino
Garavito, Julio Boltvinik, Orlando Delgado,
Saúl Escobar y José Valenzuela, lo que ya
motivó el envío de una carta de protesta de
exintegrantes al secretario de Educación,
Esteban Moctezuma.
–Hay quienes dicen que es una visión
facciosa.
–¿Qué esperaban? ¡Si no les gusta hubieran ganado las elecciones, compadre!
–¿De plano?
–¡De plano, hombre! O sea, el pueblo dijo: “Andrés, gobierna hacia la izquierda”, y
nosotros somos parte del proyecto. Le dijo: “No gobiernes hacia la derecha, no gobiernes hacia el pasado, no gobiernes hacia
el favortitismo, el abuso del poder, el doble
lenguaje, la doble moral, la corrupción; gobierna hacia la humildad republicana”.

“Pues sí, ¿y entonces qué hago? Bueno,
vamos a publicar los Apuntes para mis hijos,
de Benito Juárez, en ediciones masivas, y
además con un Juárez que en la portada
está fumando puro para que los hiperconservadores, los políticamente correctos,
se den color de que Juárez fue toda su vida fumador de puros, y no sólo: Lió puros
para vivir cuando estaba exiliado en Nueva Orleans”.
El prolífico escritor de novelas y de libros de historia, como las biografías de
Pancho Villa y de Ernesto Guevara, también
conocido como El Che, no para: “¿Somos irreverentes? Sí somos irreverentes. ¿Cuál es
la bronca? ¿Qué querían? ¿A los políticamente correctos, que editan a Emmanuel
Kant en bilingüe?”.
Lo que no habrá es censura, advierte,
porque los libros de los padres del neoliberalismo, Friedrich Hayek y Milton Friedman, seguirán editándose en el FCE, que
dirigió De la Madrid, iniciador en México
de ese paradigma.
“Ahí están los libros. Alguien me dijo: ‘¿Y si en alguna librería te encuentras
Mi Lucha, de Hitler?’. Le dije: ‘Instantáneamente le pongo al lado las historias del
holocausto, de Simon Wiesenthal, y pido
que se vendan juntos, pero no prohibirlo,

Aunque está en curso la expedición de su
nombramiento legal como director general del FCE, la entrevista con Taibo II se desarrolla en su calidad de gerente editorial
encargado de despacho, por lo que ni siquiera ha cobrado una quincena.
Eso sí, ya ha puesto en marcha un “plan
de choque” para relanzar a la editorial, en
particular el fomento a la lectura con la baja de precios en varios títulos, mientras pone orden administrativo para liquidar los
excesos de la “ineptitud”.
Dirigido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por José Carreño Carlón,
exvocero de Carlos Salinas, y por Consuelo Sáizar en la administración de Felipe
Calderón, el FCE “se volvió un rey desnudo” porque, por ejemplo, perdía contratos
para editar libros importantes o sólo para
obras completas.
–¿Qué encontró en el Fondo?
–Yo esperaba encontrar un nivel mayor de corrupción de la que encontré. No
he descubierto grandes mecanismos de
corrupción. He descubierto inmensas actitudes de ineptitud y de desprecio por el
dinero del pueblo.
Los hallazgos “más delirantes” fueron que el director tenía a su servicio un
chef, que lo fue de Vicente Fox, con un comedor privado para 24 personas, además
de elevador personal, oficina con tres terrazas y estacionamientos especiales.
–Es el boato del poder.
–¡Es el poder a lo pendejo, Dios mío! ¡El
poder bobo, el poder de la apariencia! Me
tomó cinco minutos desmontar eso.
Pero encontró cosas más graves: La
mitad de las 90 librerías de Educal están
quebradas, con una deuda de 70 millones de pesos: “¡Cómo puede tener una
deuda de ese tamaño una distribuidora,
que recibe libros a consignación, los vende y paga parte de lo que vende?”.
Y enseguida enlista más caos: La quiebra de 12 empresas en el extranjero y 8
millones de libros en las bodegas del FCE,
de Educal y de la Dirección General de Publicaciones (DGP).
–La ineptitud es, también, corrupción.
–Sí, pero no es corrupción sangrante,
no es “metí la mano al cajón y me llevé lo
que encontré”. Es “agarré el dinero del cajón y, como el dinero del Estado no es de
nadie, es del funcionario que lo malgasta,
aviéntalo y bótalo en tonterías, en puntadas, en errores repetidos”.
Añade: “¿Cómo es posible que tengamos una crisis en la librería de Guatemala
desde hace siete años y no se había resuelto y estamos a punto de perder el local? Lo
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37

http://codigoqro.mx

Librerías del Fondo de Cultura Económica. Crisis y retos

dejaban, lo dejaban, lo dejaban. ¿Cómo es
posible que tengamos 42 personas atendiendo la librería de Bogotá? ¡Es una librería, no el palacio de Buckingham!”.
Sigue: “¿Cómo es posible que estemos
perdiendo dinero en la distribuidora en
Estados Unidos y que tenga dos librobuses y no los saque porque cuesta dinero
sacarlos en San Diego? Y como esta una
y otra y otra, y sobre todo –¡maldita sea!–
para todo manuales burocráticos, de procedimiento, de no sé qué. ¡Para producir
un acto simple de dirección tienes que generar siete caminos de papel! Y esto paraliza, inmoviliza”.
Pero ya se ha puesto orden administrativo y eliminado los excesos: “Limpiamos la casa en cinco minutos. Nos quedan cuatro o cinco detalles, pero ya son
detalles”.
Revela que se eliminará el festejo que
el FCE financiaba cada año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: “Puedo adelantar que no habrá un coctel para
500 personas, como lo había”.
Ahora los autores mexicanos también
recibirán adelanto de regalías que eran
exclusivas de los extranjeros. “Se acabó.
Llegamos los franciscanos. ¿Deveras esperaban que los apaches ilustrados que comando iban a llegar al Fondo para seguir
hábitos y tradiciones, usos y costumbres?”.
En la parte editorial, dice, había también relaciones de complicidad entre directivos y autores. “De ahí por qué la sociedad pirrurris rechina, colega”.
–¿La “sociedad pirrurris”?
–Sí, rechina. En el fondo lo que había es
un mundo en el que se vincula la academia
pirrurris, que a veces tiene dos tiempos
completos en no sé dónde y forma parte
del SNI (Sistema Nacional de Investigadores) y de las becas y de no sé qué, que recomienda un libro de su amigo inglés, que
probablemente sea muy interesante, que a
su vez recomendó el libro de ella o él para
ser publicado en no sé dónde y juntos ir a
un congreso en Bulgaria.
“Lo que existía eran estas cadenas y lo
que no existía era el lector. ¿Cuántos lectores va a tener este libro? Y eso producía ediciones que iban a la bodega, porque

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estaban satisfaciendo una capa que hay
que satisfacer, ojo, de lectores universitarios de maestrías, posgrados, etcétera, pero con mentalidad de editorial popular.”
También se editaba a la alta burocracia, como Ramón Muñoz Gutiérrez con su
libro Innovación gubernamental. El paradigma de Buen Gobierno en la administración del
Presidente Vicente Fox, y el exsecretario de
Educación Otto Granados escribió uno sobre la reforma educativa. “¡Era una mala
editorial dominada por una lógica de amiguismo y paternalidad, favores!”.
–¿Complicidades?
–Complicidades. Pero ya en estos momentos eso es prehistoria.
Taibo prefiere concentrarse en su
“programa de choque” que prevé decenas
de actividades en todo el país, como en
Mocorito, Sinaloa, donde, el 27 de enero,
se lanzó la Estrategia Nacional de Lectura.
“El plan de choque es una serie de conferencias, debates, los camioncitos de Educal, tendederos de poesía y reuniones de
fomento a la lectura”, explica. Él mismo ha
ido a Tixtla, Guerrero, a Nayarit y a Uruapan, Michoacán. “¿Por qué Uruapan? ¿Y
por qué no? ¿Vamos a estar condenados a
Coyoacán y la Condesa?”.
Próximamente irá a Poza Rica, Veracruz, y a Nochistlán, Oaxaca, pero además
atenderán a las escuelas normales de México para dotarlas de biblioteca con literatura
y decirles a los estudiantes: “Si no eres capaz de encandilarte con la literatura, no se
lo vas a transmitir a tus futuros alumnos”.
El plan de choque prevé también las
preparatorias, los colegios de Ciencias y
Humanidades, así como los colegios de
Bachilleres, para formar lectores en todos los rincones del país, por lo que ya
hay planes concretos con el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM e instituciones estatales.
“Son pactos muy concretos, nada de
saliva”, asegura y revela que con la Secretaría de Relaciones Exteriores se garantizará que haya libros en todos los consulados en Estados Unidos.
Esto es posible no sólo porque el FCE
está dejando ganancias, sino porque también se ha evitado destruir hasta 300 mil

libros al año que se donan. “El primero
que destruya un libro, lo corro a patadas”,
les advirtió cuando llegó.
En el FCE por fin hay ganancias, dice,
y pone como ejemplo las ventas en la Feria del Libro de Minería, que pese a bajar el
precio de los libros, que era una demanda
social, duplicó las ventas de 2018.
“Hemos sintonizado con un ambiente
político global producto de la victoria de
las pasadas elecciones en la que el libro,
gracias a nuestros críticos y a nosotros, se
ha vuelto central.”
Ya se lanzaron también los primeros
títulos de la colección Vientos del pueblo, a
precios de 11, 12 y 20 pesos, que imita los
Cuadernos Mexicanos que, en los setenta,
creó junto con Paloma Sáinz y José Emilio Pacheco, que se vendían a 3 pesos en
Conasupo.

Diálogos con don Daniel
A sus 70 años de edad, con una vasta obra
literaria, una trayectoria de fomento a la
lectura con la Brigada para Leer en Libertad –que fundó con Paloma Sáinz, su esposa–, activista sindical y promotor de la
democracia, Taibo II ha tenido que dejar
reposar su pasión literaria por el deber encomendado por López Obrador.
No quería, pero el presidente le dio un
argumento irrebatible: “Me dijo: ‘Hemos
peleado 20 años para gobernar este país
de manera diferente y ha llegado la hora’”.
Taibo ya no ha podido escribir novelas
y cuentos: “Durante dos semanas y media que llevamos, he podido escribir cinco
cuartillas. Me he quedado dormido en esta silla, cosa que nunca me había sucedido
en mi vida. ¡Y voy empezando!”.
–¿Cómo se ve al final del sexenio?
–¡Hecho una mierda! –responde y suelta una carcajada.
Irreverente, hiperactivo, auténtico, el
escritor mexicano tiene en el historiador
Enrique Krauze a uno de sus principales
detractores, quien ya lo definió como el
sepulturero del FCE.
El 16 de diciembre, Krauze sentenció,
en Reforma: “Si su director es Paco Ignacio
Taibo II, el orgullo de don Daniel se habrá
desvanecido. El Fondo no sobrevivirá”.
Sin nombrar a Krauze, ni a ninguno de
sus críticos, Taibo dice, divertido, que mantiene “una excelente relación de carácter
fantasmal” con Cosío Villegas y Arnaldo
Orfila, los dos primeros directores del FCE.
“Tengo una relación fraternal. En las
noches me hablan y yo les hablo. Y no va
mal nuestra conversación. Sonríen maliciosamente. No creo que nuestros detractores tengan reuniones fraternales
con Orfila y con don Daniel Cosío Villegas.
Tendrán relaciones fraternales con el fantasma de Miguel de la Madrid o con Carreño Carlón. Ja ja ja.” O

LO S 1 00 D ÍA S
Germán Canseco

Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

“Nos falta tiempo
para bajar la incidencia delictiva

en la CDMX”
Próximamente, la jefa de gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, rendirá también un informe sobre los primeros 100 días de su gobierno. El
secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, adelanta a Proceso que en esta materia se presentarán
“resultados mixtos”, en el sentido de que hay delitos,
como el homicidio, que “traen un cambio de tendencia a la baja”...
SARA PANTOJA

C

uando Miguel Ángel Mancera
era jefe de gobierno de la Ciudad de México, se “empezaron a tener relaciones perversas con el crimen organizado”,
afirma sin dudar Jesús Orta
Martínez, secretario de Seguridad Ciuda-

dana (SSC), como preámbulo para explicar
la grave situación de inseguridad y violencia que ahora vive la capital del país.
“Mancera lo que hizo fue: ‘a ver, pero
¿cómo le hacemos para que haya más dinero? Pues hay que meter más actividad,
más valor agregado’. Entonces estos cárte-

les –que nunca quisieron aceptar que existían– empezaron a crecer de una manera
desmedida. ¿Al amparo de quién? Pues de
la autoridad. Nada es casualidad en seguridad”, sostiene el funcionario en entrevista con Proceso.
Y enumera: La Unión Tepito, en el llamado “Barrio Bravo” de la ciudad, y La AntiUnión, ambos en la Cuauhtémoc; el Cártel de Tláhuac en la misma alcaldía, Los
Rodolfos, Los Molina y La Nueva Rosa, en
disputa por Xochimilco, Coyoacán, y principalmente, Iztapalapa. Todos estos, dice,
son “netamente hechos en la CDMX”.
Narcomenudeo, extorsión, secuestro,
invasión de predios y restaurantes, trata de
personas, lavado de dinero, robo a transporte público, a casa-habitación y de autopartes, así como clonación de tarjetas, son
los principales delitos de alto impacto que
cometen.
Según el exsecretario general de la Policía Federal y excontralor general del gobierno capitalino, estos cárteles están “bien
organizados”, pero no tienen el nivel de
complejidad de los grandes, como el del
Golfo o el de Sinaloa. “Lo que sí tienen es
una consolidación en su territorio, lo tienen
muy controlado”, aclara.
Una nota del diario El Universal publicada el pasado 26 de febrero y basada en
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39

David Deolarte / Procesofoto

Inseguridad. Niveles críticos

“un trabajo de inteligencia” de la SSC y la
Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) identifica además a los grupos delictivos Los Pozoles, Los Panchos,
Los Pitufos, Los Colombianos, Los Spring
Breakers, Los Ruteros y los Yonkeros.
En la capital, añade, los cárteles de los
Los Beltrán Leyva y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) también están presentes,
“pero no tienen una operación con violencia. Sabemos que meten droga, que lavan
dinero aquí porque es el centro financiero del país”.
De hecho, ubica al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como “el punto de intercambio más grande
del país, de lo que quieras: droga, personas, inmigrantes, contrabando, piratería”.
Otro nicho de la delincuencia que señala
es la alcaldía Gustavo A. Madero que, aunque tiene actividades “con menor valor
agregado”, como los taxis “pirata” y los espacios en tianguis, controlados por dos familias rivales, cuyos nombres se reserva
el entrevistado, también es un espacio de
venta de droga.
La zona de La Merced, en Venustiano Carranza, es “otro punto complicado”,
pues ahí se comete la extorsión, el lavado
de dinero, el secuestro y la trata de personas. Orta Martínez adelanta que el gobierno capitalino prepara un proyecto de recuperación para el área, que requerirá de una
fuerte inversión económica.
De acuerdo con el jefe de la policía capitalina, las “rachas de violencia” que generan estos grupos responden a la disputa
del territorio o bien, a que, cuando la autoridad ataca la cabeza de una banda, ésta se escinde y “los de abajo se vuelven adversarios” para ganar el control. “Eso pasó
con La Unión y la AntiUnión”.

El origen de la violencia
Desde su oficina en el piso 12 de la SSC,
frente a una pared llena de pantallas don-

40

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

de se observa lo que pasa en múltiples partes de la capital mexicana, y detrás una
vista de los principales rascacielos de este monstruo de ciudad, el economista por
el Instituto Tecnológico de Monterrey –ciudad de donde es originario– y maestro en
Administración de Empresas por la Universidad de Texas, afirma que la seguridad
“es un tema que no se mueve de un día para otro y en el que nada es casualidad”.
Luego, explica la razón por la que la
CDMX está sumida en la inseguridad y
la violencia. Según su análisis, Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno que tomó medidas “de carácter estructural” para resolver la “brutal” inseguridad
que entonces privaba en la capital, aunque como sólo estuvo tres años, no pudo
ver los resultados.
Andrés Manuel López Obrador y su jefe
de policía, Marcelo Ebrard, crearon las coordinaciones territoriales, y entre las varias
acciones que se emprendieron se cuenta el
envío de policías preventivos y judiciales a
las 10 colonias de mayor incidencia delictiva para revertir el efecto. La estrategia, dice, también logró reducir el robo de vehículos de 200 a 100 al día.
Al llegar Ebrard, “la ciudad empieza a
tener un nivel de seguridad que, además,
iba a contracorriente de lo que sucedía en
el país”. Por ello, cuando llegó el exprocurador Mancera Espinosa al cargo de jefe
de Gobierno, “se encuentra con este confort excepcional”: cuadrantes implementados, gabinete de seguridad, evaluaciones
de desempeño, estratificación del territorio, órdenes de operación y planeación.
“Casi casi que el que llegó (a la SSC, Jesús Rodríguez Almeida), se sentaba, se ponía a ver las pantallas, supongo, y decía:
‘No pasa nada. Aquí no hay que hacer nada’. Y no hicieron nada. Así funcionó solito, pero con una diferencia: empezaron
a tener asociaciones perversas con el crimen organizado, porque éste no se dio por
generación espontánea.”

Asegura que durante los primeros cuatro años de la pasada administración las
organizaciones delictivas operaron “amparadas por la autoridad en diversas actividades”. No obstante, ya en la etapa de
Hiram Almeida al frente de la policía “se
salieron de control” y fue entonces que las
autoridades “sistemáticamente negaban”
la presencia de cárteles en la capital y, al
mismo tiempo, comenzaron “a exprimir a
la vaca sagrada que es la policía” para obtener recursos.
Peor aún, explica, a partir de 2015, los índices delictivos “se fueron todos para arriba, pero se dieron cuenta y los empezaron a
controlar desde la parte estadística”, ya con
Raymundo Collins al frente de la SSC.
Este dato lo corroboró la actual procuradora, Ernestina Godoy, el pasado 10 de
enero, cuando denunció públicamente que
el gobierno mancerista “maquilló” las cifras para mantener la incidencia a la baja.
Orta Martínez asegura que esa es la razón por la que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública (ENVIPE 2018) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) marca, por ejemplo, que en 52.8% de los hogares en la capital haya víctimas de delito,
que 88.3% de los capitalinos consideren inseguro vivir en la CDMX, 90.7% se sientan
más inseguros en el transporte público y
que la policía capitalina esté en el sexto lugar de confianza (35.4%) a nivel nacional.

Policía en “pésimo estado”
El titular de la SSC cuenta que, meses antes de que Claudia Sheinbaum lo anunciara como jefe de la policía, comenzó a revisar el estado en el que se encontraba la
dependencia que recibiría. Al presentarse en el edificio de Liverpool 136, colonia
Juárez, consultó cifras y observó que entre
los 88 mil integrantes de la dependencia –
sólo mil 292 tienen plaza de estructura, y
el resto, plaza policial– había 9 mil uniformados menos que en 2012.
Las razones: rotación de plazas, jubilaciones, bajas por reprobar exámenes de
control de confianza, incapacidades parciales y totales, sumado a que no se efectuó el reclutamiento necesario. Y, reconoce, el sueldo de los policías tiene un
rezago de 23% de los últimos seis años y
muchos prefirieron irse a otras entidades
donde les pagaban más; por ejemplo, en
Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz o Guanajuato, pese a la lejanía y el riesgo de
violencia.
Además, unos mil 400 elementos estaban asignados como escoltas gratuitas
para cuidar a diputados locales y federales, senadores, exjefes de gobierno, dueños
de medios de comunicación, periodistas
–“quienes fueron los que más reclamaron
cuando se los retiramos”– y empresarios.

LO S 1 00 D ÍA S
Uno de ellos, de los más poderosos del país,
y su familia –cuyo nombre se reserva el secretario–, tenían a su servicio aproximadamente a 30 agentes.
El segundo día de su gobierno, Sheinbaum y Orta comenzaron a recorrer los
70 sectores policiales –equivalentes a los
cuarteles de los soldados– y atestiguaron
el “pésimo estado” de la infraestructura y
los servicios. Además, sostiene el funcionario, descubrieron robo de combustible y
fraude en los talleres de reparación de patrullas –4 de cada 10 no funcionan–, bicicletas descompuestas y compras con sobreprecios mayores al 100%.
Refiere que las dos cajas de ahorro estaban “totalmente quebradas” y había inconformidad por favoritismos en la entrega de
créditos de vivienda y porque muchos de
los mandos obligaban a los policías de la
calle a llevarles dinero recaudado en las calles. “Teníamos una fuerza muy inferior a
la que necesitábamos para implementar
nuestra estrategia”, indica.

hechos que no son y que cada vez hay
más debido a los rumores (sic).
“Sí creo que la percepción va a tardar
más tiempo, pero a mí lo que me interesa es que, en realidad, sin simulación, con
hechos, esto esté ya de bajada. Que la percepción va a tardar, puede ser, pero cuando yo hablo de resultados es porque la
incidencia realmente esté bajando, sin simulación, sin maquillaje, sin nada.”–¿Qué
le dice a quienes todos los días salen a la
calle con miedo de un asalto?
–Lo que les puedo decir es: se había
perdido la disciplina, la estrategia y se ha-

bían desviado los recursos destinados a
seguridad. Estamos enderezando ese barco. Regresamos a tener una estrategia. Estamos fortaleciendo a la policía, metiendo
más patrullas y que los recursos se destinen a lo que se deben destinar. Y con esta
combinación de cosas y una coordinación,
que tampoco se estaba dando con la Procuraduría, con el gobierno federal y con las
alcaldías, vamos a regresarle la seguridad a
la ciudad. En un año vamos a ver cómo la
incidencia delictiva va a la baja de manera
real. Nos falta tiempo y paciencia. El camino lo tenemos andado.

Resultados, a finales de 2019
El pasado 7 de febrero, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López
Obrador admitió que la inseguridad en la
CDMX va en aumento. Veinte días después,
Sheinbaum reconoció que la estrategia de su
gobierno para revertir la inseguridad les ha
tomado “más tiempo” del que pensaron. Actualmente, se cometen 4.1 homicidios al día
y mil delitos de alto impacto a la semana en
la capital, según cifras de la SSC.
Próximamente, la jefa de gobierno
rendirá un informe sobre los primeros 100
días de su gobierno. Jesús Orta adelanta a
Proceso que presentará “resultados mixtos”, en el sentido de que hay delitos, como el homicidio, que “trae un cambio de
tendencia a la baja”, igual que el robo a pasajeros en microbús, aunque los operativos han generado un “efecto cucaracha” a
otros sistema de transporte.
No obstante, otros, como robo a transeúnte, “confirman su tendencia a la alza”. Dice que el robo a vehículo “está estable” y que los delitos cometidos en el
Metro tienen aumento porque “se ha invitado a más gente a denunciar”
–¿Cuándo los capitalinos van a ver resultados positivos de esta estrategia?
–Yo me comprometí con la doctora
Sheinbaum a un año. Sí creo que se puede
hacer, cambiar la tendencia sí se puede.
–Pero todos los días en las noticias se
ven hechos de violencia, linchados, ejecuciones múltiples, asaltos, secuestros, ajustes de cuentas…
–A mí no me preocupa que ustedes,
que la televisión, saquen un muerto, porque esa es la realidad. Lo que me preocupa es que se genere psicosis y una percepción de hiperinseguridad a partir de
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José Ramón Cossío Díaz*

Breve manual
de consultas ciudadanas

E

n los días que corren, mucho se
habla de las consultas ciudadanas. El presidente de la República ha convocado a realizarlas para definir lo que debía hacerse con
el Nuevo Aeropuerto, el llamado Tren Maya
o la termoeléctrica de Huesca. Ha dicho,
también, que será conforme a ellas como se
defina la suerte procesal de los expresidentes de la República. Ante la probabilidad de
que este mecanismo sea utilizado con frecuencia en acciones de la mayor importancia, vale la pena analizar sus condiciones
en nuestro país.
La primera gran distinción que conviene
hacer es entre las consultas que llamaremos
jurídicas y las que bien podemos denominar políticas. Las primeras son aquellas que
se encuentran previstas por alguna norma
del derecho nacional o por algún tratado
internacional suscrito por México y, por lo
mismo, obligatorio. Las segundas son aquellas que se hacen por quien ejerce el poder
político, sea éste el presidente de la República, un gobernador o cualquier otro tipo
de funcionario federal, local o municipal,
sin sustento expreso en el propio derecho.
Es verdad que la dualidad jurídico–político
no agota todas las posibilidades imaginables de consultas, pues podría haber otras
de tipo familiar, deportivo o escolar. Sin embargo, y para no perdernos, nos limitaremos
a tratar estas dos.
Pudiendo elegir por dónde comenzar, lo
haré por las consultas jurídicas por mera deformación profesional. Desde este punto de
vista, las consultas pueden ser de tipo constitucional, convencional, legal o administrativo. Veamos cada una de ellas, sus procesos
y las consecuencias de no realizarlas.
Las consultas constitucionales son
aquellas cuyas condiciones más generales están previstas en la Constitución. En
primer lugar, el artículo 2 dispone que la

42

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

Federación, los estados y los municipios
deberán consultar a los pueblos indígenas
en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales, y,
en su caso, incorporar las recomendaciones
y propuestas que se realicen. Estas breves
determinaciones se desarrollan con detalle
en la Ley de Planeación y, dado que dicho
plan tendrá que ser enviado a la Cámara de
Diputados dentro del mes de abril de este
año, seguramente veremos pronto intensas
consultas con los numerosos y distintos
pueblos que integran de manera plural a la
nación mexicana.
En el artículo 35 del mismo texto constitucional se prevén, como derechos del
ciudadano, votar en las consultas populares que sean convocadas por el Congreso
de la Unión a petición del presidente de la
República, el equivalente a 33% de los integrantes de las cámaras del Congreso de la
Unión o por al menos 2% de los inscritos
en la lista nominal de electores. La propia
Constitución dispone que no podrán ser
objeto de consulta popular la restricción
de los derechos humanos reconocidos en
ella, los principios consagrados en su artículo 40, los ingresos y gastos del Estado,
la seguridad nacional y la organización,
funcionamiento y disciplina de las Fuerzas
Armadas. Para llevarla a cabo, la Suprema
Corte resolverá sobre la constitucionalidad
de la materia de la consulta previamente a
la convocatoria del Congreso de la Unión, y
el Instituto Nacional Electoral tendrá a su
cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, verificada
siempre el día de la jornada electoral federal. Cuando la participación total corresponda al menos a 40% de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores, el
resultado será vinculatorio para los poderes
públicos.

La Suprema Corte ha tenido la oportunidad de ejercer la facultad acabada de
señalar en cuatro ocasiones. El 30 de abril
de 2014 resolvió las peticiones de aviso que
para hacer sendas consultas fueron planteadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y otras personas, y por el licenciado
López Obrador y otros ciudadanos, con relación a la reforma energética publicada en
el Diario Oficial del 20 de diciembre de 2013.
En ambos casos la Suprema Corte determinó por mayoría de nueve votos contra uno
que las solicitudes eran inconstitucionales
porque la materia que se pretendía someter
a consulta involucraba ingresos del Estado.
El 29 de octubre del mismo año, la Corte
declaró por mayoría de seis votos, e idéntico motivo, la inconstitucionalidad de la
materia del aviso de consulta que pretendieron llevar a cabo Gustavo Madero Muñoz
y otras personas respecto al nivel de los
salarios mínimos partiendo de la línea de
bienestar fijada por el Coneval. Finalmente, el 3 de noviembre de 2014 se declaró la
inconstitucionalidad del proceso por el que
quería preguntarse a la ciudadanía si está
de acuerdo con que se reforme la Constitución para reducir el número de diputados
federales por el principio de representación
proporcional de 200 a 100 y se eliminen los
32 senadores de representación proporcional, por tratarse de una cuestión electoral
prohibida por el mencionado artículo 35
constitucional.
El segundo nivel jurídico de las consultas está constituido por las obligaciones
contraídas por el Estado mexicano en los
tratados internacionales que ha celebrado.
De entre varias posibilidades, ejemplifico
con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 6 se
dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos indígenas mediante pro-

ANÁLI S I S
Rocha

Oscurantismo moreno

cedimientos apropiados y sus instituciones
representativas cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas que
pudieran afectarles directamente, así como
establecer los medios a través de los cuales
puedan participar libremente en todos los
niveles de decisión en instituciones electivas y organismos administrativos responsables de las políticas y los programas que
les conciernan. En el mismo artículo se ordena que las consultas deberán ser de buena fe y apropiadas a fin de lograr acuerdos
o consentimientos.
Con base en ese Convenio 169, y en el
caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador, resuelto el 27 de junio
de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado
no satisfizo los requisitos esenciales de un
proceso de consulta válida a comunidades
indígenas del carácter previo de la consulta, la buena fe y la finalidad de llegar a un
acuerdo, la adecuación y accesibilidad, el
estudio de impacto ambiental y el presupuesto de que sea informada; por lo que
finalmente se concluyó que el Pueblo Sarayaku no fue consultado antes de que se realizaran actividades propias de exploración
petrolera, se sembraran explosivos o se
afectaran sitios de especial valor cultural.
A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de nuestro país resolvió en
2013 que todas las autoridades nacionales están obligadas en el ámbito de sus
atribuciones a consultar siguiendo parámetros muy semejantes a los apuntados
por la Corte Interamericana, pero añadiendo que el deber del Estado a la consulta no depende de la demostración de
una afectación real a sus derechos, sino
de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, ya que uno de los objetos
del procedimiento es determinar si los
2210 / 10 DE MARZO DE 2019

43

intereses de los pueblos indígenas podrían ser perjudicados.
Otro ejemplo es la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que en su artículo 4 se establece
que en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectivo ese
tratado y en otros procesos de adopción de
decisiones sobre cuestiones relacionadas
con las personas con discapacidad, los Estados parte celebrarán consultas estrechas
y colaborarán activamente con ellas, incluidos los niños y las niñas, a través de las
organizaciones que las representan.
También la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, cuyo artículo 5 establece que
los Estados parte promoverán, en la medida
en que sea compatible con sus respectivas
legislaciones nacionales, la participación
de representantes de agrupaciones de personas con discapacidad, organizaciones no
gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones,
personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y
políticas para aplicar la propia convención.
El siguiente nivel es el legal, es decir,
aquél en el que las leyes prevén la necesidad
de llevar a cabo las conductas de que venimos tratando. Por la cantidad de leyes que
prevén diversos mecanismos de consulta,
es imposible señalar aquí la totalidad de
ellos. Me limito a exponer dos ejemplos. En
el artículo 20 de la Ley de Planeación se dice
que las comunidades indígenas deberán ser
consultadas y podrán participar en los programas federales que afecten directamente
el desarrollo de sus pueblos y comunidades.
En el 159 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, se
dispone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales integrará órganos
de consulta con entidades y dependencias
de la administración pública, instituciones
académicas y organizaciones sociales y empresariales para asesorar, evaluar y darle seguimiento a la política ambiental, así como
recibir opiniones y observaciones, lo que, en
caso de darse, obliga a la propia secretaría
a expresar las causas de la aceptación o rechazo. Finalmente, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización prevé un sistema
de consulta respecto del procedimiento de
creación de las normas oficiales mexicanas.
Una vez que hemos identificado los ca-

44

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

sos más relevantes de consultas jurídicas,
es de la mayor importancia preguntarnos
por las consecuencias de su franca omisión
o de la violación a sus reglas. En el primer
caso, y por las razones que se quieran, las
autoridades simplemente no convocan a
quienes tienen que hacerlo para que manifiesten su parecer respecto a la norma a
crear o la acción a tomar. En el segundo, y
dado que la consulta es un procedimiento,
no se satisfacen todos los pasos que debieran darse. Por ejemplo, no se llama al grupo
adecuado, la consulta se hace de manera
amañada o los resultados anunciados no
coinciden con los obtenidos, por mencionar algunos supuestos. Dejando de lado el
tipo de violación jurídica que se haya promovido, lo primero que conviene definir es
el tipo de procedimiento que puede instaurarse para anularla.
Una buena parte de los sujetos a quienes tiene que escucharse en una consulta tienen ese estatus por lo previsto en la
Constitución o en un tratado internacional. Por lo mismo, gozan de un derecho
humano a ser consultados y el mismo es
exigible mediante el juicio de amparo. Esto
significa que si una persona o colectivo
debiera ser consultado y no lo es o lo es
inadecuadamente, es altamente posible
que mediante una sentencia de amparo
se anule la norma o el acto y se pida a la
autoridad que reponga el procedimiento
escuchando a quienes debieran ser consultados. Nada de extraordinario tiene
este asunto en la jurisprudencia.
En el mismo plano de los derechos humanos, existe la posibilidad de que las comisiones federal y locales que los tutelan
impugnen las leyes en las que no se hubieren escuchado a las personas que debieran
serlo. Al respecto, conviene recordar que la
acción de inconstitucionalidad promovida
por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2015 en
contra de la Ley General para la Atención y
Protección a Personas con la Condición del
Espectro Autista tenía como aspecto principal determinar si el Congreso de la Unión
había satisfecho o no la consulta con los
correspondientes colectivos. Si la consulta
está prevista en alguna ley, los interesados
podrán promover medios de defensa para
hacerse escuchar en lo que debieron ser
consultados.
Como no podría ser de otra manera,
las consultas jurídicamente reguladas tie-

nen efectos jurídicos, tanto si se cumplen
como si no se cumplen. El señalamiento
parece obvio, pero no lo es. Las consultas
se han constituido en un elemento procedimental de validez de normas o actos de
la autoridad. No satisfacerlas total o parcialmente puede acarrear la invalidez de
esa norma o decisión, tal como si la misma hubiera sido emitida por una autoridad
incompetente o fuera del correspondiente
proceso.
Indicados algunos de los elementos
más relevantes de las consultas jurídicas,
paso a analizar las políticas. La manera más
directa de hacerlo es señalando que son
convocatorias no reguladas por el derecho,
hechas por un servidor público u órgano
del Estado para escuchar la opinión de la
población con la finalidad de orientar sus
decisiones. Desde el momento en que las
consultas no están reguladas, resulta claro
que su manera de realización queda determinada por el convocante. El número de
participantes es decidido por él, y pueden
ser conjuntos amplios o restringidos de la
población, o subconjuntos previamente fijados: toda la población, los beneficiados o
los perjudicados, por ejemplo. Igualmente
variable puede ser el modo de recoger la
opinión, tanto como aplausos, a mano alzada, votos en urnas o sentires percibidos
por el consultante.
En la lógica formalizada básicamente
por la voluntad o los deseos de quien realiza la consulta, los resultados de ésta son
igualmente variables e interpretables, desde luego por él. Lo determinante pueden
ser números o porcentajes de votos, niveles
auditivos, emociones cuantificadas o percepciones sentidas. Al final de cuentas, la
formalización depende de las reglas más o
menos fijadas por quien convoca, y de su
deseo más o menos constante de mantenerlas hasta el final o hasta que decida revocarlas o ajustarlas.
Más allá de la elasticidad de los procesos
consultorios y de los resultados que arrojen
tan singulares ejercicios, hay un elemento a
destacar. Las consultas políticas no son, desde luego, jurídicas, pero sus resultados muy
probablemente sí lo serán. Me explico. Los
órdenes jurídicos modernos están construidos en mucho para evitar la arbitrariedad de
los funcionarios. Por lo mismo, existen prevenciones para que todo aquello que hagan
se encuentre debidamente fundado y motivado. Estas dos expresiones simplemente

AN Á L IS I S
Ricardo Raphael

imponen la carga de que las acciones públicas estén basadas en una norma jurídica y
que la aplicación de la misma sea razonable
a la situación que se enfrenta. Si, por ejemplo, una autoridad sanitaria va a clausurar
un establecimiento mercantil por la falta de
condiciones higiénicas, en la orden correspondiente deberá explicar las situaciones
que considere son contrarias a la higiene e
identificar las normas jurídicas que precisamente le permiten cerrar un negocio cuando esos hechos se hayan dado.
Cuando los servidores públicos convocan a una consulta política, pueden
tener en mente una gran cantidad de
motivos. Adquirir popularidad, transferir
responsabilidades, mantener una retórica o una imagen, o prácticamente lo que
quieran. Consultar en tales situaciones
es tan objetivo y tan respaldado jurídicamente como visitar a un brujo o tirar
volados, desde luego más allá de las parafernalias realizadas para satisfacer a
las clientelas o mantener las condiciones
simbólicas de ejercicio del poder. Sin embargo, y terminado el espectáculo consultivo, la decisión tomada deja atrás este
plano y se hace derecho. Se hace norma
o acto jurídico. A partir de ese momento, y con independencia del proceso auscultativo y de sus vicios y sus virtudes,
habrá de jugar el juego del derecho. Por
ello, lo decidido será impugnable como
cualquier otra norma o acto. Los juicios
de nulidad, los amparos, las controversias constitucionales o los juicios por reparación de los daños producidos serán
tan posibles como en cualquier caso donde la decisión jurídica se hubiere tomado
por la razón que se quiera. Dicho de otra
manera, tan combatible será la norma
creada o la acción ejecutada a partir de
una consulta, como lo sería el actuar más
arbitrario y menos fundado de cualquier
servidor público. Sin ser lo mismo en sus
orígenes, desarrollos y resultados, las
consultas políticas y las jurídicas terminan confluyendo en el derecho, así sea en
distintos momentos y maneras. O
Colaboró Víctor Antonio Sánchez Sepúlveda.
@JRCossio

*A partir de esta publicación, José Ramón
Cossío Díaz se convierte en colaborador regular de Proceso.

Mentiras y torpezas
sobre el caso
Moreno Valle

T

iene fundamento la especulación sobre el accidente donde habrían perdido la vida la gobernadora
de Puebla, Martha Érika Alonso, y el
senador Rafael Moreno Valle. Hay
piezas de información que de plano
engañan.
Por ejemplo, el martes 5 de febrero la fiscalía responsable de realizar
la investigación hizo público un video,
supuestamente entregado por el señor
José Chedraui. Éste confirmaría que la
pareja visitó la casa del empresario,
desde la cual habría después despegado el helicóptero accidentado.
Al publicar esta información, la fiscalía exhibió impericia: la hora en que
el video registra el arribo del vehículo
de la gobernadora es posterior al momento del desplome de la aeronave en
los campos de Coronango.
El material entregado a la fiscalía por el empresario José Chedraui
proyecta tres tomas, registradas por
cámaras de seguridad. La primera muestra el Boulevard Hermanos
Serdán, la segunda la apertura de un
portón y la tercera, el interior de una
cochera. Las dos últimas imágenes
retratan el ingreso de una camioneta
Chevrolet SUV Tahoe, modelo recien-

te, color arena, en cuyo interior presuntamente viajaban Alonso y Moreno Valle.
El problema de esta pieza de evidencia
son los datos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí indica
que esas imágenes habrían sido levantadas el lunes 24 de diciembre de 2018, entre las 15:03 y las 15:06.
El dilema surge cuando, según la torre de control del aeropuerto de Puebla,
la caída del helicóptero ocurrió entre las
14:35 y las 14:50.
O la pareja Moreno Valle arribó a casa
de José Chedraui a las 15:03, o bien perdió la
vida en el accidente del helicóptero Agusta
Grand 109 sucedido 15 minutos antes.
El profesionalismo de la fiscalía se
pone aquí en duda: ¿no revisó el fiscal la
hora indicada en el video que dio a conocer? ¿No cuestionó el fiscal al empresario
Chedraui sobre la veracidad de esas imágenes? ¿A quién se quiere engañar con
esta contradicción en la línea del tiempo?
¿Qué se esconde detrás de la información
publicitada?
Este tipo de errores son los que llevan
a la especulación, por momentos delirante, de quienes afirman que la pareja Moreno Valle fingió su muerte.
A las preguntas que siguen sin responderse se suman ahora las aportadas

2210 / 10 DE MARZO DE 2019

45

por este video, presuntamente registrado en casa del empresario Chedraui.
Explicarán quizá, tanto el fiscal
como el anfitrión de la pareja Moreno
Valle, que el reloj de las cámaras de seguridad en la casa del Boulevard Hermanos Serdán estaba equivocado, pero
tal información debió entonces haberse dado a conocer junto con el video.
Otra posibilidad sería que la camioneta SUV Tahoe color arena regresó a
casa de José Chedraui minutos después
del accidente. En tal teoría sería fundamental esclarecer por qué lo hizo. Resulta de lo más extraño que el chofer de la
SUV haya partido y luego regresado, 10
minutos después de que el helicóptero
se desplomó.
La tercera hipótesis sería que, en
efecto –como dice el creciente rumor
popular–, dentro del helicóptero no
viajaban los esposos Moreno Valle.
La investigación que ronda la
muerte de personalidades de la política
siempre está sujeta a especulaciones.
Tal cosa es inevitable. La única manera
de atemperar los ánimos y la imaginación paranoica es el profesionalismo
con que se realicen las pesquisas.
Pero este es un caso donde, desde el
principio, ha faltado seriedad. Quienes
la están conduciendo parecieran más
interesados en que la especulación
crezca, en vez de combatir, con evidencia confiable, las teorías del complot y
la conspiración que rondan el caso.
Que el fiscal haya tomado por
buenas las imágenes del video entregado por el empresario José Chedraui, y sin ningún criterio riguroso
las haya dado a conocer a la prensa,
desnudan la falta de oficio con que se
está desempeñando.
Si la nave se cayó alrededor de las
14 horas con 40 minutos y los esposos
Moreno Valle arribaron a casa del señor Chedraui a las 15 horas con 03 minutos, hay algo que apesta.
Cabría también que el empresario
haya mentido porque la camioneta
arribó a su casa después de que la pareja de políticos pereció en el accidente.
En tal caso, ¿por qué Chedraui entregó
un video con información equivocada?
¿Y por qué el fiscal la dio a conocer sin
haberla corroborado? O

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“L

a vida y la muerte están en poder de la lengua. Del uso que de ella hagas
tal será el fruto.”
La sentencia pertenece al libro de los
Proverbios y resume no sólo la importancia
que la palabra tiene en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento; revela también el poder
que posee en el mundo humano. Una buena palabra da vida, anima, hace florecer.
Una mala, disminuye, fractura, destruye.
Háblale amorosamente a un niño, enséñale el sentido de las cosas y tendrás un ser
humano. Maldícelo, insúltalo, miéntele, y
tendrás un ser derruido en su humanidad.
La palabra no es sólo sentido, es, como
dice el proverbio citado, la vida y la muerte
mismas.
Los políticos tienen, junto con los sacerdotes, una mayor responsabilidad en su
uso. En sus palabras descansa la vida y la
muerte de una nación. Sus traiciones, las
malversaciones que han hecho de ellas,
han generado una profunda anomia que se

mide en homicidios, feminicidios, desapariciones, torturas, decapitaciones, impunidad y corrupción.
Andrés Manuel López Obrador, quien
en el imaginario de una buena parte de la
nación parecía que le devolvería el peso a
la palabra, no sólo ha caído en esta misma
enfermedad de la política; está empujando la palabra, mediante descalificaciones
y satanizaciones, hacia territorios más peligrosos. Son muchos los señalamientos
que podría hacer al respecto. Haré sólo
uno que me afecta particularmente porque
vivo en Morelos, quise mucho a Samir Flores
–luché a su lado y al lado de los pueblos contra el Proyecto Integral Morelos– y sé de las
graves consecuencias que traerá la puesta
en marcha de la termoeléctrica de Huesca.
En 2014, Andrés Manuel López Obrador la cuestionó con mucha claridad. “Es
–dijo– como poner un basurero tóxico en
Jerusalén […] México no es territorio de
conquista”.

AN Á L IS I S
Javier Sicilia

AMLO, el peligro del lenguaje
Para Samir Flores, en el dolor y la memoria del corazón

El 10 de febrero de 2019, ya como presidente de la República, no sólo tomó partido
en favor de la termoeléctrica. Descalificó la
protesta y los argumentos de los pueblos
indígenas que cinco años atrás apoyó: “Escuchen, radicales de izquierda, que para
mí no son más que conservadores. Si no se
utiliza la termoeléctrica de la CFE, de una
empresa de la nación, en vez de tener luz
para alumbrar todo Morelos, tendríamos
que seguir comprándole la luz a empresas
extranjeras”.
Días después, el 20 de febrero, a unos
días de que se realizara la consulta –anticonstitucional, ilegal, mal planteada, como
todas las que hasta ahora ha efectuado–,
Samir Flores fue asesinado.
Ciertamente AMLO no lo hizo ni lo
mandó hacer –aún, por desgracia, no sabemos quién cometió el crimen. Pero la
traición a su palabra, la descalificación a
los argumentos de los pueblos, el hecho de
satanizarlos como retardatarios que están
contra el progreso, el gobierno y la dignidad
de México, creó las condiciones y el clima
para ello. Hizo algo peor: En lugar de detener la consulta, la llevó a cabo sobre el cadáver de Samir, la protesta de los pueblos
y el sufrimiento de su familia y de todos
los que lo amábamos. Prefirió esa palabra
amorfa que llama pueblo, a su expresión
concreta; prefirió despreciar, en nombre de

ella, el asesinato de Samir, que condenarlo
perentoriamente, tensar que dialogar, imponer que consensuar.
El presidente utiliza todos los días de
manera irresponsable la palabra. En el caso
de la termoeléctrica, no sólo la traicionó
y abrió el camino a un crimen; desvirtuó
también las palabras “radicalidad” –ir a las
raíces, que es lo que hacen los pueblos al
tratar de evitar el desastre que la termoeléctrica generará, cargándola con el contenido que se refiere a “extremismo”–, y la
palabra conservador –el que preserva algo,
como lo hacen los pueblos– cargándola del
sentido de “retardatario” –el que se opone
al progreso–, utilizado por los liberales del
siglo XIX.
Esta irresponsabilidad en el lenguaje lo
ha llevado también, como a muchos, a confundir el neoliberalismo con las empresas
privadas y no con la idea de progreso. Para
AMLO, si el progreso viene del gobierno es
bueno; si viene de las empresas privadas
es neoliberal y malo.
Olvida, en sus perversiones lingüísticas, que el progreso, llevado por el Estado
o por la iniciativa privada, es la base del
capitalismo y una de las peores formas
del colonialismo que, en nombre del poder
y el dinero –hay que recordar tanto a Estados Unidos como a la URSS–, destruye
el medio ambiente y con ello grandes por-

ciones de vidas y economías pueblerinas,
en este caso de los pueblos de Morelos.
Ellos no están contra el desarrollo, siempre y cuando esté en consonancia con su
ser y sus economías. Están contra la irracionalidad del colonialismo, sea del Estado o de la iniciativa privada. Están contra
la base del neoliberalismo que AMLO disfraza de populismo.
“En nuestro tiempo –escribió Georges
Steiner– el lenguaje de la política se ha contaminado de oscuridad y de locura. Ninguna mentira es tan burda que no pueda
expresarse tercamente, ninguna crueldad
tan abyecta que no encuentre la disculpa
en la charlatanería del historicismo.”
A AMLO le hace falta volver a leer la
Biblia. Pero esta vez atendiendo su parte
medular, que es el peso concreto de la palabra que crea, que puede, si se pervierte,
destruir, y que en su sentido más profundo
se encarna para unir, preservar y honrar la
vida. Le hace falta también aprender su reverso: el silencio, sin el cual la palabra es
sólo ruido, contradicción, anomia y muerte.
Además opino que hay que respetar los
Acuerdos de San Andrés, detener la guerra,
liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las
víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar
el INE. O
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Ernesto Villanueva

“Proyecto Puente” en la mira

E

jercer el periodismo crítico es
una actividad de riesgo en el amplio
sentido de la expresión. Quienes lo
ejercen (lo ejercemos) suelen ser víctimas de campañas de estigmatización,
de posverdades (mentiras mezcladas
con datos ciertos) y, en casos extremos, de amenazas cumplidas o no
contra su integridad personal. Son los
gajes del oficio y el costo que hay que
pagar para decir “no” cuando se debe
decir “no”.
El primer valor de quien ejerce profesionalmente la libertad de expresión
es su patrimonio moral. Una suerte de
espejo de ese concepto es lo que se
conoce como credibilidad o confiabilidad en el público objetivo; es decir, que
éste percibe como atendible o cierto lo
que el comunicador afirma o sostiene.
De entrada, siempre hay un conflicto
entre quien formula la crítica y quien
es objeto de análisis sin concesiones.
En esta ocasión Proyecto Puente,
que dirige el periodista Luis Alberto
Medina en Sonora, es víctima de una
campaña progubernamental para minar su prestigio, restarle credibilidad
y, con ello, generar disuasivos al momento de poner en práctica un periodismo independiente, comprometido
sólo con los datos y abocado a temas
de interés público.
De ello da cuenta el propio medio, que afirma ser “objeto de amenazas, campañas negras en redes
sociales y acoso judicial por parte del
gobierno de Sonora”. Bajo una presunta denuncia “ciudadana” anónima
que, además, no ha sido ratificada,
se desató una rapidísima actuación
de la Fiscalía del Estado, que después adujo que había sido presentada por Morena. Sin embargo, la
dirigencia de ese partido desmintió
la afirmación gubernamental. (https://

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proyectopuente.com.mx/2019/03/07/
amenaza-gobierno-de-sonora-a-luis-alberto-medina-cita-fiscalia-anticorrupcion-alperiodista-por-denuncia-anonima/)
Estoy convencido, por supuesto, de
que la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites o fronteras claramente establecidas en la Constitución,
las leyes y la deontología informativa.
Conviene recordar que a mayor exposición pública por ocupar una función
pública o realizar actividades de trascendencia social hay un umbral menor
en la esfera de los derechos a la vida
privada, al honor y a la propia imagen.
Ello, sobra decirlo, no significa de ningún modo que un servidor público, un
artista o un deportista famoso deban
soportar una invasión sistemática a sus
derechos de la personalidad. En la ley y
en la jurisprudencia se admite una intromisión en esos derechos siempre y
cuando haya una razón de interés público que la justifique y que debe ponderarse de forma casuística.
Proyecto Puente y su director han podido respetar esa división entre lo público y lo privado. Esta iniciativa mediática
tiene el mérito de haber sido el primer
medio sonorense en hacer periodismo
televisivo por internet. En una sociedad mínimamente democrática Luis
Alberto Medina sería reconocido como
un contrapeso informativo al ejercicio
del poder. En Sonora, en cambio, con un
gobierno que reproduce las formas más
deplorables del quehacer político, es un
enemigo personal. Ahí, como en gran
parte del país, la crítica es vista como
una afrenta directa por quienes, en general, son objeto de escrutinio público
en razón de su quehacer profesional.
El camino más fácil para aniquilar la
libre deliberación pública es mirar para
otro lado cuando quienes tienen el valor
de hablar con la verdad, sobre todo en

el interior del país, son blanco de campañas, de desprestigio en el mejor de
los casos. Por el contrario, seguro estoy
de que en la medida en que se alce la
voz frente a estas agresiones no sólo se
estarán protegiendo y reivindicando espacios como Proyecto Puente y su director, sino que se ampliará el derecho de
la sociedad a estar informada desde el
mayor número de perspectivas y criterios, de suerte tal que al final del día la
ciudadanía pueda formarse una opinión
razonada sobre los más distintos temas
de la agenda pública.
La precarización y la debilidad orgánica de la ética informativa han propiciado que haya medios y periodistas
que, gozosos, se han convertido en un
vehículo para cercar al verdadero periodismo independiente e impedir que florezca. Vaya paradoja. Y en buena medida
esto sucede porque los recursos públicos se usan para fines privados, como
hoy pasa en Sonora.
Estoy convencido de que la presente
administración federal debe distinguir
la paja del trigo al momento de asignar
pautas publicitarias. Bienvenida la independencia de la línea editorial, pero
no hay que confundir ese valor democrático de pluralidad y diversidad, que
enriquece la vida democrática, con el
sesgo periodístico como consigna para
desinformar con una alergia congénita a
observar el mandato de la Constitución
y la ley.
Ante ese cerco contra Proyecto Puente, Jesús Ramírez y Jesús Cantú deberían
tomar cartas en el ámbito de sus atribuciones, pues nunca más debe volver a
alimentarse la perversa relación entre
medios y el Estado mexicano característica de los anteriores regímenes políticos. O
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

AN Á L IS I S
Olga Pellicer

100 días de política exterior

A

MLO ha cambiado sustancialmente la manera de conducir el país. Es pronto para juzgar sobre los resultados que se
lograrán en los asuntos prioritarios de su
gobierno: pacificación, combate a la corrupción, disminución de la desigualdad
y la pobreza. Se requieren bastante más
de 100 días para opinar sobre el particular. Sin embargo, en el campo de la política exterior hay acciones u omisiones
cuyos resultados ya están a la vista. Es un
ámbito donde el presidente no coloca la
agenda. Ésta la imponen circunstancias
que se encuentran más allá de nuestras
fronteras.
Es ampliamente conocido que a López
Obrador no le interesa la política exterior.
Las metas sobre las que tiene claridad y
persigue con pasión se refieren a cuestiones internas. Pero la realidad se impone. Lo que acontece en el mundo afecta
a México y a la percepción de su gobierno. Tratándose de un país con la posición
geopolítica de México, lo que proviene de
Estados Unidos no se puede dejar a un
lado sin tener consecuencias. De allí que
antes de tomar posesión, a pocas horas
de su arrollador triunfo electoral, ya tenía
una conversación telefónica con Donald
Trump y, a las pocas semanas, una visita
de alto nivel del canciller Mike Pompeo.
Se intercambiaron cartas y se fijó entonces una primera agenda.
¿Qué ha ocurrido con ella? El tema
central de sus primeros intercambios con

Trump se refería a una manera distinta de
acercarse al problema de las migraciones
centroamericanas. AMLO ponía sobre la
mesa una propuesta de colaboración internacional para contribuir al desarrollo
de Centroamérica. El 70% del financiaminto que se lograra iría para alentar el
crecimiento económico y el empleo, 30%
para atender problemas de seguridad
fronteriza.
Los resultados han sido desalentadores. No se ha materializado la contribución financiera de Estados Unidos y todo
hace pensar que no ocurrirá, y lo poco
que llegue será en términos muy distintos
a los que se tenían en mente. En contrapartida, el problema de las migraciones
centroamericanas que atraviesan el territorio mexicano con la esperanza de llegar
a Estados Unidos ha crecido exponencialmente desde finales del año pasado. La
manera de enfrentarlo está resultando
muy onerosa para México.
En la primera página de la versión digital de The New York Times apareció el 1
de marzo un titular según el cual el mejor aliado para la política migratoria de
Trump es el gobiertno mexicano. Venía
después un recuento de la colaboración
mexicana al bloquear el paso hacia los
puentes fronterizos de migrantes centroamericanos y recibiendo en ciudades
fronterizas, como Tijuana, a quienes esperan respuesta a su solicitud de asilo,
entre los que se encuentran mujeres y ni-

ños. Asimismo, el diario reseña la opinión
de fuentes no autorizadas para quienes
el principal objetivo de las autoridades
mexicanas es “evitar una pelea pública
con Trump”.
Son diversas las lecturas que se pueden hacer de ese reportaje. Una de ellas
es que promueve la percepción de un gobierno que otorga sin obtener algo a cambio, que guarda silencio cuando debería
tomar posición. Queda por definir lo que
puede ser “tomar posición”. No se trata de
confrontar; comprensible que no se haga.
Pero articular un discurso más allá de la
conferencia mañanera para sentar las
líneas del entendimiento que deseamos
con Estados Unidos contribuiría a ofrecer a la opinión pública nacional e internacional una imagen más positiva de un
gobierno que, hasta ahora, no despierta
entusiasmo en el ámbito internacional.
Las percepciones en el exterior del actual gobierno no son favorables. En ello ha
desempeñado un papel negativo la posición ante los problemas de Venezuela. La
impresión generalizada es que México se
encuentra aislado. Por lo pronto es cierto, pero no devastador. Dado el cariz que
toman los acontecimientos en ese país,
habrá momentos en los que una voz de
mayor neutralidad, como la de México,
puede ser de enorme utilidad. Sumarse
a la avalancha de apoyos a Guaidó cierra
la puerta a un papel más constructivo en la
ineludible negociación para definir los
2210 / 10 DE MARZO DE 2019

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tiempos y cómos del acuerdo con el ejército y la salida de Maduro. Hace falta, sin
embargo, una explicación más cuidadosa
por parte de la cancillería del porqué del
camino que ha seguido. Es evidente que la
invocación del principio de no intervención está agotada como manera de justificar una política.
En los últimos días, el tema de la calificación de la deuda soberana y la deuda de
Pemex han producido múltiples reacciones entre inversionistas y comentaristas
de cuestiones internacionales respecto al
comportamiento futuro de la economía
mexicana. No se trata estrictamente de
un problema de política exterior, pero sí
de un problema que obliga a tomar conciencia del grado en que México es vulnerable a informes y declaraciones que
provienen del exterior. Ello conduce a la
pregunta de en quién recae la responsabilidad de estar atento a tales delaraciones
y de orquestar reacciones dirigidas puntualmente a contener el daño.
Desde hace tiempo vengo hablando
de la necesidad de un gabinete de política
exterior que permita coordinar a las numerosas agencias del Ejecutivo que participan de las relaciones con el exterior. Tal
necesidad se sigue haciendo patente. A
los señalamientos anteriores cabe añadir,
por ejemplo, que hace pocos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estuvo en Washington para sostener
conversaciones con la secretaria de la
Oficina de Seguridad Interna. Sería conveniente conocer los temas y acuerdos que
surgieron de esas pláticas y hasta dónde
conciernen a otras secretarías, como la de
Relaciones Exteriores, Seguridad, Defensa
o Marina.
A 100 días del nuevo gobierno, la coordinación interna para el diálogo con el exterior, las reacciones que conviene tomar
y la formulación de estrategias para el
posicionamiento de México ante situaciones que exigen respuesta siguen siendo
una asignatura pendiente. Es necesario
que se cumpla. El respeto y la confianza
hacia México están de por medio. O

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T

odo el que gobierna comunica
y todo el que comunica gobierna. Esta
máxima fue entendida desde la creación del Estado moderno en el siglo XV.
Lo que se notificaba inicialmente eran
sólo tres asuntos: los impuestos, la leva
del Ejército y la obligación de poner por
escrito el derecho consuetudinario de
los pueblos. Pero el Estado se afianza
como idea cuando empieza a hablar de
“utilidad pública”, unas décadas después. Ahí es cuando deja de ser sólo
una estructura que demanda de su población y empieza a jugar a la creación
de un imaginario en el que reparte la
crueldad y equilibra las injusticias.
En México ese Estado es ultramarino durante tres siglos y, después, a la
independencia, ya no se muere por los
dioses o Cristo, sino por la patria. El águila devorando la serpiente deja de ser el
mito que fundó una ciudad lacustre para
ser lo que representa a una entidad abstracta. Del Estado absolutista al liberal y
al democrático, el poder cambia con el
medio que usa para hacerse imagen: del
emblema impersonal al retrato, al anuncio televisado y, ahora, a la conferencia
por internet.
Uno de los cambios que ha realizado
el presidente en estos 100 días es el de
la imagen del poder: desaparecen los retratos que cada oficina burocrática tenía
de su persona faraónica; los escritores de
discursos y la idea de la propaganda
de lemas, colores, diseños del marketing;
el águila “mocha” o el “Mover a México”.
Ahora ya no existe el presidente inalcanzable ni el que se oculta en una palabrería legaloide de donde Cantinflas extrajo
su personaje de barandilla. Ahora existe

una imagen del poder que explica todas
las mañanas sus intenciones, sus cálculos,
sus aspiraciones. Quien se refiere a ello
como una “misa” no entiende la transformación: ya hubo grey acarreada –la que
nunca chifla– con los Presidentes Todopoderosos; ya hubo grey abismada por no entender los términos legales o las fórmulas
de la econometría. Ahora hay una audiencia. El presidente educa, seduce, dialoga.
El Estado recupera para sí la capacidad
simbólica de comunicar. A tal grado, que
los medios de comunicación dependen de
ello para informar, cuestionar y creer que
la conferencia de prensa es la fuente inagotable de todo dato.
Nadie ha visto nunca al Estado. No es
algo que pueda verse en el rostro del presidente ni en un papel membretado del
gobierno. Es una relación entre los hombres y las mujeres por el cual el derecho
a mandar es independiente de la persona que manda. El Estado es un principio
de obediencia despersonalizado y por eso
es un arreglo institucional. El Estado es la
estructura del poder. Su forma es tan sólo
el gobierno. El Estado requiere, por tanto,
legitimidad y continuidad. Lo que ha hecho la Cuarta Transformación en 100 días
es separar el poder del Estado de otros poderes: los arreglos de adjudicación directa
para hacer crecer artificialmente a las corporaciones; los arreglos con las organizaciones de asistencia privada; los arreglos
con las empresas ilegales, como las que
roban hidrocarburos; los arreglos con las
calificadoras; los arreglos con los medios
de comunicación. En 100 días se ha instruido sobre los límites del poder del Estado separándolo de lo privado, de lo ilegal,
de lo concupiscente. Sólo el espectáculo


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